En una nota girada al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, y al gobernador cordobés Juan Schiaretti, organismos de DDHH encabezados por la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclaman que “dispongan en forma urgente la supresión de la nómina de Jefes de la Policía de Córdoba y que sean retirados los cuadros con sus fotografías de la Galería de Honor de ex Jefes de Policía, ubicada en el edificio de la Jefatura de Policía, del teniente coronel retirado Antonio Domingo Navarro y quien en 1974 llevó adelante un inédito golpe de Estado policial contra un gobierno elegido democráticamente, denominado Navarrazo y, del comisario de la Policía Federal retirado, Héctor Luis García Rey, ex integrante de la organización terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (Triple A)”.
El pedido de la APDH Córdoba y la Liga al que adhirieron Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, HIJOS Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Córdoba, Ex presos por la Patria Grande y la Asociación de ex presos políticos de Córdoba, coincide con el 49° aniversario de “la cacería”, un operativo de la Policía de Córdoba comandado en persona por el jefe García Rey en los locales de los gremios clasistas Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba; y Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) donde se buscaba asesinar a sus dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca.
Además, en el mismo operativo fueron allanados los locales del Partido Comunista (PC) y Partido Socialista de los Trabajadores (PST), donde hubo decenas de detenidos que fueron sometidos a apremios ilegales. Diez días después de los allanamientos, el 19 de octubre, producto de la tortura en dependencias de la Dirección de Inteligencia de la Policía (D-2), murió la militante comunista Clelia “Tita” Hidalgo, responsable de la Comisión Sindical del centro de la Capital.
La nota girada al ministro López, firmada por los copresidentes de APDH Córdoba, Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente; y el titular de la Liga, Julio César Martínez, señala: “El 27 de febrero de 1974, el gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano ordenó el cese en sus funciones del jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Ese mismo día, el depuesto jefe policial se amotinó y derrocó a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. El presidente Juan Perón avaló el golpe policial contra Obregón Cano, designando interventor de la Provincia a Duilio Brunello, que fue vice ministro de Bienestar Social bajo las órdenes del ministro José López Rega, fundador de la Triple A. Navarro además encarceló ilegítimamente a las máximas autoridades provinciales y a funcionarios del Poder Ejecutivo, imponiendo un implícito estado de sitio, además de persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, siendo la antesala de del golpe cívico, militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976”.
El escrito destaca, además, que “una vez fallecido el presidente Juan Perón, su viuda, la flamante presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita), a instancias de López Rega reemplaza a Brunello y designa interventor federal al brigadier retirado Raúl Lacabanne; quién a su vez impuso como nuevo jefe policial a Héctor García Rey, un comisario de la Policía Federal que ya había prestado funciones y había sido denunciado por torturas en Tucumán. García Rey, había recibido instrucción por parte del Departamento de Estado de EE.UU. y había participado de la matanza de la Plaza Tlatelolco, en México; y en el marco del Plan Cóndor había sido asesor en las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Alfredo Stroessner en Paraguay”.
Ya en julio de 2007, el entonces intendente Luis Juez, instruyó a los legisladores del Frente Nuevo y al director de DDHH de la Municipalidad, Luis Baronetto, para que le solicitaran al jefe de la Policía de Córdoba, comisario general Alejo Paredes, que retire los cuadros de la Galería de Honor ubicada en el tercer piso de la Jefatura de Policía de los cinco ex jefes de la fuerza durante la pasada dictadura cívico militar entre 1976 y 1983: el ex teniente coronel Benjamín Adolfo Rivas Saravia; el ex coronel Rodolfo Aníbal Campos; el ex coronel Alberto Rozas Garay; el ex coronel Carlos Vidal Uranga y el ex coronel Roberto Bernardo Dambrosi. Los cuadros fueron quitados.
