A 40 años el retorno a la democracia, un tribunal federal inició este lunes un juicio a civiles, policías y militares por crímenes de lesa humanidad cometidos el 20 de marzo de 1975 contra trabajadores metalúrgicos de la empresa Acindar y ciudadanos de la ciudad santafesina de Villa Constitución. Según indica la investigación que ya lleva 10 años, más de 100 personas fueron víctimas de “privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios” tras el triunfo de la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en esta ciudad. Los imputados también están siendo investigados por “asociación ilícita”.
“Lo más importante en este juicio es que se podrá acreditar y atribuirle responsabilidades a la empresa debido a que las personas que fueron secuestradas, pudieron ser marcadas como objetivos para las fuerzas represivas gracias a la información que brindó Acindar que días anteriores a los hechos habían realizado la actualización de los legajos de su personal con fotos y sus domicilios”, sostuvo el fiscal a cargo de la causa, Adolfo Villate, de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario.
En particular, según los jueces que intervienen en la causa ─Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci─, dos civiles que trabajaron en la empresa Acindar, actuaron en complicidad con los represores señalando a trabajadores y líderes sindicales. “Los testigos y la documentación indican que ellos colaboraron activamente con la represión marcando objetivos y víctimas”, subrayó, en la misma línea, Villate, en relación a Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, los dos empleados imputados.
Durante la primera jornada del juicio, se leyeron las pruebas documentales de cada una de las víctimas. Según declararon los testigos y querellantes ─que deberán ratificar sus respectivas denuncias─, ese 20 de marzo, alrededor de 4.000 efectivos militares y policiales federales armados ingresaron a Villa Constitución y detuvieron en sus domicilios a unos 70 dirigentes de gremios del cordón industrial. Las familias de las víctimas, además, sufrieron “saña y persecución”, luego de las detenciones y vieron sus viviendas allanadas.
Además de los dirigentes sindicales, las denuncias indican que las fuerzas federales también encarcelaron “a otros 200” ciudadanos.
ACM con información de agencias.