A ciegas, sin comunicación y sin contacto. Así fueron trasladadas de Bariloche a Buenos Aires cuatro mujeres mapuches luego de haber sido detenidas tras el operativo del lunes en su comunidad en Villa Mascardi. Ni siquiera su abogada podía dar información porque la jueza federal subrogante Silvina Domínguez mantuvo el secreto de sumario que había implementado desde el minuto cero del procedimiento del Comandu Unificado de fuerzas federales, que, según voceros de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y de la Lof Lafken Winkul Mapu, todavía seguía buscando a varones mapuches montaña arriba. A instancias de la abogada Laura Taffetani, de La Gremial, y de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, la magistrada accedió a permitir que las dos detenidas que están amamantando a sus bebés permanecieran en Bariloche. Al mismo tiempo, Romina Rosas fue internada en el hospital regional Ramón Carrillo para dar a luz y los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) impidieron que ingresara la partera que la venía acompañando durante el embarazo.
Ni siquiera una vez que pisaron suelo porteño estuvieron claras las razones del traslado, que de por sí es una medida sumamente dura para personas privadas de su libertad. La orden del juzgado menciona “incendio, usurpación y atentado contra la autoridad”, y aduce la necesidad de trasladar a las detenidas a instalaciones penitenciarias federales sin dar ninguna razón al respecto. Por eso los integrantes de los organismos de derechos humanos que las están asistiendo especulaban con la posibilidad de que pretendan aplicar la ley Antiterrorista, sancionada en diciembre de 2011, tal como solicitó Patricia Bullrich la semana pasada ante la justicia. Lo hizo en el marco de una causa abierta contra la expresidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda; y quien fuera su segundo, Luis Pilquimán, por los presuntos delitos de traición a la Nación Argentina y asociación ìlícita, y en su escrito pidió que más de cien causas contra los pueblos originarios de la Patagonia sean unificadas en un solo caso bajo la imputación de “terroristas”.
Pocas horas antes del operativo que resultó en desalojo de la comunidad, la presidenta del PRO encabezó una marcha “en defensa de Villa Mascardi”, donde se vieron banderas argentinas y carteles que decían “Roca, volvé a terminar el trabajo”. Según ella, el prófugo Facundo Jones Huala estaría en la zona como así también miembros de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) chilena. Para Taffetani, abogada de la comunidad de Villa Mascardi, “el incendio de la casilla de Gendarmería fue la excusa para lograr el tan anhelado desalojo de la comunidad que vienen intentando desde 2017”.
Ayer, mientras los abogados de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y Débora Vera presentaban un pedido de “reposición y revocatoria con apelación en subsidio para que las mujeres que vivían en la Patagonia y que fueron detenidas en la Patagonia por una jueza de la Patagonia sean devueltas a su lugar de origen y no estén cumpliendo un alojamiento temporario en la provincia de Buenos Aires”, representantes de las comunidades mapuches de esa región exigieron la liberación de las presas e instaron al gobierno nacional al diálogo.
Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, también en representación de las detenidas, plantearon ante la jueza Dominguez que “trasladarlas a más de 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar habitual de residencia (…) les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad”. A su criterio, “es tan equivocada la resolución impugnada que carece de perspectiva de género”. Advirtieron a la jueza que “deben agotarse las posibilidades de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado o resolver su situación procesal, incluso el hospital local, con la debida custodia, sería un lugar más adecuado y cercano con sus familias, sus tradiciones y sus abogados defensores”. Palavecino y Reile afirmaron que “el nuevo protocolo del Servicio Penitenciario Federal indica que no se podrá ordenar el traslado de personas privadas de libertad embarazadas o aquellas a las que se haya autorizado a permanecer junto a sus hijas o hijos en el establecimiento penitenciario”.
El lunes cuando esperaban ser llevadas, mientras estaban sobre la ruta 40, las mujeres enviaron mensajes sobre la preocupación de que no fueran separadas de sus hijos. Apenas llegaron a la sede de la PSA comenzaron una huelga de hambre para exigir ser liberadas, lo cual no habría caído muy bien en el juzgado. Extrema dureza impuso al agregar al secreto de sumario la incomunicación de las presas. Así comenzaron a multiplicarse en todas las provincias patagónicas las expresiones de solidaridad de otras comunidades indígenas en territorios recuperados, al mismo tiempo que instaban al movimiento de mujeres feministas a pronunciarse. Incluso hubo un grupo que protestó en el Aeropuerto, donde está la dependencia de la PSA que las aloja.
“Necesitamos que hablen de esto, la Machi Betiana es autoridad espiritual”, dijeron al tiempo que hicieron sonar sus instrumentos tradicionales. Dominga no quiere dar su apellido. Tiene miedo. Pero se hizo filmar para denunciar que no la dejaban acompañar a Rojas, que había estado con ella durante la gestación. “Están vulnerando nuestro derecho a parir, llamo a todas las mujeres conscientes, a las que son madres y a las que no también, es injusto e inhumano lo que están haciendo, como mapuches tenemos nuestra cosmovisión y nuestra forma de parir, nos despojan de nuestro territorio con prácticas de la dictadura, salgan a las calles porque no se están escuchando nuestras voces”, dice en el video que empieza y termina en mapudungun, la lengua mapuche.
