El decreto presidencial 728/2022, que se conoció el viernes con un paquete de medidas para la llamada economía popular, comenzó a cocinarse en la Casa Rosada hace exactamente un mes. El 5 de octubre pasado, en su despacho, Alberto Fernández recibió junto a Sergio Massa a los principales dirigentes sociales del oficialismo: Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC), y Daniel “Chucky” Menéndez, de Somos-Barrios de Pie. También estuvo Gildo Onorato, del Evita y secretario gremial de la UTEP.
Fue una reunión entre aliados en el Frente de Todos, pero con tensión política: los referentes le reclamaron al Presidente y al ministro de Economía la formalización del demorado Consejo de la Economía Popular, la participación de las cooperativas de trabajo en obras públicas de baja intensidad, un monotributo productivo, créditos blandos y el aumento de fondos para herramientas y maquinaria. También se abordó el tema del bono de $45.000 para la indigencia –que la semana próxima comenzaría a pagarse–, aunque no era de la agenda del grupo, y no se invitó al cónclave a su principal promotor: Juan Grabois, líder del MTE y cercano a Cristina Kirchner, con fuertes diferencias tácticas y estratégicas con Pérsico.
Luego de aquella cumbre en la Rosada, hubo otros encuentros privados con el ministro de Economía –con quien hay un pacto de palabra hacia 2023, según supo elDiarioAR–, así como con el sector de la CGT de Héctor Daer y Gerardo Martínez –otros aliados estratégicos para aunar reclamos– y Victoria Tolosa Paz, que estaba aterrizando en Desarrollo Social tras la intempestiva salida de Juan Zabaleta. El ahora intendente de Hurlingham venía hacía tiempo escuchando las exigencias de Pérsico, pero no podía dar el brazo a torcer por conveniencia propia: su terruño estaba gobernado por La Cámpora, la otra “orga” de peso en el ministerio.
Finalmente, el decreto oficial 728/2022 fue casi un calco de los reclamos de la UTEP, que abrochó para sus agrupaciones, durante el año electoral, la prioridad en la asignación de obras públicas de hasta 300 millones de pesos. El Evita –socio mayoritario– cristaliza así su creciente poder de influencia política, con ramificaciones que son palpables en Desarrollo Social y el manejo de planes, así como su hambre de poder: busca controlar distritos claves en el conurbano.
Los mostradores del Evita
Cuando la cúpula del Evita se reunió esta semana puertas adentro –generalmente se encuentran todos los martes– la posibilidad de que el Presidente firmara un decreto fue tema de conversación. Lo olfateaban, pero no tenían la confirmación concreta, juró una voz al tanto de la dinámica interna. “En algún punto sí era lo que pedíamos, pero finalmente fue a lo Alberto: caja de Pandora”, remarcó el vocero. La demora de al menos un mes desde aquella cumbre en la Rosada demuestra también el grado de procrastinación presidencial.
La organización tiene varias espadas políticas, con un pie en el territorio y otro en la función pública. Pérsico es formalmente secretario de Economía Social, a cargo del Potenciar Trabajo. Un opositor lo calificó de “ministro de hecho”, por el sinfín de despachos que tiene el Evita en Desarrollo Social. Un dato revela el poder de su firma: el programa de planes tiene para 2023 un presupuesto de $ 590.981 millones, casi la mitad de lo dispuesto para toda la cartera, y equivalente al otro gran programa ministerial: la Tarjeta Alimentar, que maneja la camporista Laura Alonso. Ahí está parte de la fricción Evita-La Cámpora.
Además de Pérsico, entre sus filas se destacan Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario; Leo Grosso, diputado nacional, y Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Juan Manuel Abal Medina acaba de sumarse a la jefatura de Gabinete nacional como asesor ad honorem.
Con el decreto, el Evita se aseguró una mesa fija de alto nivel donde tener voz y voto para negociar políticas y recursos: el Consejo de la Economía Popular. Ahí se van a sentar periódicamente representantes de las carteras de Economía, Trabajo y Desarrollo Social con “las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica”, según reza la letra chica. En los hechos, pudo saber elDiarioAR, será la UTEP; en concreto, la organización de Pérsico, Somos-Barrios de Pie y la CCC, y no otras agrupaciones. El primer anotado para integrar dicho consejo es Esteban “Gringo” Castro, el secretario general del gremio, a su vez pareja de la intendenta Fernández.
