Después de seis meses de debate y ocho jornadas de audiencia pública (no vinculante) donde plasmaron su mirada cientos de vecinos, la Legislatura porteña convirtió en Ley el nuevo Código Urbanístico (CUR).
El proyecto obtuvo 31 votos positivos del bloque de Vamos por Más, de Confianza Pública, la UCR, el Socialismo, Republicanos Unidos y un sector de la bancada libertaria que responde a Ramiro Marra; mientras que en contra se manifestaron 11 diputados: tres del Frente de Izquierda, tres alineados con Patricia Bullrich y los restantes de LLA referenciados en Pilar Ramírez. Los 18 legisladores de Unión por la Patria se abstuvieron.
Según se desprende del texto acordado, se impondrán mayores limitaciones a las alturas máximas en barrios residenciales de la ciudad y se sumará una herramienta que posibilitará a los desarrolladores levantar metros en zonas de alta densidad si invierten en barrios del sur.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la aprobación con un mensaje en las redes sociales. “El nuevo Código va a ser clave para que fomentemos el equilibrio de la Ciudad y para que sigamos promoviendo el desarrollo del sur, con más y mejores incentivos para quienes decidan invertir en esa zona. También vamos a priorizar los grandes desarrollos en las avenidas para cuidar la fisonomía de las calles más chicas y tranquilas”.
De acuerdo a sus promotores, el nuevo Código crea un sistema de incentivos para el desarrollo constructivo de la zona Sur, históricamente postergada. Así, quienes construyan edificios para viviendas en determinadas áreas de esa parte de la Ciudad verán reconocida esa capacidad constructiva en determinados corredores de la zona norte. Además, promueve áreas de desarrollo prioritario, como Constitución, Flores y Nueva Pompeya, para poder buscar soluciones particulares a problemas específicos.
En la versión final del proyecto, se incorporaron de manera más detallada herramientas que eran imprecisas en la primera sanción. Entre las principales medidas, destacan la ampliación de la capacidad constructiva, la creación de áreas prioritarias de desarrollo y zonas destinadas a la promoción de espacios verdes, la limitación de altura de las construcciones a 9 metros en más de 400 pasajes, y la inclusión de directrices para la reurbanización de barrios populares.
La capacidad constructiva adicional (CAC) busca promover el equilibrio urbano mediante la revitalización de áreas en el sur de la ciudad, incentivando a los desarrolladores a invertir en estas zonas, denominadas “emisoras de metros”. A cambio, los desarrolladores reciben beneficios para realizar proyectos inmobiliarios en áreas con mayor densidad urbana, conocidas como “receptores de metros”. Los beneficiarios de metros incluyen también a aquellos que realicen obras de restauración y adecuación tecnológica en inmuebles de valor patrimonial que se encuentran deteriorados o en abandono debido a los altos costos de mantenimiento de estas construcciones antiguas.
La reforma se presenta tras una primera aprobación por parte de la Legislatura a finales de septiembre, respaldada por los votos del oficialismo y sus aliados. Además, fue debatida en una audiencia pública no vinculante que se extendió por ocho jornadas, donde los representantes barriales manifestaron su rechazo a varias de las medidas propuestas en la nueva versión del texto.
Adriana Rofman y Juan Graña, del Grupo Paternal –que participó de las audiencias públicas con sus objeciones a la normativa– consideran que la reforma del CUR significa un retroceso en términos de planificación urbana inclusiva, democrática y sostenible. “En primer lugar, este CUR no sigue pautas básicas de planificación, que consisten en evaluar lo actuado para planificar cómo mejorar. El Código vigente se aprobó en el 2018 a partir de la mayoría propia del PRO. Ahora se propone una modificación pero no se presenta evaluación alguna: ¿qué impacto ha tenido, qué problemas ha generado y qué efectos positivos ha tenido? Sin evaluación de su impacto, estamos reformando a ciegas”; apuntaron.
En segundo lugar, señalan que se trata de una propuesta que no toma en cuenta criterios básicos de gestión democrática ya que no cumple con un requisito mínimo, establecido normativamente en el propio GCBA: la actualización previa del Plan Urbano Ambiental (PUA), lo que figura explícitamente como primer artículo del proyecto en debate.
“No sólo es un reclamo nuestro, el propio Gobierno de la Ciudad reconoce la necesidad de su actualización, ya que lanzó el proceso de revisión en 2020 y aún está abierto. Además, el PUA actualmente en vigencia fue elaborado en 2008, cuando las consideraciones en torno a las condiciones ambientales y el cambio climático eran muy diferentes a las actuales ¿Cuál es el apuro en reformar el CUR si no se evaluó el vigente ni se actualizó el PUA que es un requisito?”, apuntan.
MT