BUSCA LLEVAR EL CASO AMBIENTAL A RÍO GALLEGOS
Fue la megaobra emblema del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; es uno de los proyectos energéticos impulsados tanto por Alberto Fernández como por La Cámpora; y es central en la relación bilateral con China. Sin embargo, la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (también conocidas como Cóndor Cliff y La Barrancosa), en la provincia de Santa Cruz, está empantanada desde hace seis años por una disputa legal y medioambiental que pone en tela de juicio la legalidad de las obras y el futuro de los glaciares y la biodiversidad en la provincia.
En medio de esa pelea judicial, que tiene sede en los tribunales porteños y en la Corte Suprema, la principal constructora argentina a cargo del proyecto, Electroingeniería, manejada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra al menos hasta 2020, demandó al Poder Ejecutivo y al Estado Nacional por el “estado de incertidumbre jurídica” que le provoca el conflicto medioambiental, según el escrito al que accedió elDiarioAR.
La compañía objetó en su demanda un informe oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El organismo oficial planteó que al evaluar el impacto ambiental de las represas se omitió información sobre el riesgo sísmico que podría provocar su construcción (debido a la presión que suman los embalses sobre el terreno) y sugirió a la Justicia que ordene un estudio para evaluar la peligrosidad de las obras, de acuerdo con los documentos consultados por este medio.
La obra se adjudicó en 2013. La compañía, que cambió recientemente su nombre a Eling Energía SA, ganó junto con la china Gezhouba Group Company Limited (CGGC) e Hidrocuyo SA. Pero ni las empresas ni las autoridades cumplieron entonces con las exigencias de la ley en materia socioambiental: la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental adecuado y la realización de audiencias públicas para analizar la viabilidad de las obras, según determinó la Corte Suprema en diciembre de 2016.
Por ese motivo, las ONGs Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre se presentaron ante la Justicia para solicitar que se frenen las obras hasta tanto se cumpla con la ley.
Desde entonces han pasado años de órdenes y contraordenes para que las compañías cumplieran con los requisitos de la ley.
El gobierno de Fernández retomó la negociación con China para reactivar la financiación de la obra con bancos de ese país por más de US$4.714 millones -según la demanda- y espera la llegada de una parte de la primera turbina para noviembre, confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. Por esa razón, la demanda contra el Ejecutivo y el Estado Nacional actualmente no tiene color de enemistad política. Más bien, de sintonía. Un supuesto gol en contra para perder un partido implicaría una victoria: frenar los estudios medioambientales, despejar las incertidumbres de los chinos y avanzar con la obra cuanto antes.
La clave para esa lectura es que, a pesar de que la disputa legal y medioambiental tramita en Buenos Aires, la empresa presentó su demanda ante la Justicia federal de Río Gallegos e inmediatamente logró un fallo favorable en el territorio donde el kirchnerismo pisa fuerte en los tribunales y no suele tener medidas adversas a sus intereses.
Claudio Marcelo Vázquez fue designado juez federal de Río Gallegos el 25 de noviembre, propuesto por el oficialismo y con acuerdo del Senado. Había sido conjuez de la Cámara Federal de Casación nombrado por el entonces gobierno de Fernández de Kirchner.
El 3 de diciembre último, ocho días después de asumir en el juzgado de Río Gallegos, Vázquez recibió la demanda de Electroingeniería, que consideró que “es el magistrado con base en el lugar -donde se van a construir las represas- quien, indudablemente, está en mejores condiciones de hacer mérito de las exigencias y necesidades de la región” y que la Justicia de Buenos Aires es de “aplicación sólo respecto de controversias que versen sobre la ‘interpretación o aplicación del contrato’”.
El juez Vázquez falló a favor de Electroingeniería el 20 de diciembre último, 17 días después de la presentación de la empresa, según el fallo consultado por elDiarioAR.
La demanda se opone a las medidas sugeridas por el Inpres: la realización del estudio de sismicidad inducida -que busca determinar si las represas provocarían sismos en Santa Cruz-, y la instalación de sismómetros para registrar la sismicidad local por un período de al menos tres a cinco años previos al llenado de los embalses, más una red de estaciones sismológicas rodeando ambas represas y las fallas geológicas cercanas.
