Las dudas sobre el video atribuido a un grupo narcoterrorista y su coincidencia con la ley antimafia que impulsa el Gobierno

Las imágenes de cuatro encapuchados que exhiben armas de guerra y profieren amenazas contra la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro no tomaron desprevenido al gobierno nacional.

El video fue atribuido de inmediato por la Oficina del Presidente a “una organización narco terrorista todavía no identificada”, aunque la investigación judicial recién comienza, y su difusión precedió al anuncio de que el proyecto de ley antimafias será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Pareció una demostración práctica de lo que La Libertad Avanza y sus aliados se proponen combatir “sin cuartel”.

El video presenta a cuatro jóvenes enfundados en mamelucos que hacen una especie de mímica con las armas mientras una voz en off recita un texto preparado. Si las amenazas de muerte pueden corresponderse con otros casos, el mensaje llama la atención por sus disonancias con los antecedentes: el anuncio de que “estamos instalados en Buenos Aires”, una novedad sin correlato en hechos comprobables; la preocupación expresada por los presuntos narcos porque los niños vayan a la escuela y no se conviertan en delincuentes, inédita en bandas criminales; y la advertencia “esto no va a terminar”, una declaración de guerra que se ajusta al concepto de “narcoterrorismo” que el gobierno nacional propuso en marzo y ahora relanza para la aprobación del proyecto de ley antimafias.

Ariel Larroude, director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2023, observa con escepticismo el registro: “La morfología de las imágenes, el tono de la voz en off, el mensaje donde anuncian a viva voz que están instalados en Buenos Aires, son muy dudosos”.

El video contradice los antecedentes de la última década en Rosario donde “las bandas no amenazaron de palabra sino que actuaron de manera directa y agregaron luego un mensaje; no obstante, se tendrá que investigar e identificar a quienes están detrás”. Larroude acaba de publicar el libro Narcomenudeo, controversias político-criminales sobre lo que se persigue y lo que se castiga en la ciudad de Buenos Aires.

No es la primera vez que un video narco circula en medio de una situación de crisis. En mayo de 2023 audios, fotografías y videos propagaron en Rosario noticias falsas sobre un toque de queda narco impuesto a los habitantes del barrio La Cerámica. Las imágenes que mostraban tiroteos, persecuciones y escenas de caos en la calle correspondían a sucesos antiguos de otros países, pero resultaron verosímiles en un contexto de alta inseguridad y potenciaron el miedo y la incertidumbre pública.

En marzo, las redes sociales y parte del periodismo viralizaron un comunicado falso que proclamó la unión de las bandas criminales de Rosario para enfrentar al gobierno de Santa Fe.

La particularidad del caso actual consistiría en que el supuesto grupo narco envió el video directamente al gobierno nacional. El jueves, Patricia Bullrich anunció la detención en Puerto San Martín de tres personas que habrían participado en la filmación. La ministra de Seguridad de la Nación se anticipó a lo que pueda hacer la jueza a cargo, María Servini: dijo que el asunto está resuelto “en un 90 %”, aunque faltaría identificar a los responsables y las armas exhibidas a la prensa no se corresponden con las utilizadas. El video narco agregó otro motivo para el discurso bélico de la ministra –“guerra total al narcoterrorismo”, en su cuenta de X- y para el reclamo por la sanción de la ley antimafias.

 De qué hablamos cuando hablamos de mafia

El proyecto de Ley para el abordaje integral de las organizaciones criminales, como se llama, tuvo tratamiento durante el año en las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, donde obtuvo media sanción.

Con dictamen de la Cámara de Senadores, fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. “Suponemos que tendrá tratamiento antes de que termine el año con altas probabilidades de que finalmente se apruebe”, adelanta la abogada Victoria Darraidou, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

“El proyecto se propone perseguir organizaciones criminales, pero no da ninguna herramienta que entienda la dimensión económica del fenómeno, el aspecto que justamente posibilita las economías ilegales. La ausencia total de controles de flujos financieros es un límite claro para investigar la criminalidad Además se plantea la idea de zona sujeta a investigación especial, en las que personal del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio Público fiscal tendrían atribuciones extraordinarias”, puntualiza Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Cels.

Al enviar el proyecto al Congreso, Bullrich planteó que la ley antimafias “implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”; entre otros efectos, la ley habilitará “detenciones por averiguaciones de delitos”, “colocación de retenes para efectuar requisas” y “realizar allanamientos encadenados”.

“El tema de los allanamientos no es menor –señala Darraidou-. El proyecto otorga mayores capacidades a las policías federales en un contexto en el que ya actúan sin ningún control externo. Al margen de ese problema, hay una narrativa muy presente de los principales funcionarios del gobierno sobre una confianza absoluta en lo que hacen las fuerzas de seguridad”.

La pena más grave que corresponda en cada caso se extendería a todos los miembros de la organización criminal. “Podemos caer en sanciones desproporcionadas para alguien que tiene un rol menor o ni siquiera sabe que forma parte de una organización. En los delitos vinculados con drogas quienes ocupan los eslabones menores poco o nada saben sobre cómo se organiza el mercado ilegal y sobre quiénes son los principales responsables”, advierte la representante del Cels.

