La pugna por la Corte Suprema

Después del decreto de Milei, el peronismo amenaza con voltear a Lijo y García-Mansilla en el Senado

Javier Milei amenazó y, finalmente, cumplió. En un revival de los inicios del gobierno macrista, el Presidente decidió designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. La fantasía de poder eludir al Senado y designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sin tener que pasar el filtro del Congreso es, sin embargo, eso: una fantasía. El peronismo ya advierte que no se lo dejará pasar y amenaza con llevarle los pliegos al recinto y rechazárselos. Sin acuerdo, insisten, no habrá jueces nuevos en el máximo tribunal. La danza de negociaciones recién empieza.

Es el propio Ejecutivo el que dejó abierta esta puerta al no retirar los pliegos del Senado. Sus aliados, incluso, se lo habían advertido la semana pasada, luego de que fracasaran las negociaciones para convocar una sesión el viernes pasado para tratar los pliegos de Lijo y García-Mansilla: si no iba a convocar la sesión porque no tenía el número, más le valía retirar el pliego. Porque si no cualquiera podría forzar su tratamiento y rechazarlo.

El Gobierno, sin embargo, no solo decidió no retirarlos. Sino que en el comunicado en el que anunció la designación por decreto advirtió: “Durante el mencionado plazo (hasta fin de 2025), esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste correspondientes acuerdos al Senado a los pliegos”. Es decir, contra todas las recomendaciones, el Ejecutivo insistía en sostener los pliegos. ¿Por qué? Porque la negociación continúa, con o sin designación por decreto.

La pelota, ahora, está en la cancha de Unión por la Patria. Los senadores comparan, por lo bajo, a Milei con Jorge Rafael Videla. “Solo la dictadura nombró jueces por decreto. Macri lo entendió. Dijo que lo iba a hacer pero después se sentó a negociar con los gobernadores”, recuerda un peso pesado del peronismo que participó de la mesa de negociaciones con el PRO que, allá por 2016, terminó acordando con un sector del Frente para la Victoria para aprobar el pliego de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Mauricio Macri, apuntan, comprendrió que no podía avanzar por decreto. Milei, en cambio, es una incógnita.

En el peronismo predomina la cautela. Primero esperarán a ver cómo responden el resto de los integrantes de la Corte Suprema. Si Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se resisten a tomar juramento a los recién llegados y deciden que su designación tiene que pasar por el Senado, la negociación continúa. El peronismo, en ese caso, tendrá mayor poder de negociación y exigirá abrir una mesa de diálogo más amplia, que involucre no solo las dos vacancias, sino también a la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte: el reclamo original de Cristina Fernández de Kirchner, que se esperanza con poder poner a una o dos juristas de su riñón ideológico.

Para el kirchnerismo, el gobierno de Milei se presenta como una oportunidad única para hacer lo que no se pudo ni durante la gestión de Macri ni la de Alberto Fernández: modificar el equilibrio de poder de una Corte Suprema que, hasta ahora, ha sido hostil con la expresidenta. La oportunidad es demasiado atractiva para dejarla pasar. Mucho más si se tiene en cuenta de que el futuro de la causa Vialidad, que ya tiene doble condena y podría inhabilitar a CFK de ocupar cargos públicos, está en manos del máximo tribunal.

Si Rosatti, en cambio, decide tomarle juramento a Lijo y García-Mansilla, UxP está decidido a tomar cartas en el asunto. El presidente del bloque en el Senado, José Mayans, ya lo advirtió en público: “A la persona que acepte ser nombrada por decreto vamos a destituirla en la primera sesión. Esto es una democracia. No es una dictadura”, afirmó el formoseño allá por noviembre, apenas Guillermo Francos confirmó el interés del Gobierno en designar a Lijo García-Mansilla por decreto si las negociaciones fallaban. 

Tres meses después, con el decreto ya sellado y firmado, el plan de UxP continúa siendo el mismo: convocar una sesión apenas comiencen las sesiones ordinarias y rechazar los pliegos de los dos candidatos. 

Los caminos que conducen al Senado

El reloj empezará a correr a partir de la semana que viene, una vez que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso. El trámite, en la teoría, es sencillo: UxP debería convocar a una sesión para tratar los pliegos y, de conseguir el quórum, podría hacerla fracasar con solo poco más de un tercio del recinto. Esto es así porque la Constitución exige que haya dos tercios del recinto para aprobar el pliego de un juez de la Corte, por lo que, para que fracase, solo se requiere conseguir 25 votos. Y 25 votos es lo que Mayans presume que tiene asegurados en su bloque.

El desafío, sin embargo, será conseguir los 37 para el quórum. “Con tres dignos podemos hacerlo”, ironizan en el cristinismo, que hacen cálculos como si los 34 senadores peronistas estuvieran dispuestos a bajar para dar quórum para rechazar los dos pliegos de la Corte Suprema. En el caso de Lijo, sin embargo, no está del todo claro, ya que hay varios senadores que responden a gobernadores peronistas que simpatizan con el juez federal y no tienen interés en boicotearlo. En el oficialismo, por ejemplo, están convencidos de poder contar con el apoyo de 10 senadores peronistas para resistir.

En el caso de que el UxP no acompañe en su totalidad, Mayans tendrá que ir a buscar el número en el radicalismo y el PRO. Paradójicamente, son los dos partidos que siempre se resistieron a Lijo y que, en cambio, pugnaban por aprobar el pliego de García-Mansilla, los que podrían terminar torciendo la balanza en contra del Gobierno. La experiencia de las designaciones por decreto de Macri está muy presente y la mayoría coincide en que Milei debería hacer lo que hizo su antecesor amarillo. Es decir: negociar los pliegos en el Senado.

Ya hubo varios senadores radicales, como Martín Lousteau y Pablo Blanco, que se manifestaron públicamente en contra de la decisión del Ejecutivo de designar a los jueces por decreto. La larretista Guadalupe Tagliaferri, a su vez, tuiteó solicitándole a Milei que diera marcha atrás en la decisión: “La decisión del Ejecutivo de nombrar por decreto a los nuevos integrantes de la Corte es absolutamente dañina para el país. Sin acuerdo del Senado, se genera incertidumbre y una inseguridad jurídica inconmensurable para todos aquellos que buscan volver a confiar en la Argentina”, afirmó la senadora del PRO.

En este escenario de incomodidad frente a la decisión presidencial, el peronismo confía en poder pescar los votos que faltan. La incógnita, sin embargo, es qué sucederá si el Senado rechaza los pliegos pero los decretos continúan vigentes. “Si el Senado lo rechaza en una sesión se abre una discusión institucional enorme entre dos poderes del Estado que va a tener que definir el otro poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia, que está siendo acusada de ilegitimidad del proceso. Sería un daño enorme a las instituciones”, reflexiona una aliada del oficialismo.

El camino será largo, y ampliamente judicializado. Pero el peronismo está preparado para recorrerlo, con la convicción, en el fondo, de poder forzar al Gobierno a seguir negociando.

MC/MC

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