Si las obras provocarán sismos, estos incidirían directamente en el deshielo de los más de mil glaciares de la zona, incluido el Perito Moreno, afirman los estudios de las ONGs.
Electroingeniería planteó que la postergación de la construcción puede “determinar la frustración del financiamiento de las obras y con ello la misma posibilidad de que se las concluya”, según la demanda, que se presentó en Río Gallegos en diciembre de 2021 pero que no había trascendido hasta el momento. Entonces, el ministro de Economía, principal objeto de la demanda, era Martín Guzmán, quien miraba con recelo los acercamientos del Gobierno con China.
El juez Vázquez admitió su competencia para intervenir en la causa, notificó al Estado Nacional, habilitó la feria judicial de enero de 2022 para tramitar los pedidos de la constructora y ordenó realizar la medida de prueba solicitada por la demandante: Electroingeniería había propuesto que una tercera parte calificada examine con la mayor celeridad posible los informes técnicos contradictorios (el de la empresa y los oficiales) y además le sugirió al juez de Santa Cruz a qué institución elegir para esa tarea: al Área Geología de Terremotos y Peligro Sísmico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.
Mientras la Justicia de Santa Cruz puso el acelerador, en los tribunales porteños, todo marcha en cámara lenta. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo número 12, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de ese fuero y la Corte Suprema (tribunal al que llegó por recurso extraordinario).
Las ONGs reiteraron recientemente su pedido para que los jueces porteños frenen las obras “hasta que se publique el nuevo Estudio de Impacto Ambiental, la nueva Evaluación de Impacto Ambiental y se convoque a una nueva audiencia pública para debatir los riesgos socio-ambientales del rediseño y la reubicación las estructuras de hormigón para el desvío del río”, de acuerdo al escrito en el expediente.
“El intento de ‘fórum shopping’ de Electroingeniería da cuenta de dos situaciones. El temor ante una sentencia adversa que declare la nulidad de un estudio de impacto ambiental viciado de ilegalidades; y la grieta que existe no sólo en la represa Néstor Kirchner como consecuencia de la actividad sísmica sino entre la empresa de Ferreyra y el Gobierno Nacional por pagos demorados”, afirmó ante la consulta de elDiarioAR el abogado Cristian Fernández, quien representa a la ONG Banco de Bosques junto a Daniel Sabsay.
“En este contexto, es crucial que la Corte Suprema y la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resuelvan con celeridad los planteos judiciales de Banco de Bosques tendientes a proteger el ecosistema del río Santa Cruz”, agregó el abogado.
Este medio intentó obtener la versión de Electroingeniería pero en la sede porteña de la empresa declinaron responder.
En la Administración de Fernández, una fuente oficial aseguró a elDiarioAR que el Gobierno considera que la discusión sobre la peligrosidad ambiental de las represas está zanjada, como sostiene Electroingeniería e incluso mencionaron que representantes del consorcio empresario; que se creó un observatorio online de las represas; que se están cumpliendo los requerimientos ambientales; y que autoridades nacionales estuvieron reunidos con dirigentes de comunidades originarias que habitan la zona de las obras. También informaron que se está por firmar una adenda para el financiamiento proveniente de China.
En octubre último, el fiscal porteño Miguel Angel Gilligan planteó que la competencia del caso es de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y que la demanda de Electroingeniería debe tramitar junto a la causa madre para “evitar el escándalo jurídico que representaría el dictado de sentencias contradictorias”, afirmó en su dictamen.
La Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo (donde se litiga contra el Estado Nacional) debe ahora decidir sobre la competencia de la demanda de Electroingeniería.
Las obras, licitadas en 2013, tienen un avance de alrededor del 37% en el caso de la represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) y del 20% en la presa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff).
En los últimos años, además de la judicialización del impacto medioambiental, el gobierno de Mauricio Macri también había suspendido las obras a principios de 2016 para modificar el proyecto, que se retomó con el apoyo de Cambiemos en 2018.
Ese mismo año, Ferreyra quedó detenido por el caso de los cuadernos, por el supuesto pago de sobornos a los Kirchner y debe afrontar un juicio oral y público por esa causa. En febrero de 2019, también quedó detenido por el mismo caso su principal socio en Electroingeniería, Osvaldo Acosta. Ambos negaron siempre haber pagado sobornos.