En una de las aulas de la Universidad del Comahue, en una conferencia de prensa, Carriqueo dijo que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se había comunicado con el presidente Alberto Fernández para pedirle que priorice el diálogo. “Le pedimos al gobierno que recapacite porque está produciendo una cruel tortura”, expresó. “Le están cumpliendo el sueño a Bullrich, ni Macri le cumplió el sueño del Comando Unificado, se lo dió este gobierno. Se llevaron niños detenidos. Acabo de verlos, separados de sus madres que están presas en Buenos Aires. Le pido a la gente mapuche de Bariloche, tenemos que manifestarnos y repudiar esto, que es un aleccionamiento también para los que se oponen al extractivismo. No nos interesa la madera ni el turismo sino ser mapuches, practicar nuestra espiritualidad. Por Rafael Nahuel, por Elías Garay y también por Santiago Maldonado, no nos van a detener”, agregó.
A su turno tomó el micrófono Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Quemquemtrew donde fue asesinado el joven Garay. “Estoy acá por pedido de la machi (sanadora) Betiana, que está encerrada junto a su bebé de tres meses, estamos en una situación de extremo y dramático conflicto, y me cuesta hablar en esta ciudad donde los integrantes racistas de Consenso Bariloche se disfrazan de Ku Klux Klan”, dijo. “Estamos hablando de siete hectáreas de la comunidad contra 900 mil de Benetton y 14 mil de Lewis, esos son los vecinos de la Lof de Mascardi”, agregó.
“Se llevaron arrastradas y humilladas a nuestras autoridades espirituales, falta que las pongan en servidumbre como en la Conquista del Desierto, como dijeron en la ruta Roca volvé Roca. Son siete madres, una de ellas va a parir un niño presa. ¿Dónde están las colectivas de mujeres?”, se preguntó Maicoño, quien supo también ser vocera de la Pu Lof Cushamen cuando desapareció Maldonado. “El único delito es ser mapuche, nuestra Machi es importante, hacía muchísimos años que no nacía alguien con ese rol, los huincas (invasores blancos) saben lo importante que es, por eso la encerraron, nos quieren debilitar. Nosotros no vamos a las iglesias, ellos sí se meten en nuestros rewe (altares)”. La última en hablar fue Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, lonko de Cushamen. “Tenemos cuatro mujeres secuestradas por el Estado argentino, dos de ellas ni siquiera vivían en Mascardi. ¿Qué nos van a preguntar los periodistas racistas que son parte de Consenso Bariloche? ¿Van a poner en duda lo que somos? Parque Nacionales se creó para repartir tierra entre los amigos de las élites terratenientes”, concluyó.
Al cierre de esta edición, las detenidas estaban en la alcaidía 28 de Tribunales a la espera de ser trasladadas a la cárcel de mujeres de Ezeiza. La madre de una de las detenidas acudió a la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y habló junto a Nora Cortiñas.
La APDH Regional Bariloche, con la firma del abogado Palavecino, Felisa Curamil y Dora Riestra, expresó que “se ha elegido la vía de la criminalización del conflicto como viene solicitando la derecha neofascista de nuestro País, encabezada por Patricia Bullrich. El procedimiento nos hizo recordar al que culminara con el asesinato de Rafael Nahuel, aún impune, con el agravante de que se impidió hoy a la APDH, al Obispo y a la prensa poder supervisar o participar de dicho procedimiento”. El organismo destacó que impulsó un habeas corpus preventivo junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos “para poder proteger a los niños que aún se encuentran en el territorio, así como la excarcelación de las mujeres detenidas”. Y agregaron que “la llegada de pertrechos militares por tierra y aire anunciaba este acto represivo impulsado por Consenso Bariloche y la derecha neofascista, que fue imposible detener, pese a nuestra insistencia a nivel nacional”. Para ellos el trasfondo de la situación indica que “ha primado la ideología genocida de la conquista del Desierto por sobre el respeto de los derechos ancestrales de los pueblos originarios garantizados por los tratados internacionales y la reforma Constitucional de 1994. No en vano se ignora la propiedad comunitaria, la aplicación de la ley 26160 o la consulta previa informada en las explotaciones extractivistas en sus territorio”.
En tanto, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que la jueza no tiene la mínima empatía humana, ni de género. Durante la jornada se fueron sumando repudios al accionar de la jueza y de las fuerzas de seguridad. El Centro Legal de Estudios Sociales y Legales (CELS) expresó que el “traslado no está previsto en ningún código, está fuera de toda regla y es una mortificación adicional”. Diego Morales destacó que “estas mujeres no conocen sus cargos, no tuvieron declaración indagatoria, no pueden defenderse, no han tenido contacto con sus abogados. Es una medida extremadamente violenta y deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial”. Por su parte Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS exigieron ayer la apertura de una mesa de diálogo para encontrar una salida pacífica a la situación y pidieron detener el “recrudecimiento de las políticas represivas”.
AM