En abril de 1987, el capitán Ernesto “Nabo” Barreiro fue conocido por el gran público porque se amotinó en predios del Tercer Cuerpo de Ejército del camino a La Calera, en el oeste del Gran Córdoba, desatando la crisis militar carapintada de Semana Santa., durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Barreiro se oponía a que los militares de rangos medios y bajos fueran sometidos a la Justicia civil; a diferencia de los miembros de las Juntas Militares que habían sido juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad en 1985.
La semana pasada, en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, presidido por el juez Julián Falcucci, Barreiro y dos oficiales más del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, el teniente primero Carlos “El Principito” Villanueva y el sargento Carlos “HB” Díaz, comenzaron a ser juzgados por delitos cometidos por la llamada causa “La Casa de Guiñazú”, donde operó un centro clandestino de detención desde 1977 y hasta por lo menos 1979, en una casa apropiada ilegalmente detrás del predio del Liceo Militar General Paz.
Los tres acusados, ya condenados en causas anteriores por delitos de lesa humanidad, gozan del beneficio de prisión domiciliaria, Barreiro y Villanueva en Buenos Aires y Díaz en Alta Gracia. Este es el 13° juicio contra el terrorismo de Estado realizado en la provincia de Córdoba.
El caso puntual por el que los represores están sentados en el banquillo de los acusados es por el secuestro en agosto de 1979 y las torturas sufridos por los militantes del Peronismo de Base, José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Cavigliasso y su cuñado Rubén Amadeo “Pocho” Palazzesi, quien fue asesinado tras las sesiones de torturas.
Para encubrir los apremios y el crimen, desde el Tercer Cuerpo de Ejército, que comandaba el general Luciano Benjamín Menéndez se montó la versión de que cuando era trasladado hacia Campo de Mayo, en un descuido, Palazzesi tomó el control del vehículo y huyó, pero en una mala maniobra sufrió un accidente vial que terminó con él muriendo atrapado dentro del automóvil incendiado.
El abogado querellante Eugenio Biafore, representante de la Secretaría de DDHH de la Nación, destacó que “la importancia de este juicio radica en que estamos ante un homicidio cometido posteriormente a reiteradas sesiones de torturas aplicadas a una víctima en el año 1979, no en los años de la Triple A del 1974 y 1975; o de inicios de la dictadura de 1976 y 1977. La Quinta de Viotti o Quinta de Guiñazú, en inmediaciones del Liceo Militar General Paz, fue uno de los últimos centros clandestinos de detención que operó en Córdoba, en 1979, el aparato represivo ilegal seguía funcionando. También queda claro que hubo un conocimiento explícito de la Justicia federal sobre la represión ilegal, incluso le blanquean oficialmente a los familiares de Palazzesi, que las víctimas estaban bajo responsabilidad del Ejército; pero también está acreditado a través de las propias víctimas y de sobrevivientes, de la participación en este caso de grupos de tareas de la ESMA”.
Según el testimonio de sobrevivientes aportados a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de Córdoba (CoNaDeP Córdoba), en dos operativos realizados en agosto de 1979, “Pocho” Palazzesi, su cuñado Cavigliasso y García Vieyra, fueron secuestrados en Córdoba y llevados al centro clandestino de detención que operaba desde diciembre de 1977 en barrio Guiñazú en una casa quinta apropiada ilegalmente a Silvio Viotti, un militante del Partido Comunista Marxista Leninista, secuestrado en esa fecha.
Allí, los tres fueron sometidos a torturas por Barreiro, quien dirigía los interrogatorios bajo apremios ilegales en los distintos centros clandestinos operados en Córdoba por el Ejército. También participaron del secuestro y las torturas, el teniente primero Villanueva y el sargento Díaz.
Operativos coordinados con la Armada
Días antes del secuestro en Córdoba de estos tres militantes del Peronismo de Base a manos del Ejército; en Buenos Aires fueron secuestrados en distintos operativos realizados por grupos de tareas de la Armada el 3 y 6 de agosto, los militantes Raymundo Villaflor y Enrique Néstor Ardeti, también militantes del Peronismo de Base, quienes fueron alojados en el centro clandestino de detención y exterminio que operaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Ardeti fue asesinado en marzo de 1980 en uno de los vuelos de la muerte, y uno de los responsables de su asesinato es Ricardo Cavallo, un represor que vivía clandestinamente en México haciéndose pasar por empresario, que fue extraditado a España en 2003 para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.
A raíz de la caída a manos de la Armada de Ardeti y Villaflor –primo de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo asesinada en diciembre de 1977, también en los vuelos de la muerte-; el 12 de agosto de 1979 al mediodía fueron secuestrados por agentes de civil del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, en barrio Parque Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba, Palazzesi y García Vieyra. Entre los secuestradores se encontraban Villanueva y Díaz, quienes llevaron a sus víctimas en dos automóviles, Ford Taunus verde y Peugeot blanco, hacia la casona de barrio Guiñazú.
