Este martes, la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados rotará el eje de la investigación contra los jueces de la Corte Suprema. La reunión parlamentaria y los interrogatorios a testigos, que hasta el momento se concentraron en el affaire Robles y los chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, estarán centrados en el trasfondo del fallo del máximo tribunal que aplicó el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad: Luis Eduardo Muiña.
Con este caso, el Frente de Todos seguirá poniendo el foco en el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, pero sumará al juez Carlos Rosenkrantz. Además, el debate en la comisión con el 2x1 en escena seguirá dando vueltas sobre los supuestos lazos o vínculos de los jueces de la Corte con Juntos por el Cambio, o en este caso, el gobierno de Cambiemos (diciembre 2015-diciembre 2019), ya que el kirchnerismo sostiene que el fallo habría sido previamente acordado entre los jueces y el Ejecutivo.
El macrismo siempre negó haber intervenido en la cocina del fallo. El entonces presidenta Mauricio Macri se manifestó en contra del fallo días más tarde y el Congreso se reunió de urgencia para sancionar una ley que impidiera volver a aplicar el beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad.
Este martes, el Frente de Todos tenía previsto interrogar al exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano; su segundo en el ministerio y ahora juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi; al ex jefe de asesores de la Presidencia y ahora senador de Juntos por el Cambio, José Torello; y al abogado y exfuncionario de Macri, Fabián Rodríguez Simón. Los cuatro son señalados por el kirchnerismo como integrantes de la “mesa judicial” durante el gobierno de Macri. Ninguno acudirá a dar testimonio.
Garavano y Otamendi solicitaron reprogramar la fecha, mientras que Torello presentó un escrito en el que sostuvo que no se presentará a declarar porque siendo senador podría terminar interviniendo en el juicio político a los jueces de la Corte. Rodríguez Simón está prófugo de la Justicia e Interpol notificó a la comisión sobre cómo podría notificarlo, ya que se encuentra en Uruguay.
El oficialismo escuchará este martes a dos secretarios letrados del juez Rosenkrantz: los abogados Federico Morgenstern y José Sebastián Elías. Rosenkrantz es clave en el caso ya que fue el juez que lideró dentro del tribunal los argumentos para aplicar la ley del 2x1 al caso Muiña. Los letrados que integran los equipos de los jueces son quienes se encargan de reunir la jurisprudencia y escribir los borradores del voto que, luego, el juez analiza, modifica o corrige y firma. Son también los encargados de exponer ante otros jueces del tribunal los argumentos de su tesis o posición jurídica.
La hipótesis
En mayo de 2017, los jueces Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco (quien renunció a finales de 2020) y Rosatti votaron a favor de Muiña, quien había sido condenado en 2011 por cinco casos de torturas y desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en el Hospital Posadas. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia con sus colegas.
Una de las víctimas de Muiña, la sobreviviente Gladys Cuervo, y la hija de otro de ellos desaparecido, Zulema Chester, también declararán este martes por la tarde ante la comisión parlamentaria.
Los jueces no pueden ser juzgados por sus fallos o decisiones jurídicas. Sin embargo, el FdT indagará en si las razones por las cuales Rosenkrantz y Rosatti fallaron a favor de Muiña estuvieron relacionadas con una negociación política o personal con el Gobierno, lo cual sí encuadraría en un mal desempeño de sus funciones.
El kirchnerismo sostiene la hipótesis de que el fallo fue impulsado por el gobierno de Macri y que el Ejecutivo negoció la decisión de la mayoría en la Corte con Highton y Rosatti. Esta versión, nunca reconocida por ninguno de los mencionados, sostiene que el gobierno de Macri negoció el voto de Highton a cambio de no apelar un fallo que todavía no estaba firme y que beneficiaba a la jueza haciendo lugar a un amparo presentado por la propia Highton para poder permanecer en la Corte después de los 75 años sin un nuevo acuerdo de la Presidencia y del Senado, como marca la Constitución.
En el caso de Rosatti, su voto habría conllevado el beneplácito oficial para asumir la presidencia de la Corte en 2018, según esta versión. Aunque, a finales de 2018, fue Rosenkrantz quien desplazó a Lorenzetti de la presidencia del tribunal con los votos de Maqueda, Highton y Rosatti.
Por el caso de Highton, el oficialismo interrogará este martes a Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien responderá sobre los motivos del organismo -que nuclea a los abogados del Estado Nacional- para no haber apelado el fallo que favorecía a Highton, yendo en contra de la línea que venía manteniendo el Ejecutivo en la causa, y que permitió que la sentencia a favor de la jueza quedara firme.
Highton ya no puede ser juzgada pero el oficialismo quiere ahondar en la hipótesis alrededor de su caso para intentar establecer si existió la supuesta negociación de votos.
La hipótesis de la negociación política del fallo no nació del kirchnerismo. Corrió primero por los pasillos de la Corte, en especial, los que rodean el despacho de Lorenzetti, entonces presidente del tribunal, según las crónicas de entonces.
