El Gobierno nacional ratificó la quita de subsidios al transporte en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires a partir del 1 de septiembre, responsabilizando directamente a los mandatarios Jorge Macri y Axel Kicillof por el inminente aumento de tarifas en los colectivos. Franco Mogetta, secretario de Transporte, defendió la medida en nombre de la “equidad federal” y afirmó que, como sucede en otras grandes urbes del país, las administraciones locales deben financiar sus propios sistemas de transporte.
“Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta subsidian sus sistemas de transporte. No podemos seguir permitiendo que el interior del país continúe financiando a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires”, sentenció Mogetta, dejando en claro que a partir de ahora serán Macri y Kicillof quienes deberán absorber los costos para evitar que los boletos suban desmedidamente. “No puede el Gobierno nacional seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país”, subrayó en una entrevista con Radio Rivadavia.
Mogetta aseguró que el objetivo no es que las tarifas se disparen, pero apuntó que la Nación ya no puede hacerse cargo del 50% de las compensaciones en la Ciudad y Provincia. “Hoy la Ciudad solventa el 50%, les pedimos que pasen al 100% o al 90%, lo que ellos dispongan”, explicó el funcionario, enfatizando la necesidad de coordinar una política tarifaria junto con los gobiernos locales.
La medida fue recibida con fuertes críticas por parte de las administraciones de Macri y Kicillof. Desde la provincia de Buenos Aires, denunciaron que hay un intento de “asfixia” financiera hacia la gestión opositora. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, anunció que, debido a la falta de giros de la Nación, se verá forzado a cortar beneficios como la Red SUBE, lo que podría implicar aumentos de hasta un 60% en las tarifas para quienes realicen más de un viaje diario.
Por otro lado, el Gobierno porteño también expresó su malestar, señalando que la falta de un flujo adecuado de los fondos de coparticipación, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, complica su capacidad de absorber los costos de los subsidios. Macri, que mantiene otro frente abierto con la Nación, aún no ha dado una respuesta clara sobre cómo se manejará el aumento de tarifas, pero la situación amenaza con profundizar las tensiones entre el gobierno nacional y la Ciudad.
Mientras tanto, las cámaras empresariales del transporte del AMBA emitieron un comunicado advirtiendo que la continuidad de los servicios está en riesgo. La falta de un acuerdo sobre la cobertura de los subsidios y los recortes en la Red SUBE ha generado incertidumbre. Las empresas anticiparon que desde la semana próxima se reducirán los servicios en horarios nocturnos y durante los fines de semana para evitar una parálisis mayor del transporte.
En medio de esta disputa, Mogetta fue enfático al señalar que si los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ven recortados los beneficios en el transporte, la responsabilidad recaerá únicamente sobre la administración de Kicillof. La Casa Rosada, por su parte, busca presentarse como defensora de la equidad y el federalismo, mientras avanza con un ajuste que impacta directamente en los bolsillos de los usuarios del área metropolitana.
Este conflicto surge en el contexto de un ajuste económico generalizado impulsado por el gobierno de Javier Milei, enmarcado en su política de reducir gastos y promover lo que denomina “equidad federal”. Desde hace años, las provincias del interior vienen reclamando que Buenos Aires (Ciudad y Provincia) recibe un trato privilegiado en términos de subsidios, particularmente en el transporte público.
JJD