La cacería
La nota de los organismos de DDHH de Córdoba describe cómo sucedieron los allanamientos entre los días 9 y 10 de octubre de 1974, sólo siete meses después de haber derrocado al gobernador Obregón Cano y a su vicegobernador Atilio López, que dirigía el gremio de los colectiveros Unión Tranviarios Automotor (UTA): “Tras la asunción del interventor Lacabanne, fueron ilegalizadas las conducciones gremiales de SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba, lideradas por René Salamanca y Agustín Tosco respectivamente. Ya hacia fines de 1973, meses antes del Navarrazo, la Triple A organizada y liderada por José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social de los gobiernos de Juan e Isabel Perón, difundió mediante un comunicado, una lista de militantes del campo popular que ‘serán inmediatamente ejecutados donde se las encuentre’, entre los que se destacaban los sindicalistas cordobeses Salamanca y Tosco; los dirigentes gremiales Armando Jaime y Raimundo Ongaro; el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; el profesor Rodolfo Puiggrós, ex rector interventor de la Universidad de Buenos Aires; el abogado Manuel Gaggero, director interino del diario El Mundo; el abogado Silvio Frondizi y Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otros. La banda ultraderechista Triple A ya había asesinado el 10 de septiembre de 1974 a Alfredo Alberto ”Cuqui“ Curutchet en Beccar, Buenos Aires, abogado y defensor de sindicatos, trabajadores, presos políticos y luchadores por los derechos humanos; y al vicegobernador cordobés Atilio López el 16 de septiembre de 1974, seis meses y medio después de haber sido destituido; en un atentado perpetrado en la provincia de Buenos Aires: el líder de la UTA cordobesa fue secuestrado junto a su amigo Juan José Varas, y ambos aparecieron acribillados a orillas de la Ruta 6, en Exaltación de la Cruz”.
El escrito detalla, además: “Durante el operativo comandado por el jefe de la Policía de Córdoba, comisario Héctor García Rey entre los días 9 y 10 de octubre de 1974, decenas de oficiales, suboficiales y agentes policiales, algunos de los cuales actuaban en la organización terrorista de ultraderecha Triple A, allanaron los locales gremiales de SMATA de calle 27 de abril 663; del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en calle Deán Funes 672; y los locales partidarios del Partido Comunista (PC), sito en calle Obispo Trejo al 300 casi bulevar San Juan; y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ubicado en Humberto Primo casi esquina Avellaneda; donde hubo decenas de detenidos, quienes fueron torturados en dependencias policiales; y producto de los apremios ilegales, diez días después del operativo falleció Clelia ”Tita“ Hidalgo, militante del Partido Comunista. Además de ser detenido y torturado el dirigente del Comité Ejecutivo del PST, César Robles Urquiza, quien luego de recuperar su libertad fue secuestrado y asesinado por la Triple A en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de ese año”.
Tras los allanamientos, el Partido Comunista editó un folleto titulado “¡Córdoba acusa! Las 3 A y la CIA. Testimonios y documentos gráficos de los hechos ocurridos el 9-10-1974”; donde expone, entre otras pruebas, que tras desalojar el lugar, los policías al mando de García Rey pintaron en las paredes: “Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A”.
Entre los 49 detenidos se encontraba Clelia “Tita” Hidalgo (30), responsable sindical del centro de la Capital del PC, quien muere el 19 de octubre en el Hospital San Roque, donde la habían llevado para intentar salvarle la vida, luego de someterla a largas sesiones de tortura. Esa causa está abierta en los Tribunales federales de Córdoba y podría ser juzgada en 2024.
El sello de la Triple A
El abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Julio César Martínez contó a elDiarioAR que la causa del allanamiento al local del Partido Comunista donde fueron torturados decenas de militantes de la Comisión Sindical y de la Federación Juvenil Comunista (FJC) “actualmente se encuentra en etapa de instrucción en la Justicia federal de Córdoba. Se están tomando indagatorias a los imputados y testimoniales a las víctimas”.
Este miércoles 11 desde las 10.30, en el Archivo Provincial de la Memoria, donde funcionó el D-2 de la Policía cordobesa, el PC y la Liga realizarán una conferencia de prensa donde darán a conocer el estado judicial de la causa.
