La web de la Auditoría General de la Nación (AGN) es elocuente: en el espacio donde está publicado su organigrama, no hay información debajo del subtítulo “Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Diputados”. La demora de esos nombramientos tiene cierta importancia política, porque fue parte de la discusión entre el Gobierno y sus aliados del PRO en la previa a votación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario del miércoles pasado. De fondo, revela un intríngulis de mayor alcance y que aún no tiene salida a la vista: los libertarios y amarillos disputan un lugar que también reclaman los radicales.
La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.
Debajo de Olmos, el directorio se compone de tres auditores designados por el Senado y tres por Diputados, que no son legisladores. Por Cámara alta ya actúan Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo. Pero aún están vacantes las designaciones por parte de la Cámara baja.
Fue este directorio con cuatro firmas el que confirmó el jueves que, un día antes –justo cuando Diputados bloqueó el aumento a los docentes y no docentes universitarios– había definido para su plan de trabajo 2025 auditar una serie de casas de altos estudios al calor del debate público: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.
Ese plan no fue firmado por los auditores designados por Diputados porque no hay acuerdo político para esos nombramientos. El nudo de la cuestión es una puja cruzada entre los bloques parlamentarios y, según pudo reconstruir elDiarioAR, no se resolvería pronto pese a la coyuntura. De las tres sillas, el kirchnerismo ya acordó internamente que su representante sea Juan Ignacio Forlón, que ya tiene experiencia en el cargo. El problema está en quiénes serán los otros dos auditores, porque tanto los libertarios, como el macrismo y los radicales tienen aspiraciones propias para esos cargos. Hay dos sillas para tres candidatos.
El oficialismo quiere en ese lugar a Santiago Viola, abogado íntimo de los hermanos Milei y Santiago Caputo y apoderado del flamante partido nacional LLA. El PRO propone al exministro macrista Jorge Triaca. Y la UCR, en acuerdo con el espacio de Miguel Pichetto y Elisa Carrió, busca ubicar al exdiputado Mario Negri. Formalmente, hasta ahora solo fueron presentados como candidatos Triaca y Negri. El problema es que el reglamento no establece textualmente que las designaciones sean por la cantidad de bancas de cada bloque, sino que deja libre la decisión a la negociación política. Los auditores generales son designados “observando la composición” de la cámara, dice la AGN.
Los amarillos y violetas quisieran cerrar un acuerdo propio para correr al radicalismo, pero no tiene la suficiente fuerza en el recinto para imponer una mayoría que designe a Viola y Triaca: el blindaje de los vetos demostró que con otros aliados llegaría a lo sumo a 87 votos. En la vereda de enfrente, el radicalismo parece tener apalabrado al peronismo para jugar en tándem con Forlón y Negri. Tras bambalinas el debate es picante.
“Tenemos 150 votos a nuestro favor. Porque Negri y Forlón salen por acuerdo de los radicales con UP, Pichetto y la Coalición Cívica. Que la derecha elija como quieran entre Viola y Triaca”, espetaron desde la UCR a los panlibertarios. “Los radicales son la cuarta minoría, pero todavía no lo saben”, cruzaron desde el PRO a sus exsocios en Juntos por el Cambio. “El problema no es el PRO, sino la UCR”, confirmaron en la cúpula de LLA. UP es la primera minoría del recinto con 99 diputados y muy atrás lo siguen el oficialismo con 39 y el PRO con 38. La UCR tiene 33. Encuentro Federal de Pichetto suma 16, Innovación Federal –el espacio de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– son 11 y la CC, 6.
El laberinto no tiene aún una salida. Ni en el oficialismo ni en la oposición aventuran cuándo se votaría el tema en el recinto. Ya se intentó una vez y fracasó. “Hay que encontrar el momento y lo hacemos. Si desde el oficialismo no avanzan es porque tampoco quieren sacrificar a Triaca”, amenazan en el radicalismo. “No está en agenda”, se desentendieron los libertarios.
La demora puede leerse como una señal del Gobierno sobre qué tan prioritario le parece auditar las universidades. Uno de los principales argumentos que agitó el Gobierno para arremeter contra la ley de financiamiento es que las universidades rechazaban ser auditadas, pese a que el artículo 7 del proyecto opositor establecía que la AGN “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones”.
Por otro lado, el PRO, además de apurar la conformación de la AGN, también le exigió completar la bicameral que tiene que aprobar el plan de trabajo del organismo. Es un cuerpo de senadores y diputados que va a presidir Pichetto. Además el macrismo reclamó que Milei derogue el coto que se autoimpuso la SIGEN, que depende del Presidente, para intervenir en el control de las casas de altos estudios a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Hasta que el Gobierno no aceite el acuerdo político, la AGN seguirá incompleta.
MC/JJD