Un informe elaborado por fiscales federales y organismos de la Procuración General de la Nación identificó a 19 casos de jefes de bandas narco manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, incluyendo a varios líderes de las bandas de Rosario, pero también de los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), de acuerdo con el documento analizado por elDiarioAR y que es público desde septiembre de 2021.
La investigación fue realizada por cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Luego fue elevado por el procurador interino Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, responden que las restricciones en las cárceles tocaron techo y que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional”, según informaron en 2022 a este medio ante la consulta.
Mientras la ciudad de Rosario volvió a la agenda de los medios, políticos y jueces esta semana tras el golpe de efecto que provocaron las amenazas de bandas narco al futbolista Leonel Messi y la familia de su esposa, los fiscales finalizan un nuevo informe para actualizar la información suministrada hace más de un año a las autoridades del Ejecutivo y volverán a incluir a capos de organizaciones criminales de la ciudad más asediada por el narcotráfico y la criminalidad organizada, adelantó e elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación.
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó este jueves que “ganaron los narcos”.
Rosario alcanzó en 2022 el pico de homicidios desde al menos 2014, con 287 muertes que concentran el 70% de los asesinatos de la provincia de Santa Fe, de acuerdo al reporte anual de homicidios del Observatorio de Seguridad Pública provincial.
En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”. Todo controlado por 19 acusados con cómplices directos en el exterior de las cárceles.
“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, dice el informe. Los 19 casos de líderes de bandas u organizaciones fueron identificados en el informe.
A su vez, los fiscales identificaron en qué cárceles los acusados y condenados por narcotráfico siguen operando con incidencia directa en el territorio: desde los establecimientos federal de Ezeiza y Marcos Paz hasta la Unidad 6 de Rawson; y otras unidades en Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Fe y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Este viernes, la Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario
Para la investigación, los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los presos, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas, ya que se trata de los mismos fiscales que los investigan por delitos cometidos antes de que ingresaran a las unidades carcelarias.
En Rosario y Clorinda, Santa Fe, y en la cárcel federal de Rawson, Chubut, se detectaron al menos seis episodios de capos narcos, entre ellos los líderes de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero y Leandro Vilches, alias “Gordo”. Cantero incluso “organizó la privación de libertad” desde un teléfono fijo que utilizaba en su lugar de detención“, informaron los fiscales. El acusado fue trasladado luego a la cárcel federal de Ezeiza.
Cantero “está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular
Cantero “está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondieron en el Ejecutivo.
“Quitarle acceso total al teléfono del pabellón -donde tiene acceso al teléfono oficial- y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada.
La investigación demuestra que “la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de las organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”, sostienen los fiscales en el informe.
Se trata de “sujetos condenados por hechos graves y de suma peligrosidad y que han ocupado los eslabones más altos de organizaciones criminales complejas” y que “fueron alojados en unidades que, conforme a la categorización de los establecimientos penitenciarios, presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”.
“En la mayoría de los casos, la comunicación con las personas del exterior se llevó a cabo a través de dispositivos de telefonía celular”. Por eso, y en base a lo que establece la ley argentina, los fiscales solicitaron la instalación de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal.
“Restringir o incluso inhibir las comunicaciones telefónicas en las cárceles puede conducir a motines y otras situaciones violentas”, se quejó un funcionario del ministerio de Justicia ante la sugerencia.
Además de teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones, los capos narco utilizan para transmitir sus órdenes al exterior a “personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares.
En el Ejecutivo aseguran que “se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, dijo una fuente oficial ante la consulta en 2022.
Pero los fiscales también sostienen que “en algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”.
ED/MG