La noche del 22 de agosto de ese mismo año, fue secuestrado Nilveo Cavigliasso, quien se encontraba en su casa de barrio Villa Revol de esta Capital. El grupo de tareas también lo llevó a la casa quinta de barrio Guiñazú, donde estaban alojados su cuñado Palazzesi y García Vieyra. Los tres fueron sometidos a torturas.
Tres días después, el 25 de agosto, según relataron los sobrevivientes y testigos, llegaron a la casa operativa del Ejército ubicada detrás del Liceo Militar General Paz, dos o más torturadores que habrían pertenecido a grupos de tareas que operaban en la ESMA. Los testigos señalaron que estos efectivos de la Armada provenientes de la ESMA sometieron a Palazzasi a reiteradas sesiones de torturas para que confesara hechos y militantes relacionados con el Peronismo de Base y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) en la zona de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Sobre la participación en Córdoba de efectivos de grupos de tareas de la Marina, la viuda de Palazzesi, Cristina Guillén, la primera testigo que prestó testimonio en este juicio, relató que entre los torturadores de su marido “estaba Peyón, tenía la voz finita, era rengo. Tengo entendido que así lo vieron en la quinta de los Viotti. Vinieron de la ESMA para matarlo”.
El represor señalado por la viuda de Palazzesi es Fernando Enrique Peyón, un agente del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Armada conocido como “Giba” o “Quasimodo” por una deformación física. Peyón fue reconocido por sobrevivientes como torturador en la ESMA y en una casa quinta de su padre en General Pacheco, que operaba como centro clandestino de detención; igual que la quinta de Viotti en barrio Guiñazú de Córdoba.
Accidente fraguado
Según la acusación de los fiscales federales Facundo Trotta y Carlos Gonella, “el rigor del castigo impuesto por los interrogadores de la Marina, sumado a su deteriorado estado de salud, en virtud de los 13 días previos de flagelos impuestos por personal del Destacamento de Inteligencia 141 mencionado, provocaron la muerte de Rubén Amadeo Palazzesi el 25 de agosto de 1979”; y que “para encubrir las verdaderas causas del deceso, las autoridades del Área 311 en coordinación con la jefatura del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y personal involucrado de esta Unidad, informaron públicamente que el fallecimiento de Palazzesi había acaecido en oportunidad de trasladarlo hacia Buenos Aires; con motivo de intentar fugarse el nombrado en un automóvil que supuestamente terminó incendiado”.
El comunicado fue oficialmente dado a conocer por el Tercer Cuerpo de Ejército, el 28 de agosto de 1979 señalaba que “el episodio se produjo en camino unión de las Rutas 8 y 9, en el cruce con Del Viso, provincia de Buenos Aires, el día 27 de ese mes y año, a las 18 horas, en circunstancias del traslado del detenido Amadeo Palazzesi para prestar declaración en Comando Subzona F, intenta fugar, aprovechando un inconveniente mecánico en uno de los vehículos custodios. Ante esto se inicia una persecución y el vehículo guiado por el detenido, por maniobrar cae por un terraplén, se imposibilita y se incendia; pereciendo carbonizado el mismo, por la presencia en el vehículo de granadas. Los restos de Palazzesi fueron entregados a sus familiares en dependencias del Hospital Militar de Campo de Mayo en Buenos Aires”.
Tras el asesinato de Palazzesi, a fines de agosto y mediados de septiembre del mismo año, García Vieyra y Cavigliasso, fueron trasladados desde “La Casa de Guiñazú”, hasta la sede de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Córdoba, que operaba en esa época en la calle Mariano Moreno, en el macrocentro de esta Capital. Allí ambos fueron sometidos a torturas. Posteriormente, en el mismo mes de septiembre, los dos sobrevivientes fueron alojados en la cárcel de barrio San Martín, Unidad Penitenciaria N°1, dependiendo del Area 311: García Vieyra recuperó su libertad el 16 de septiembre de 1980; mientras que el 5 de febrero de 1981, Cavigliasso fue trasladado a una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF)“.
Blanqueados por la Justicia federal
Cristina Guillén relató que “es la primera vez que declaro ante jueces de la democracia”; y contó que sobre el secuestro de su marido “nos enteramos por un conocido que los habían secuestrado; una vecina denunció, habrá pensado que era un secuestro común. Imagínense el estado nuestro al saber de esta situación, estábamos en plena dictadura, sabíamos que significaba desaparición o muerte”.
