El Gobierno anunció que eliminará subsidios a 1.637 colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por irregularidades con el fin de ahorrar $6.200 millones por mes.
La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria.
“La Secretaría de Transporte decidió dejar de subsidiar 1.637 colectivos en el AMBA a partir de un estudio del sistema automotor que determinó graves irregularidades. El Estado Nacional ha repartido subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos, pero nunca controló si esa cantidad era necesaria o si los colectivos recorrían la cantidad de kilómetros adecuada. Es decir, se desmanteló un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que nos costaba muy caro”.
El portavoz agregó: “Al dejar de pagar este subsidio a partir de marzo, los argentinos nos ahorraremos 6.200 millones de pesos por mes. Además, con la implementación de un sistema de medición se va a determinar el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente la prestación de servicios”.
Luego del anuncio, la Secretaría de Transporte, a cargo del cordobés Franco Mogetta y que depende del Ministerio de Economía tras la disolución de la cartera de Infraestructura, explicó a través de un comunicado cómo se desarrolló el relevamiento que derivó en la quita de subsidios aunque no dio a conocer a qué líneas pertenecen las unidades.
“En esta primera instancia de la implementación de la medida y gracias a un estudio minucioso por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, se detectó que había 1.637 unidades de colectivo que, dada la cantidad de servicios prestados, no correspondía asociar a la estructura de costos (subsidiar), por ello fueron excluidas, generando para el Estado un ahorro de 6.200 millones de pesos solamente teniendo en cuenta el mes de marzo”, señala el texto.
“A su vez, dentro de esta primera instancia, los relevamientos arrojaron como resultado que muchos colectivos recorren una cantidad promedio de kilómetros menor a lo eficiente, esto demuestra que el sistema requiere ajustes para asignar de forma más eficaz los recursos nacionales”.
Según Transporte, se “está llevando adelante un relevamiento y análisis de cada unidad de colectivo que subsidia en el Área Metropolitana de Buenos Aires, al poner en marcha una medida que vincula la validadora SUBE que lleva cada unidad con la patente o dominio del colectivo”.
El gobierno, además, marcó como un factor clave la nominalización de la tarjeta SUBE por parte de los usuarios, lo que permite una asignación más eficiente en los gastos del Estado.
Según la Secretaría de Transporte, en los últimos meses se registraron cerca de dos millones de tarjetas, alcanzando un promedio de 50 mil nominalizaciones por día.
Desde la Casa Rosada se informó que desde 2018 no se hace un control en la cantidad de colectivos que circulan en el AMBA y que desde ese año se contempla la repartición de los subsidios con un parque móvil de 18.300 colectivos, para 9 millones de usuarios. Es por eso que entre las cinco cámaras -AAETA, CEAP,CETUBA,CTPBA y CEUTUPBA- y los funcionarios nacionales venían discutiendo el monto adeudado por el Estado de los últimos dos meses.
Los empresarios insisten en que se regularice el pago de enero y febrero, que representan el 70% de los ingresos de los operadores, para que les permita abonar obligaciones laborales, como una suma fija de $ 250.000 que deberían percibir los choferes este viernes.
Pero mientras las cámaras insisten en el reclamo de $50.278 millones por subsidios correspondientes al primer bimestre del año, desde Transporte aseguran que son $10.000 millones.
El conflicto fue escalando en los últimos días e incluyó la amenaza, tanto desde el sector empresario como del de los trabajadores agrupados en la UTA (Unión Tranviarios Automotor), de ir a un paro ante el incumplimiento de lo establecido en las actas suscriptas entre ambas partes a principios de febrero.
CRM con información de la agencia NA