“Después de asumida la presidencia María Estela Martínez de Perón, designó interventor en la provincia de Córdoba al brigadier Lacabanne, el 7 de septiembre de 1974; cuya misión fue despegar un operativo muy vasto de persecución y represión sobre el conjunto del movimiento popular de Córdoba; y a estos fines nombró en la Jefatura de la Policía al comisario de la Federal, García Rey. El nuevo jefe se rodeó de oficiales que tenían reconocidas prácticas fascistas”, explica Carlos Vicente, copresidente de APDH Córdoba y firmante de la nota girada al ministro López y al gobernador Schiaretti.
El dirigente sostuvo que “el 9 de octubre de 1974 una comisión policial encabezada personalmente su jefe García Rey, salió en persecución, captura y detención de las conducciones de los sindicatos de Luz y Fuerza y SMATA, iniciando una verdadera cacería de sus secretarios generales Agustín Tosco y René Salamanca. En esta comisión policial, además participó el jefe del Departamento de Informaciones D-2, Alberto Choux y agentes del D-2, la Guardia de Infantería, el Comando Radioeléctrico y de las Seccionales Primera y Tercera; todas las dependencias iban con sus respectivos jefes. En primer lugar se dirigieron a la sede de SMATA en calle Veintisiete de Abril, donde ingresaron sin ningún tipo de orden judicial, ocuparon el local sindical con la expresa intención de capturar y llevar detenido a la Comisión Directiva y especialmente a René Salamanca. Al no encontrarlos, detienen a unos 10 activistas y trabajadores de SMATA”.
“Posteriormente el mismo grupo policial se dirigió al local de Luz y Fuerza, en calle Deán Funes, y al ingresar, la Policía abre fuego con armas de distinto calibre, tampoco exhibe ninguna orden judicial para hacer el ingreso. En este hecho, varias decenas de policías uniformados y de civil tomaron el sindicato y se mantuvieron en sus instalaciones los días 9 y 10 de octubre; sin ningún control, durante esos días ingresan armas, uniformes y material impreso. En Luz y Fuerza son detenidas más de 100 personas, algunas, miembros de la Comisión Directiva del sindicato, como Taurino Atencio, quién es alojado en una comisaría. Una parte de esa comisión policial queda ocupando Luz y Fuerza, y otra se dirige a la sede del Partido Socialista de los Trabajadores que estaba ubicada en Humberto Primo y Avellaneda. Ahí también allanan y ocupan el local y se llevan detenidos a más de 10 militantes, entre ellos al dirigente nacional Robles. También esta ocupación del local del PST se hace sin ningún tipo de orden judicial. Y otra parte de la comisión policial dirigida por García Rey y Choux llegan al local del PC en calle Obispo Trejo, entran a los tiros, lo ocupan, lo allanan y se quedan largo tiempo sometiendo a vejámenes a los militantes, como pasó en SMATA, Luz y Fuerza y el Partido Socialista de los Trabajadores. Desde el local del Partido Comunista, llevan detenidos a 49 militantes al D-2, que quedaba a 200 metros del local del Partido Comunista. Los tienen detenidos varios días y los van liberando de a grupos, una militante, ”Tita“ Hidalgo, que había sido salvajemente sometida a torturas, tiene que ser llevada al Hospital San Roque y ahí fallece producto de los daños que había sufrido en la tortura, el día 19 de octubre. Los locales del PC y del PST son devueltos varios días después por la Policía de la Provincia y se toman actas notariales por parte de los partidos políticos, donde se hacen saber los daños y específicamente que las paredes de los locales habían sido firmadas pintadas por la Triple A: AAA”.
