El Gobierno y la oposición se enfrascaron en una discusión por la posibilidad de una norma contra los discursos de odio, que luego del atentado contra Cristina Kirchner fue alentada por distintas voces en el oficialismo. Este martes protagonizaron un round mediático la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se cruzaron por la idea de una iniciativa que busque regular expresiones públicas de dirigentes –e incluso de periodistas– que socaven la vida democrática.
Sin haber un proyecto de ley formal que se conozca, cierto es que funcionarios nacionales como la titular del Inadi, Victoria Donda, y el jefe del programa Argentina Futura, Alejandro Grimson –cercano a Alberto Fernández–, habían opinado en los últimos días que el país necesita una norma para sancionar “construcciones discursivas de odio”. Incluso el diputado Eduardo Valdés, cercano tanto a Alberto Fernández como a la vice, admitió que trabaja en un proyecto similar a la Ley Micaela para capacitar sobre el odio en distintos ámbitos.
Fue entonces que esta mañana Larreta calificó esa posibilidad de norma como una “ley mordaza”. El jefe de Gobierno también consideró que se trata de una estrategia del Gobierno para “distraer” a la sociedad.
“Todos los días nos levantamos con una Argentina que nos angustia, que nos duele, con suba de precios, que se profundiza la crisis educativa. Ante tanto dolor el kirchnerismo solo nos intenta distraer ahora con esto de proponer una ley mordaza”, afirmó el alcalde tras un anuncio contrapuesto a la reacción oficial por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta: en las escuelas de la Ciudad se recuperará el día de clases perdido por el feriado nacional del viernes pasado.
“No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido”, salió a aclarar rápidamente esta mañana Cerruti en declaraciones radiales. “Cálmense, bajen un cambio”, le pidió Cerruti a la oposición por sus críticas al hablar en El Destape Radio e insistió con que “no hay ley mordaza” en la agenda del Gobierno. Sí ponderó la posibilidad de impulsar una ley de publicidad oficial.
“No somos Venezuela. No estamos trabajando en eso. Si me hablás de todo lo que se hace para que no haya discriminación y persecución, el Inadi trabaja en estos temas, son de análisis permanente”, agregó la portavoz, que se refirió a los dichos de Donda: “Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación vigente y poner en debate de qué estamos hablando cuando hablamos de discursos de odio”.
Ayer, hubo una reunión que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, mantuvieron con Alberto Fernández en Casa Rosada. Durante el encuentro, dialogaron sobre la sesión especial en la que se aprobó una resolución condenando el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigiendo el esclarecimiento del hecho.
Tras la reunión, el diputado destacó que el jefe de Estado “está con la expectativa de que, sabiendo que el ámbito natural para el diálogo político es el Congreso, este repudio al atentado contra Cristina pueda generar que oficialismo y oposición, en sus distintas vertientes, avancen sobre temas que ayuden a seguir consolidando el proceso democrático”. También Martínez salió hoy a cruzar a la oposición. En el comunicado oficial del encuentro de ayer no se mencionó nada referido a una ley contra los discursos de odio, pero sí trascendió en algunos medios como un off the record luego del cónclave.
Según pudo saber elDiarioAR de fuentes parlamentarias, al menos en el Congreso no se presentó ningún proyecto o iniciativa en ese sentido. “Nadie quiere cercenar la opinión de nadie ni afectar la libertad de expresión, pero es verdad que hay determinados discursos que está por fuera de las reglas democráticas”, opinó ante elDiarioAR el diputado kirchnerista Itai Hagman.
La polémica se instaló el fin de semana, apenas después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, cuando Donda publicó en Infobae un texto titulado “La política del gatillo”, donde opinaba que “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas”. Allí aseguraba que los periodistas y la dirigencia “no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos” sobre lo que pasó con CFK. Después fue Grimson –funcionario dentro de la Jefatura de Gabinete y asesor del mandatario– el que pidió en una entrevista con Radio Provincia “avanzar en la limitación de los discursos del odio”. También se conoció una ilustración en la agencia Télam que vinculaba un micrófono con una pistola.
Pese a la contraposición que marcó Cerruti, hoy fue el diputado Valdés el que avanzó un paso más y dio a conocer su idea sobre una Ley Micaela al respecto. “Estamos en lucha contra el país del odio que quiere fomentarse desde algunos medios. Con mi equipo nos pusimos a trabajar en una Ley Micaela contra el odio. Creo que hay que hacerlo a conciencia. Espero que la iniciativa sea acompañada por oficialistas y opositores”, aseguró el diputado. La iniciativa plantearía la capacitación de todos los funcionarios públicos de los tres poderes. “Todos tendrían que capacitarse contra el odio que quieren ir poniendo desde los tiempos mediáticos y los tiempos judiciales”, consideró el legislador en declaraciones a la prensa. “Los fomentadores están todos lados”, completó.
MC