El lunes 26 de septiembre quedará como un mojón en la historia de 20 años de la investigación en el Pozo de Vargas, la fosa común ubicada en Tafí Viejo, Tucumán, en donde se han identificado hasta ahora a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Ese día, a las 8, se reinició de manera oficial la excavación en el fondo del pozo de 40 metros de profundidad, ante la presencia de funcionarios de la Justicia Federal, querellantes y familiares de desaparecidos.
Las excavaciones en lo profundo de la fosa se suspendieron en 2016 cuando se produjeron desperfectos en el equipo de bombeo -también por su potencia insuficiente-, fundamental para la continuidad de las tareas porque una napa nutre de manera permanente al pozo. Esto provocó que haya agua en los últimos seis metros, al menos, lo que impidió que los peritos pudieran avanzar en la búsqueda de restos. A la falta de fondos para resolver esta situación se le sumó que por la inactividad y al subir el nivel del agua, se vieron afectados y se deterioraron el montacargas, las luces, el generador de energía eléctrica y el malacate. Por entonces también ya se había detectado que era necesario prolongar la escalera de emergencia y construir una plataforma para el apoyo de los peritos intervinientes en la superficie a excavar. La ausencia de recursos o en cuentagotas e insuficientes provocaron que las excavaciones entraran en vía muerta, lo que se agravó en 2020 con la pandemia.
El pozo, conocido como el “Pozo de Vargas” por el apellido de la familia propietaria del terreno, se encuentra a metros de las vías del tren y fue construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Está en el municipio de Tafí Viejo, en el límite suroeste con San Miguel de Tucumán, en un lugar que antes era pura ruralidad pero que con el paso de los años se ha convertido en una vía de comunicación clave entre las ciudades de Tafí Viejo, Yerba Buena y la capital tucumana, por lo que miles de autos circulan a diario por la puerta de acceso al predio que está señalizado, desde 2015, como Sitio de la Memoria.
Aún cuando no se pudo avanzar con las excavaciones, los peritos trabajaron en el laboratorio -que se encuentra en el mismo predio- en el análisis de los materiales que se recuperaron junto con los restos óseos, como prendas de vestir, calzados, proyectiles de distintos calibres, elementos de amarre usados para maniatar a las víctimas (tanto para su traslado hacia la fosa, como para ser arrojadas adentro) y vendas que se usaron para anular la visión de los detenidos, torturados y asesinados. Todo el material de origen humano, como huesos, es enviado a la Capital Federal para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice su identificación.
Los peritos también trabajaron en el mantenimiento del predio, tarea en la que contaron con la colaboración permanente, desde 2015, del intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que visitó el lugar en varias ocasiones y garantizó obreros y máquinas del municipio para el desmalezamiento y acciones complementarias de limpieza. “El sitio forma parte de nuestra memoria colectiva que no podemos dejar de lado, es necesario llegar a la verdad y que las nuevas generaciones conozcan de que se trató el horror de la dictadura cívico militar. Como municipio, estamos trabajando en un proyecto para revalorizar ese espacio y para que los estudiantes de escuelas y colegios lo visiten, solo así se mantendrá viva la siempre vigente consigna de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó Noguera a este medio.
La pandemia de Covid 19 y el aislamiento paralizó casi por completo las actividades de investigación y también las gestiones para su financiamiento que afectó, incluso, el pago de los honorarios de los peritos, situación que reflejó elDiarioAr desde enero de este año, en un sucesión de notas. En febrero se reactivaron las gestiones desde el juzgado Federal ante el Consejo de la Magistratura, desde donde se destinan fondos para la investigación Pozo de Vargas, por lo que desde entonces comenzó la lenta pero sostenida acción para recuperar los seis años en los que no se descendió a la fosa para excavar. Así, se reemplazó la bomba, se adquirieron nuevos equipos, se hizo el mantenimiento de otros y se pusieron al día los honorarios de los peritos.
