Intelectuales agrupados en el espacio “La Mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad” solicitaron al presidente Alberto Fernández que conceda la nacionalidad argentina a 317 personas “arrojadas a la condición de apátridas por el régimen de Daniel Ortega” en Nicaragua.
“La decisión del gobierno nicaragüense no solo es arbitraria sino violatoria de las principales declaraciones y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos de las que nuestro país es signatario, y para las cuales la nacionalidad es un derecho propio e inalienable del individuo”, sostiene una carta dirigida al presidente Fernández difundida este jueves que cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de 1969- Pacto de San José de Costa Rica. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, recuerda.
Días atrás, el gobierno de España ofreció la nacionalidad a 222 presos políticos liberados y expulsados por Nicaragua el jueves 9 de febrero y trasladados a los Estados Unidos. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, los , según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”.
La carta a Fernández, firmada por Graciela Fernández Meijide, Claudia Hilb, Hilda Sabato, Patricia Tappatá Valdez, Alejandro Katz, Sergio Bufano, Lucas Martín, Hugo Vezzetti, Rubén Chababo, pide que al Gobierno “honrar la tradición argentina de los derechos humanos, una tradición que es el suelo común de nuestra democracia y que se expresa en la inclusión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos en nuestra Constitución”.
“Honrar esa tradición, señor Presidente, nos obliga a incluir en nuestra comunidad política a quienes han sido brutalmente privados de su nacionalidad. Entre esas personas se cuentan figuras relevantes de la vida pública nicaragüense, algunas de las cuales han sido destacados combatientes contra la dictadura de Somoza”, dice.
La situación en Nicaragua “exige una respuesta urgente y que pondría una vez más a nuestro país en la vanguardia del cuidado de los derechos humanos”, asegura.
Entre los opositores liberados estaba la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro, así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios. Ambos son hijos de la exmandataria Violeta Chamorro (1990-1997).