La mujer, declaró además, que presentó un recurso de hábeas corpus ante los Tribunales de la Justicia federal que funcionaban en Obispo Trejo e Hipólito Yrigoyen, y que les respondieron que Palazzesi y García Vieyra estaban detenidos bajo la órbita del Ejército“. El juez federal de esa época era Miguel Angel Puga y el secretario Luis Rueda.
Puga ya fue juzgado en el marco de la causa “de los Magistrados” en 2017, por la connivencia de la Justicia federal con la represión ilegal y lo condenaron a tres años de prisión. En tanto que Rueda llegó a ser juez de la Cámara Federal de Córdoba y murió en 2021, sin someterse a la Justicia.
Rubén Arroyo, presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) y ex integrante de la CoNaDeP Córdoba había señalado reiteradamente que a Rueda había que investigarlo, precisamente por el secuestro y homicidio de Rubén Palazzesi. Desde la APDH Córdoba señalaron a elDiarioAR que “la causa de ”Pocho“ Palazzesi estaba lista para ser elevada a juicio en 2008, hace 15 años, pero la pisaron para no investigar la participación de Rueda”.
Tras enterarse que su marido había sido secuestrado por el Ejército, Cristina Guillén viajó hasta la localidad de Oliva, para poner a resguardo a sus hijos de 5, 3 y 1 años. A los pocos días, ella y su padre, fueron detenidos: “Pasan tres días y nos llevan a mí y a mi padre. Él se fue con 5 pesos en el bolsillo para el colectivo, todos pensamos que iba a volver, el tema es que lo tienen en prisión tres años y pico”.
Cristina Guillén le apuntó a la participación del fallecido camarista Rueda en la represión ilegal: “A mí me sometieron a un Consejo de Guerra, me acusaban de asociación ilícita y subversión. El que divide la causa ahí es (Luis) Rueda, él entraba por el Tercer Cuerpo como por su casa. Él fue el que organizó, les dijo a los milicos cómo tenían que hacer: ustedes tomen esta parte, la Justicia federal toma la otra. (Miguel) Puga era mi juez, era un juez de la dictadura”. La viuda de Palazzesi recuperó su libertad en 1984, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
Barreiro todoterreno
Antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, el capitán Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro integró el Comando Libertadores de América, que comandaba el capitán Héctor Pedro Vergez, responsable de los crímenes de la familia Pujadas –fueron asesinados los padres y otros familiares de Mariano Pujadas-; el secuestro y homicidio y posterior robo del cadáver del dirigente montonero Marcos Osatinsky; el fusilamiento de nueve estudiantes universitarios bolivianos y la desaparición de Alberto Caffaratti, militante comunista y dirigente de Luz y Fuerza. Ya en dictadura, Barreiro se convirtió en jefe de torturadores de los centros clandestinos de detención y exterminio dependientes del Ejército en Córdoba.
En abril de 1987 se hizo conocido por el alzamiento carapintada de Semana Santa, y veintinueve años después del amotinamiento que logró la sanción de las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el jueves 25 de agosto de 2016, el represor Barreiro, fue condenado en el histórico juicio de la megacausa del centro clandestino de detención La Perla a cadena perpetua por 28 crímenes de lesa humanidad.
Hace nueve meses, el 14 de junio de 2022, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba le concedió a Barreiro el beneficio de la prisión domiciliaria atendiendo su edad –tiene 71 años- y el deterioro en el estado de su salud. Cuando le concedieron el beneficio, Barreiro estaba alojado en Campo de Mayo y no en una cárcel común.
Barreiro ya había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en distintas causas, y sólo le restaba que se definieran dos causas que se tramitan en el Juzgado Federal N°1 de Ricardo Bustos Fierro. En junio del año pasado, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos, fallaron en una de esas dos causas; teniendo en cuenta las pericias de la Corte Suprema de Justicia, el del perito de parte y del Servicio Penitenciario Federal.
El perito de la Corte Suprema informó que el estado de salud del represor no le impedía seguir purgando su condena en la cárcel militar de Campo de Mayo. Mientras que el perito propuesto por la defensora oficial Mercedes Crespi, señaló en su informe que Barreiro “es un minusválido, afectado por polipatología concurrente, progresiva –pero ciertamente atenuable- en donde destaca esencialmente la cardiovascular hipertensiva y la insuficiencia renal, a lo que se agrega el intenso sufrimiento que le causa la sintomatología discal lumbar, imposible de atenuar quirúrgicamente dado el alto riesgo que significaría operarlo en las condiciones de intenso estrés al que se lo somete”.
Y el médico del Instituto Penal Federal Campo de Mayo informó a los camaristas cordobeses que “si se agrega a estas patologías el hecho de la privación de libertad, ésta situación genera riesgo de muerte súbita”.
En la audiencia por el caso de la Quinta de Guiñazú, a la que accede por videoconferencia, se lo vio a Barreiro en buen estado de salud general.
GM