El jueves 22 de septiembre, a las 8, el juez federal Fernando Poviña, que está cargo de la investigación, fue hasta el predio, lo recorrió, constató que la puesta a punto de los equipos y al día siguiente ordenó que el lunes 26 se reiniciaran de manera oficial las tareas de excavación. La decisión fue comunicada a las querellas y determinó que los peritos Ruy Diego Zurita, Alejandro Leiva, Luciano Molina y Fabio Srur sean los que desciendan al Pozo para darle continuidad a la búsqueda de restos. Las tareas complementarias en el exterior, como trabajar en la zaranda del material, estarán a cargo de los peritos Aldo Gerónimo, Víctor Ataliva y Sergio Cano. Todas las acciones son coordinadas y supervisadas por el perito geólogo Juan Carlos Valoy.
“Estos 20 años de tareas en el Pozo de Vargas nos han sorprendido por la cantidad de víctimas identificadas hasta ahora, 116 en total, y habrá que tener paciencia para lo que pueda arrojar esta etapa. Siento algo parecido a lo que me pasó aquel 24 de abril de 2002, cuando comenzaba la investigación, como un comenzar de nuevo, pleno de expectativas y emociones. Esta vez hemos notado con beneplácito el apoyo del juez en todo lo relacionado con la protección física de los peritos, a través de una guardia diaria de los bomberos, una ambulancia que provee el municipio de Tafí Viejo y la presencia de un geólogo que debe controlar y garantizar las condiciones de trabajo”, expresó a elDiarioAr Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de Tucumán, el abogado Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014.
Piedras en el camino
Hasta el momento, los peritos se han encontrado en los últimos metros del pozo con piedras de grandes dimensiones que no se condicen con las características del suelo, a esa profundidad. Es decir, se supone que fueron arrojadas a propósito y se cree, según una de las hipótesis, que esa acción podría haber sido para ocultar restos. La extracción de ese material y su posterior análisis permitirá tener certezas. En estos primeros días los avances fueron significativos y todos los equipos funcionaron sin inconvenientes.
Laura Figueroa, abogada de la querella, también se mostró satisfecha con este reinicio. “Estamos en una instancia decisiva para hallar nuevas identidades, lo que se ha logrado hasta aquí es muy importante pero aún hay un gran recorrido por hacer, teniendo en cuenta que el Pozo de Vargas es casi un anexo de esa gran investigación que es el centro clandestino de detención, tortura y crímenes ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, que debe reactivarse. Nos faltan muchas víctimas y además de las que aún no saben qué pasó con sus seres queridos, están las que quieren completar los restos (los esqueletos) porque solo cuentan con pequeños pedacitos de huesos que sí sirvieron para la identificación”.
Una de las identificaciones más conocidas en el Pozo fue la de Luis Falú, el 7 de junio de 2016. Ese día, a la familia Falú se le comunicó que los restos de “Lucho”, hermano del reconocido músico tucumano Juan, estaban en la fosa. Fue secuestrado por un grupo de tareas el 14 de setiembre de 1976, cuando tenía 25 años, a metros de la casa en donde vivía con su familia, en Lamadrid al 600, casi en el centro de San Miguel de Tucumán. Trabajaba en Gas del Estado y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Militaba en el Integralismo, un espacio del peronismo revolucionario universitario. Sus padres y hermanos jamás tuvieron noticias de su destino hasta que comenzaron los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura.
En su momento, en diálogo con elDiarioAr, Falú sostuvo: “Imaginé el itinerario del cuerpo de mi hermano, ese muy escalofriante viaje nocturno desde los ex Arsenales hasta el Pozo de Vargas. Camiones cargados con cadáveres para ocultarlos, un segundo ocultamiento para no dejar rastros pero la historia desnudó esa atrocidad. Aunque sé que no toda la sociedad está unida antes estos hechos, en algún momento se reconocerá el compromiso, la lucha de los familiares de desaparecidos, los organismos y los peritos e investigadores”.
DC/MG