“No estaríamos hablando de la vieja discusión entre derecho penal de acto o de autor, sino de un derecho penal de asociación, lo que desvirtúa derechos y garantías de la ciudadanía -–afirma Ariel Larroude-. Además, a diferencia de otras regiones del continente, la matriz delictiva nacional todavía está fuertemente ligada a los delitos ordinarios y no a la criminalidad compleja”. El director del Posgrado de Política Criminal de la Facultad de Derecho (UBA) cita datos del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, del Ministerio de Justicia de la Nación: “la mayor parte de la gente detenida lo está por delitos contra la propiedad, homicidios dolosos y delitos sexuales; la realidad es que las cárceles están abarrotadas de pobres y no por una criminalidad organizada que en nuestra latitud vive en franca armonía con los cuerpos legales que tienen la obligación de investigar y reprimir”.

“El proyecto conforma una suerte de estado de excepción –resume la abogada Darraidou-. En las llamadas zonas especiales, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público producirían allanamientos sin órdenes judiciales específicas y también tendrían capacidades extraordinarias con relación a las detenciones”.

El reflujo de la ola

En la conferencia de prensa realizada en Rosario el jueves pasado, la ministra Bullrich celebró los “resultados históricos” del Plan Bandera contra la inseguridad. El Observatorio de Seguridad Pública del gobierno de Santa Fe registró 148 homicidios dolosos en la provincia entre enero y octubre, cifra que representa una disminución del 54,7% de los casos producidos en el mismo período del año pasado, durante el gobierno de Omar Perotti, y del 64,2 % en el ámbito del departamento Rosario.

“Que haya habido una reducción clara de los homicidios dolosos en Rosario, es un éxito de la gestión”, dice Ariel Larroude, pero al mismo tiempo “es obvio que hubo un acuerdo entre los actores ligados a la criminalidad: no se puede pasar de un escenario tan conflictivo a una pax tan llamativa”.

Maximiliano Pullaro fue uno de los expositores ante la Comisión de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, durante la discusión sobre la ley antimafias. El gobernador de Santa Fe respaldó el proyecto, pidió a los legisladores que “no se queden cortos” y hasta cuestionó “un exceso de garantismo” en el articulado, que no especificó.

“La pregunta sería cómo se ha resuelto la situación en Rosario –plantea Larroude-. Algunos analistas mencionan que se han actuado en tres lineamientos tácticos: un reacomodamiento en la línea de mando de la policía rosarina, una articulación eficiente entre Nación y Santa Fe a partir de un mayor despliegue de fuerzas federales en el territorio y un recrudecimiento de las condiciones de detención. Pero más allá de estos lineamientos hay que mirar con atención el proceso de adecuación de la provincia a la ley de narcomenudeo”, impulsada por el gobernador Pullaro y sancionada de modo expreso por la legislatura santafesina.

“El hecho de que la policía rosarina pueda actuar sobre el control del microtráfico de sustancias disciplinó a toda la estructura policial y volvió a aceitar líneas de recaudación ilegales e históricas de la fuerza de seguridad, tal como sucede en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. El circuito de recaudación ilegal rosarino era anómalo ya que los cuerpos policiales corruptos competían entre sí, liberando zonas y armando a las bandas en disputa. Esto también puede explicar la baja significativa de las muertes por utilización de armas de fuego”, agrega Larroude.

En su exposición ante los legisladores, Pullaro presentó su gestión en seguridad como un modelo a seguir. “Con algunas reformas importantes en la provincia de Santa Fe, que comenzaron en diciembre del año 2023, muchas cosas empezaron a cambiar y la violencia comenzó a bajar de manera considerable”, dijo el gobernador de Santa Fe. Se refirió, entre otros cambios, a la ampliación de las facultades para que la policía pueda detener a las personas y a modificaciones en el Código Procesal Penal de la provincia, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin ser imputada.

Pullaro viene de liderar por otra parte el reclamo finalmente concedido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia por la libertad del policía Luciano Nocelli, condenado a 25 años de prisión por las ejecuciones de Maximiliano Rosasco y Jimena Gramajo. Las víctimas intentaron arrebatarle el celular a una mujer y fueron interceptadas por una patrulla del Comando Radioeléctrico de Rosario.

Para el gobernador de Santa Fe, los jueces deben comprender las situaciones de estrés en que actúan los policías, pero un tribunal de la Cámara de Apelaciones acreditó que Nocelli asesinó a Rosasco y Gramajo sobre seguro, disparándoles por la espalda, a corta distancia y cuando se encontraban en el piso.

El video narco y las detenciones en Puerto San Martín mostrarían ahora tanto el peligro del narcoterrorismo como la eficacia del gobierno nacional y de Santa Fe para resolver la amenaza y la necesidad de la ley antimafias, “El proyecto es problemático además si pensamos en el desarrollo de la criminalidad y la violencia en ciudades como Rosario –dice Victoria Darraidou-, donde el involucramiento de las fuerzas de seguridad con los dinámicas delictivas es parte del problema; las sentencias judiciales, en numerosos casos, involucran hasta responsables jerárquicos de la policía de Santa Fe”. Pero ese aspecto no parece parte de la película que contempla la ley.

DM/OA