El apéndice más importante de esa mesa será coordinar el manejo de la obra pública de baja intensidad, el título que ganó todos los portales el viernes. “La obra pública se va a controlar como se hace siempre en los contratos públicos”, aclaró un importante dirigente evitero, intentando despejar las críticas, y se quejó: “Tanto en la opinión pública como en la política hay un interés particular en controlar a los pobres”. Fuentes del ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, precisaron a elDiarioAR que las obras de hasta 300 millones de pesos generalmente abarcan trabajos menores como bacheo, cordón cuneta o terminación de viviendas, que son licitados por las provincias y los municipios, y no a nivel nacional.
Lo que haría el decreto, entonces, es dar un marco general para que esas jurisdicciones firmen contratos con las cooperativas de trabajo, que a su vez forman parte de los movimientos sociales. Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales, como no. La economía popular abarca a 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. A su vez, de los 1,3 millones de personas que tienen el Potenciar Trabajo, se estima que el Evita agrupa el diez por ciento. Tiene músculo propio para batallar licitaciones, sobre todo en un año marcado por lo electoral.
La pelea por municipios
Será clave ver qué municipios y provincias entregan a las cooperativas sus obras públicas, a sabiendas de la rivalidad política que puede significar tener a las organizaciones de la UTEP desplegadas con recursos en sus territorios. El distrito más codiciado por el Evita es La Matanza, bastión de Fernando Espinoza, donde ya se lanzó la diputada bonaerense Patricia “Colo” Cubría –a su vez, pareja de Pérsico–.
Grosso también se anotó para jugar por su cuenta en San Martín, el distrito que maneja Katopodis a través de Fernando Moreira. El dirigente cultiva un perfil propio en el universo evitero: está impulsando la ley de Humedales en Diputados. También es amigo de Máximo Kirchner y habla con Grabois.
El Moreno de Mariel Fernández sería un distrito a sostener. La intendenta esta semana pidió por CFK 2023, pese a que la vice este viernes cuestionó a los movimientos sociales que “la dejaron sola” durante el gobierno de Mauricio Macri.
En Tres de Febrero, donde gobierna el macrista Diego Valenzuela, quiere hacer pie la concejala Lis Díaz –funcionaria, curiosamente, también en Moreno–. La disputa interna es descarada, tanto con el camporista Juan Debandi como con el propio aliado “Chucky” Menéndez. “Se tapan los carteles”, confió una fuente. Con La Cámpora hay otra rivalidad en Lanús, intendencia amarilla de Néstor Grindetti: allí el evitero Agustín Balladares ya perdió la interna 2021 con el ex funcionario cristinista Julián Domínguez.
Además hay peleas en otros puntos del conurbano, como Tigre y Vicente López, Ituzaingó, Berazategui, Marcos Paz y Presidente Perón. En el interior bonaerense, tienen referentes para disputar en Lobos, Chivilcoy, Suipacha, Navarro, San Nicolás, Rojas, Tandil y La Costa.
“Que haya una lectura electoral es equivocada porque el decreto y las medidas para la economía popular se enmarcan más en una disputa sectorial. Acá discutimos la forma de producir y de dignificar el trabajo”, dijo un dirigente de confianza de Pérsico. En el Evita hacen la cuenta de que en los últimos años el Gobierno aumentó de 5 a 13 puntos del PBI en inversión social, principalmente a partir de subsidios, y la pobreza nunca paró de crecer.
La diferencia estratégica explica la pulseada con Grabois o los piqueteros de izquierda. “El decreto es a medida de Pérsico y para reforzar su tropa para la interna del FdT”, denunció un dirigente de la opositora Unidad Piquetera. El punto que más critican las organizaciones como el Polo Obrero, Libres del Sur o el MST Teresa es que la decisión presidencial prohíbe que haya más planes sociales.
“Me parece una pelotudez el decreto”, soltó sin medias tintas un dirigente del círculo de Grabois. “Creer que los problemas se solucionan con un decreto que prohíbe las altas de planes demuestra la ingenuidad de este Gobierno. Tiene que haber una política de transferencia de ingresos universal y, al mismo tiempo, una política que incentive el trabajo”, completó.
En el MTE hay bronca porque los requisitos para el bono a la indigencia –que públicamente rechazó Pérsico– son muy estrictos y si no los flexibilizan amenazan con marchar en los próximos días. También planean hacerle un primer piquete a Tolosa Paz las agrupaciones opositoras, ante la demora de entrega de alimentos para comedores y merenderos, y de herramientas para proyectos productivos.
En una cartera loteada, de alguna manera la ministra es quien funciona de pararrayos. Pérsico se ahorra asumir el costo político de estar en el mostrador principal. Y si bien no domina por completo la agitada agenda social, el Evita tiene cada vez más influencia política.
MC