Córdoba-. Villa María está ubicada a 150 kilómetros al sudeste de esta Capital y se llega muy rápido por la autopista que va hacia Rosario. Pese a ser la tercera ciudad de la provincia, sigue siendo un pueblo. Por eso, cuando estalló el escándalo de Generación Zoe, a diferencia de lo ocurrido en el barrio porteño de Núñez, en Villa María los damnificados no hicieron reclamos ante la sede de avenida Leandro N. Alem al 200, dónde antes funcionó un importante banco internacional.
Tras ir una semana seguida a reclamar que le devuelvan sus ahorros, el miércoles 16, una mujer policía logró hablar con algunos de los líderes de la organización financiera que “acababan de llegar de Buenos Aires”. Le prometieron que el jueves 17 podía pasar por la oficina a retirar su inversión. Pero eso no ocurrió. Ese jueves la entidad financiera estaba cerrada y en la puerta de calle había un cartel dirigido a ahorristas y estudiantes del sistema de inversión, donde se detallaba un número telefónico a través del cual podrían realizar las consultas.
Cerca del mediodía del jueves, con el edificio de Generación Zoe cerrado y el teléfono sin atender, un grupo de ahorristas fue hasta el edificio de Tribunales provinciales. Allí la mujer policía y otros dos compañeros de la fuerza, presentaron la primera denuncia contra los directivos locales del grupo. Sus nombres aún no han trascendido.
La fiscal provincial Juliana Companys les tomó declaración y con la aparición de un denunciante, la fiscal federal María Marta Schianni le giró a su colega el expediente que venía trabajando en conjunto con la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal de Villa María. Estas tres víctimas de Villa María que posibilitaron las detenciones de los responsables locales, son parte del colectivo de 110 mil ahorristas que participaron con inversiones en la organización creada por el ex vendedor ambulante Leandro Cositorto.
“Los damnificados no van a brindar declaraciones por sugerencia de la Justicia”, señaló a elDiarioAR una fuente ligada a la mujer policía que denunció a los directivos locales de Generación Zoe. Trascendió que el piso exigido para participar como inversionistas era de US$ 100; incluso, en la Universidad del Trading SA no se les exigía a los alumnos que rindieran materias, sino que los trabajos eran prácticas con dinero líquido: “A los alumnos/inversionistas les decían que a lo largo de las clases van viendo cómo evoluciona la inversión”, contó una fuente de la pesquisa.
Investigación federal
La trama cordobesa de la presunta estafa orquestada por Generación Zoe, una empresa dedicada a las finanzas virtuales, que dejó el tendal de inversionistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en esta provincia, comenzó a ser investigada de oficio hace meses por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni.
Cuando el nombre de Leonardo Cositorto y de su socio Maximiliano Batista, líderes de Generación Zoe y la Universidad del Trading SA, comenzaron a circular, no como gurúes financieros, sino como jefes de una estructura piramidal de estafadores, la fiscal Schianni los puso en la mira por el presunto delito de intermediación financiera, que era el único delito federal. En esos días, no había ninguna denuncia contra Cositorto ni sus operadores locales.
La fiscal federal se contactó inmediatamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y con la Comisión Nacional de Valores informándole de su investigación; además le solicitó al juez federal Roque Rebak, la intervención de líneas telefónicas. Fue así que se llegó hasta Norman Próspero, el contador de Generación Zoe en Villa María. Próspero fue detenido este viernes cuando llegaba a su domicilio de calle White del barrio Parque Avellaneda de CABA por orden de la fiscal provincial Juliana Companys, que actuó con la abundante prueba colectada desde hace meses por su par federal Schianni.
“Hace unos meses iniciamos una investigación por la información de que en el local de Zoe se estaban dando maniobras de captaciones de ahorros con la promesa de intereses altísimos.
Nos alertamos de la situación que podría lugar a la intermediación financiera no autorizada por el Banco Central. Recabamos informes del Banco Central, la Comisión de Valores, iniciamos la investigación para ver si había algún delito del orden económico; pero a la vez comisionamos a la Policía Federal para que realizaran averiguaciones, el personal asignado participó de reuniones públicas que celebraba el señor Cositorto como CEO de la organización donde se captaba a los inversionistas“, detalló Schianni a elDiarioAR.
La investigación avanzó con intervenciones telefónicas “donde pudimos dar con el organigrama de esta asociación ilícita”, explicó la fiscal Schianni. Al no encontrar una conexión directa “como la colocación de esos ahorros que piden a través de préstamos”, el delito no tipificaba para la Justicia federal y la investigación fue girada a la fiscal provincial Juliana Companys que tras recibir la denuncia de tres policías que describieron las maniobras fraudulentas, ordenó las detenciones de los jerarcas de Generación Zoe, incluido su CEO Leandro Cositorto.
El viernes 18, las oficinas de Generación Zoe en la ciudad de Córdoba también aparecieron cerradas. Un cartel en el complejo Patagonia, en avenida Rafael Núñez 4635 del coqueto barrio Cerro de las Rosas decía: “Cerramos hoy viernes. Vamos a trabajar Home Office”. Las líderes de Zoe Córdoba, Celia Rocha y Mariela Sánchez no dieron la cara ante los ahorristas, ni ante los medios.
Limpiaron la oficina
Ese viernes a las 5 de la mañana agentes de la Policía Federal realizaron tres allanamientos donde secuestraron importante documentación y fue detenida Gabriela Fernanda Alvarez (45). El cuarto allanamiento se realizó en la sede de Zoe de avenida Alem: “En la oficina no encontramos nada. La vaciaron un par de días antes. La caja fuerte estaba abierta, no había documentación, ni plata, ni computadoras. La vaciaron. Dijeron que les robaron y es mentira. Pero en los domicilios particulares hallamos valiosa documentación”, informó la fiscal Companys.
A lo largo del viernes también fueron detenidos en Villa María, Cristian Omar Delgado (39), Claudia Beatriz Pereyra (54); Susana Beatriz Luján (60) y Silvana Verónica Abellonio (43). El contador Próspero fue detenido en CABA cerca de las 19 del viernes.
Además de los detenidos, la fiscal Companys libró órdenes de detención para el CEO Cositorto y los villamarienses Claudio Alvarez, Silvia Fermani, Silvio Schamme, Ivana Alvarez y Florencia Alvarez. En la vivienda de Claudio Alvarez, los policías federales secuestraron “mucha documentación que empezará a ser analizada; es un montón lo que había”.
GM