La sesión especial de este miércoles, en la que la Cámara de Diputados discutirá el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, se convertirá en una prueba de fuego para el oficialismo. Es que por más que el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo ya definió que acompañará la decisión del Presidente, la oposición está cerca de lograr los dos tercios necesarios para insistir con el proyecto que busca recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios, un escenario que obliga al gobierno de Javier Milei a trazar una estrategia más allá del ámbito del Congreso.
Tal y como adelantó la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni, la judicialización es una de las cartas que baraja la Casa Rosada de cara al inminente revés legislativo. El argumento es que la normativa incumple el reglamento por no especificar la fuente de financiamiento para afrontar un gasto no previsto en el presupuesto general. “El equilibrio fiscal no se negocia”, repiten como un mantra en las oficinas gubernamentales. Sin embargo, en Balcarce 50 saben que un proceso judicial los enfrentaría a una serie de amparos y posibles cautelares en contra, lo que ralentizaría la cuestión.
Otra opción que es analizada por La Libertad Avanza para cubrir el costo del 0,14% del PBI que conllevaría la ley es la de reasignar recursos, con los fondos del presupuesto de Salud como principal afectado. El flamante titular de esa cartera, Mario Lugones, se reunió apenas asumió al frente del cargo con la primera línea de funcionarios del área con el fin de comunicarles que está en sus planes la reducción de estructuras, además de una reformulación de los programas existentes. En el Gobierno aclaran que esta decisión tendría que ver, sobre todo, con una priorización en la compra de medicamentos.
Una tercera alternativa, todavía más arriesgada, sería redirigir fondos previstos para obra pública en el Presupuesto 2025 a la Secretaría de Educación, comandada por Carlos Torrendell. En el oficialismo son conscientes de que esta decisión podría tensar la cuerda los gobernadores, con quienes el Gobierno se comprometió a girar fondos a sus provincias para completar los proyectos de infraestructura que quedaron a medio terminar.
Pese a que sus ocho integrantes votaron a favor de la ley, resta saber cómo votará este miércoles Innovación Federal, la bancada que responde a los mandatarios provinciales de Salta, Río Negro y Misiones. Su jefa, Pamela Calletti, que es docente universitaria, ya comprometió el apoyo de los tres diputados salteños. “A mí y a mis compañeros de bloque no nos van a encontrar apoyando las políticas de este gobierno”, dijo, por su parte, el misionero Alberto Arrúa, haciendo gala de una intransigencia opositora hasta el momento desconocida.
En total, el proyecto de ley con el que la oposición insistirá en el recinto de la Cámara de Diputados equivaldría a un costo fiscal de unos $740.000 millones. De ese monto global, unos $441.000 millones corresponderían a la recomposición de salarios docentes y no docentes, una de las demandas impulsadas por los gremios que representan a los trabajadores universitarios.
El Gobierno afirma que el diálogo con las autoridades educativas nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas y a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, niega que esto haya sido así y cruzan a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en las partidas previstas en la ley de Presupuesto que está a las puertas de tratarse en el Congreso.
Es que además de amenazar con la posibilidad de arancelar la universidad para estudiantes extranjeros no residentes, en la comunidad universitaria no descartan que continúen los recortes a los fondos destinados para la educación superior. Temen que sigan viéndose afectadas las becas para estudiantes de bajos recursos, congeladas en 20.000 pesos desde noviembre del año pasado, al igual que el financiamiento para los comedores. También creen que podrían correr peligro los fondos destinados a investigación.
PL/JJD