La interna en la Corte comenzaba a escalar. Habiendo o no intervenido el gobierno de Macri, el fallo significó que el entonces presidente del tribunal quedara en minoría.
Los diputados del Frente de Todos también habían citado para este martes a la periodista Silvana Boschi, quien publicó un libro sobre la Corte y detalló las sospechas y trastiendas de esta versión. La periodista también solicitó reprogramar la fecha de su declaración.
El fallo a favor de Muiña significaba su posible aplicación a los casos de centenares de represores presos o condenados por delitos de lesa humanidad. Luego de que la Corte fuera el garante del avance de los juicio por estos delitos y el reconocimiento de su imprescriptibilidad para poder juzgar a los acusados durante los últimos 20 años. Este martes, la comisión de Juicio Político también escuchará a la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y quien solicitó que Muiña fuera nuevamente detenido en julio de 2017.
El escenario que desató el fallo en 2017 fue inédito: oposición y parte del oficialismo de entonces repudiaron la decisión y miles de personas se manifestaron en las calles en contra del tribunal. Se presentaron tres pedidos de juicio político contra los jueces Rosenkrantz, Nolasco y Rosatti por parte de diferentes bloques de diputados, informó la agencia estatal Télam. Ninguno prosperó entonces.
En 2020, la diputada Vanesa Siley, integrante de la comisión de Juicio Político y FdT, presentó un nuevo pedido de juicio político contra Rosenkrantz por el fallo del 2x1 y otros sobre lesa humanidad, como el de la “Noche del Apagón” del Ingenio Ledesma. Es uno de los 14 proyectos de juicio político por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte que impulsa ahora el oficialismo.
La fiscal Laura Roteta, titular de la fiscalía federal número 1 de La Plata también declarará este martes como testigo ante la comisión, pero en torno a oro capítulo del proceso contra los jueces de la Corte que había quedado pendiente de reuniones anteriores: el supuesto nexo de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, con el ministro porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.
El caso Muiña
Los hechos habían ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo de 1976, cuando el entonces general Reynaldo Bignone comandó un operativo que incluyó el despliegue de tanques y helicópteros para detener al personal del hospital ubicado en la localidad de Haedo, provincia de Buenos Aires, y del participó Muiña, de acuerdo con los antecedentes publicados por el Centro de Información Judicial (CIJ).
En 2011, el represor fue condenado a trece años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 2 y la sentencia quedó firme por decisión de la Corte en agosto de 2013, cuando el tribunal rechazó el recurso de revisión presentado por el defensor oficial de Muiña.
Cuando la condena quedó firme, el tribunal oral que la había dictado realizó el cómputo de ejecución de la pena y estableció que esta vencía el 11 de noviembre de 2016, debido a los años que Muiña había pasado con prisión preventiva y la aplicación del beneficio de la Ley 24.390, también conocida como la Ley del 2x1.
Mientras estuvo vigente entre 1994 y 2001, esta normativa votada por el Congreso ante la sobrepoblación carcelaria establecía que transcurrido el plazo de los dos años de prisión preventiva, se debían computar dos días de prisión o uno de reclusión por cada día de prisión preventiva. La aplicación de este beneficio, disminuyó automáticamente la pena de trece años impuesta a Muiña.
En desacuerdo con el cómputo y la aplicación del 2x1, el Ministerio Público Fiscal apeló y la Cámara Federal de Casación le dio la razón, revocando el cómputo inicial, y estableciendo que la ley del 2x1, derogada en 2001, no debía aplicarse a un caso de lesa humanidad.
Ante este último fallo, la defensa de Muiña acudió a la Corte para solicitar que se revise la decisión y se aplique el beneficio de la ley más benigna, que permite aplicar incluso una ley derogada, como en este caso.
El 3 de mayo, la Corte falló a favor del represor por mayoría. Rosenkrantz y Highton consideraron que debía aplicarse el artículo 2 del Código Penal, que “establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos”, además de las normas establecidas por los artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su voto, Rosatti expuso “el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad” pero concluyó que “este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes”. El santafesino dijo entonces que “si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes”.
Seis días después del fallo y en medio de movilizaciones y protestas, el Congreso se reunió de urgencia para sancionar en dos días una ley que saldara el vacío legal que había venido a establecer el fallo de la Corte. El 11 de mayo, el entonces presidente Macri firmó el decreto que promulgó la ley: se excluyó de la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El Congreso nunca antes había modificado la legislación para cerciorarse de que la ley más benigna no pudiera aplicarse a este tipo de casos.
Muiña estaba libre cuando la Corte falló a su favor. En julio de 2017 volvió a ser detenido. Fue nuevamente juzgado y condenado en 2018 por otros hechos ocurridos en el Hospital Posadas. Murió preso, en diciembre de 2021. Había sido trasladado a un hospital público desde la Unidad 34 de Campo de Mayo.
ED