Tras sus excarcelaciones, “Ferreyra y Acosta cedieron sus acciones a un familiar y a sus hijos, respectativamente, y a Juan Manuel Pereyra (presidente) y Carlos F. Bergoglio (vicepresidente), quienes lideran actualmente la compañía”, informó una vocera de la empresa. Ferreyra ya no está vinculado a Electroingeniería (Eling Energía SA), aclararon en la firma. De acuerdo con los registros que la plataforma Nosis toma de Anses, el empresario está en relación de dependencia laboral con la compañía al menos hasta agosto de 2022. También publicó que es “asesor académico” de la empresa en su Linkedin.
En 2020, las negociaciones con China se retomaron, ya que el financiamiento original había caído por el vencimiento de los plazos para avanzar con las obras. “El financiamiento del proyecto se realiza a través de un crédito soberano firmado entre un consorcio de bancos formado por el Banco de Desarrollo de China (BDC), Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y Banco de China (BOC), por una parte, y el gobierno argentino”, explicó Electroingeniería en su demanda.
“El monto total del crédito es de US$4.714 millones”, agregó, y está “en riesgo” debido a que la posibilidad de obtener un fallo contrario en la demanda medioambiental en su contra “ha creado un estado de incertidumbre jurídica que afecta derechos y garantías constitucionales” de la compañía.
La empresa pretendía que la Justicia federal de Santa Cruz resuelva sobre “la falta de certeza sobre las condiciones de la zona del emprendimiento en materia de riesgo sísmico, abone la idoneidad del Estudio de Impacto Ambiental y conjure las amenazas de demorar y/o impedir la ejecución (de la obra) que la incertidumbre está generando”.
Un segundo organismo oficial, la Administración de Parques Nacionales, presentó un informe en el que aseguró que las represas generarán barreras físicas e iluminación nocturna permanente que incidirá directamente en la migración de aves y peces, y que amenaza a especies autóctonas, incluso en peligro de extinción. Electroingeniería no hizo ninguna mención a este estudio en su demanda.
“En 2018 aparecieron indicios imprevistos de inestabilidad de taludes en la margen derecha (de la represa) Néstor Kirchner” -admite la empresa en la demanda- y “a partir de diciembre de 2018 se iniciaron estudios y propuestas de soluciones técnicas para los problemas de los desplazamientos producidos en la ladera”. La misma situación se repitió a principios de 2019, cuando aparecieron indicios de inestabilidades similares en la margen izquierda, por lo que se desarrollaron investigaciones.
Sin embargo, la empresa sostuvo que “la construcción de (la represa) Néstor Kirchner -observada en el informe de Inpres- no modificará la situación actual de El Calafate porque su embalse está desacoplado del Lago Argentino. Y en la zona próxima a las obras no están dadas las dos condiciones para que el llenado del embalse produzca sismos inducidos”.
Junto con su demanda, Electroingeniería aportó otro estudio sísmico a la Justicia de Río Gallegos en el que sostiene que “el criterio sobre la base del cual se diseñó el proyecto de las represas y embalses para responder al riesgo sísmico resulta adecuado” y que “las observaciones del Inpres no proveen un fundamento científico para prohibir, detener o condicionar la marcha de las obras de construcción”.
A su vez, la compañía afirmó que el informe que presentó “debe ser ratificado o rectificado por un dictamen emitido por un organismo de reconocido prestigio académico. Para ello, propicio que se escoja al Área Geología de Terremotos y Peligro Sísmico” de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, “especializada en mecánica estructural y riesgo sísmico; geología de terremotos y peligro sísmico”, medida a la que el juez de Río Gallegos hizo lugar.
Las obras del río Santa Cruz “se emplazan en una zona tectónicamente estable”, sostiene Electroingeniería.
Nota: elDiarioAR se había comunicado el miércoles 5 de octubre con Electroingeniería para actualizar la posición de la compañía sobre el caso pero en la sede de Buenos Aires declinaron hacer comentarios y derivaron la consulta con el Gobierno. Tras la publicación el domingo 9 de octubre, voceros de la compañía se comunicaron para aclarar que Ferreyra había cedido sus acciones.
ED
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