La jueza Karina Yabor, presidenta del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata se disponía a dar inicio el jueves pasado a una audiencia virtual en el juicio oral y público de la causa de lesa humanidad conocida como 1 y 60, cuando quedó sorprendida ante el intercambio que formularon dos abogados defensores.
–Buenos días, hermosa mañana doctor Olmedo Barrios
–Hermosa mañana, doctor Miño.
Sólo Guadalupe Godoy, abogada querellante con una larga trayectoria en los juicios de lesa humanidad que se celebran desde hace 17 años en la capital bonaerense tuvo reflejos como insinuar una protesta: “Señora presidenta”, alcanzó a decir mientras el resto de los participantes del debate comenzaban a conectarse, pero en medio de los saludos, la apelación quedó en la nada y la magistrada procedió a dar inicio a la audiencia.
Este diálogo se produjo el jueves pasado entre los letrados Gonzalo Barrios y Sebastián Olmedo Barrios, días después del triunfo que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, obtuvo en el balotaje presidencial y fue transmitido en vivo por La Retaguardia, un sitio de comunicación alternativa que transmite en vivo los juicios de lesa humanidad. Se trató de una situación que refleja lo que puede ser un cambio de paradigma en relación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que desde hace años se desarrollaban en Argentina.
Con el avenimiento de un nuevo gobierno, que estará integrado por figuras que sostienen posturas abiertamente negacionistas sobre los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado –como la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel–, existe preocupación entre los organismos de derechos humanos, los abogados querellantes y las víctimas. Un colectivo que, pese al desfavorable escenario que parece configurarse, apuesta a darle continuidad a los juicios, más allá de la orientación política que tenga la administración que iniciará sus funciones el próximo 10 de diciembre.
“Es una situación que se dio en una audiencia virtual y que seguramente no se hubiera producido en una situación presencial. Estuvo dirigida a los jueces y marca la esperanza que tienen guardada los abogados de muchos represores en relación a los cambios políticos que se produjeron en el país”, señaló Godoy en declaraciones a elDiarioAR.
Apenas recibida, Godoy comenzó a trabajar en 1998 en los juicios de la verdad que se desarrollaron en La Plata para conocer la suerte que había corrido los desaparecidos cuando los caminos de las acciones penales estaban cerrados. Tras la derogación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem, comenzó a querellar en representación de organismos de derechos humanos y víctimas en los juicios de lesa humanidad que se suceden en La Plata desde 2006 hasta la actualidad.
“Hay preocupación entre las víctimas, pero apostamos a mantener la calma y defender todo lo construido. El movimiento de derechos humanos se enfrentó con otro gobierno que apostó al negacionismo y al olvido como hizo (el expresidente Mauricio) Macri y hubo una gran movilización para rechazar el fallo del 2x1”, afirmó la abogada.
Además de las posturas negacionistas de Javier Mileri y su vice, hay otra figura que causa preocupación entre los colectivos que sostienen la prosecución de los juicios de lesa humanidad. Se trata de Mariano Cúneo Libarona, futuro ministro de Justicia
Además de las posturas negacionistas de Villarruel y de las expresiones de Milei, quien en el primer debate presidencial calificó los crímenes del terrorismo de Estado como propios de “una guerra” ocurrida en los años ’70, hay otra figura del próximo gobierno que causa preocupación entre los colectivos que sostienen la prosecución de los juicios de lesa humanidad. Se trata de Mariano Cúneo Libarona, quien sería el ministro de Justicia del futuro gobierno. Abogado que cultiva desde hace años un perfil controversial y mediático, ejerce actualmente la defensa de Enrique Barre, excomisario de la Policía bonaerense acusado en el juicio de la causa Brigadas, que también se realiza en los Tribunales Federales de La Plata.
“Más allá de lo que representa una persona como Cúneo Libarona en la Justicia, tenemos que tener en claro que los juicios van a seguir más allá de lo que diga el próximo gobierno. Pueden obstaculizarse desde el Ejecutivo, pero si eso sucede, podemos accionar en los tribunales y recurrir a la movilización popular”, remarcó a elDiarioAR Pablo Llonto, periodista y abogado que interviene como representante de familiares de víctimas y sobrevivientes en diversos procesos de lesa humanidad.
En ese sentido, Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, afirmó que los juicios siguen activos y la idea es seguir impulsando investigaciones en 2024. “Hay una línea del Ministerio Público Fiscal que no va a cambiar”, aseguró la funcionaria judicial.
Quienes serán las autoridades electas desde el 10 de diciembre no han confirmado la continuidad de la Secretaría de Derechos Humanos, un organismo vital para el impulso de los juicios y las querella que sigue el Estado. Incluso Villarruel propuso darle otra finalidad al predio de la exESMA, donde funciona la Secretaría, el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio Memoria, declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.
Federico Efrón, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos consideró que más allá de cuáles sean las intenciones de las próximas autoridades, la continuidad del Archivo Nacional de la Memoria y los Sitios de Memoria “están asegurados por leyes y compromisos internacionales que suscribió Argentina”.
Desde la instauración del Programa Verdad y Memoria, la Secretaría notifica y asiste a las víctimas, realiza investigaciones sobre los circuitos represivos que funcionaron en la última dictadura militar, querella en los juicios y brinda asistencia psicológica a quienes son llamados a declarar como testigos en los juicios, a través del Centro Fernando Ulloa.
“No tuvimos contactos con quienes serán las próximas autoridades y hay que ver qué es lo que pretenden hacer con todas estas acciones que lleva a cabo el Estado. Pero más allá de eso, los procesos legales y las investigaciones tienen que continuar”, apuntó Efrón, funcionario de un organismo que querella en 12 de los 17 procesos oral y públicos por delitos de lesa humanidad que se están sustanciando.
Sobrevivientes
Carlos Loza estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA durante la última dictadura. Fue testigo y querellante en la megacausa que aún se instruye por los delitos que se perpetraron en esa unidad militar de la Armada. Y como sobreviviente que dio testimonio del horror, no puede ocultar su preocupación.
“Más allá de las intenciones que tengan en el gobierno que se viene, los que sobrevivimos tenemos en claro que debemos continuar esta lucha junto a las Madres y a las Abuelas que siguen buscando a los chicos que nacieron en cautiverio. Los juicios por la ESMA siguen y hay otros muy importantes que acaban de empezar como el de la causa de ”El Villazo“, en el cual se investiga la responsabilidad de la empresa Acindar en los delitos de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución. Hay que mantenerse junto a todos los compañeros”, subrayó Loza.
¿Impulsará el próximo gobierno una amnistía para los genocidas condenados? ¿Se dictará un nuevo “punto final” para los juicios de lesa humanidad? ¿Se pondrán en cuestión las políticas reparatorias? ¿Seguirá el Estado colaborando para identificar las identidades de las personas que nacieron en los centros clandestinos de detención?
Interrogantes que flotan en el aire y que serán despejados en los próximos meses, en lo que se vislumbra como una nueva saga de la larga lucha que organismos, sobrevivientes, familiares de las víctimas libran desde hace décadas junto a Madres y Abuelas por Memoria, Verdad y Justicia.
LC/MG