Vicente advierte, en tanto, que “mientras que los locales de SMATA y Luz y Fuerza no son devueltos a sus legítimas autoridades: después de la cacería del 9 y 10 de octubre, la Dirección Nacional de SMATA ordena la intervención del gremio y cesa la tutela sindical de toda la Comisión Directiva del sindicato Seccional Córdoba, incluido Salamanca, por lo que quedan expuestos a todo tipo de arbitrariedad sin protección de la Ley de Asociaciones Profesionales. Y en el caso del Sindicato de Luz y Fuerza, el Ministerio de Trabajo de la Nación designa a un delegado normalizador en Córdoba, sin que tuviera ningún tipo de causa, y hace cesar en su mandato a todo el Consejo Directivo, incluido Agustín Tosco y le quita todo tipo de protección, de tutela sindical. A partir de ese momento, las conducciones de ambos sindicatos quedan expuestas en un proceso de abierta represión, por esta razón tanto Salamanca como Tosco, presentan recursos ante la Justicia a los fines de explicar por qué no pueden presentarse a las citaciones judiciales porque corren riesgo sus vidas; y como respuesta, el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma ordena la captura de Tosco y de Salamanca. Este mismo juez federal, después de que la Policía allanara los cuatro locales y pintara ‘Triple A’, firmó con fecha posterior al 9 de octubre, las órdenes de allanamiento, convalidando el accionar de la Policía de una forma completamente ilegal. Justamente, el sentido de las órdenes de allanamiento es que se hagan con anterioridad; es la garantía constitucional que tienen la persona, grupo o sociedad a ser allanada. El juez federal Zamboni Ledesma en persona violó la Constitución Nacional”.
Para el copresidente de la APDH Córdoba “la cacería que inició la Policía de Córdoba comandada por su jefe, el comisario Héctor García Rey el 9 de octubre de 1974, marcó un hecho que demostraba indubitablemente el involucramiento de los mandos policiales en el terrorismo de Estado, en la represión ilegal y en el accionar de las bandas fascistas de ultraderecha como la Triple A. El 6 de noviembre de 1974, la dirección de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), cesanteó a Agustín Tosco como empleado, por abandono de tareas. Ese 9 de octubre comenzó a cerrarse el cerco que envió a la clandestinidad a Tosco y Salamanca y que al tiempo terminó con sus vidas: la de Tosco el 5 de noviembre de 1975, un año después; y la de Salamanca, que fue secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado. Y menos de un mes después, el 6 de noviembre, el Poder Ejecutivo Nacional decreta el estado de sitio y ahí comienza la detención sin causa y sin proceso judicial de decenas de dirigentes y militantes sindicales, estudiantiles, de organizaciones barriales y de organizaciones populares. Esa represión indiscriminada contra el movimiento popular que se desató en la cacería del 9 de octubre de 1974 fue la antesala preparatoria del terrorismo de Estado instaurado por la dictadura cívico militar a partir del golpe del 24 de marzo de 1976”.
El propio gobernador cordobés, Juan Schiaretti, recordó en el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, haber sido víctima de las bandas de la extrema derecha peronista: “Yo fui dirigente estudiantil del Cordobazo. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuve que ir del país cuando la dictadura genocida me buscaba para matarme”.
Marcado en Córdoba, asesinado en Capital Federal
“Nosotros, como familiares, tenemos la sospecha que el asesinato de mi padre César Robles a manos de la Triple A a la salida de un Congreso partidario en Capital Federal, no fue un hecho ocasional. Pensamos que fue ”fichado“ tres emanas antes, durante su detención y represión después del allanamiento al local del PST en Córdoba, junto con los locales del PC, de SMATA y de Luz y Fuerza, por el jefe del operativo, el comisario García Rey. Mi papá era uno de los principales dirigentes del PST, constructor de la Regional Córdoba desde 1971, muy vinculado a José ”el Petiso“ Páez y otros dirigentes del SITRAC para su ingreso al Partido. Mi papá tenía una alta visibilidad en Córdoba y a nivel nacional”, explicó a elDiarioAR, Andrea Robles, hija de César Robles Urquiza, quién fue asesinado en el Bajo Flores por una patota de la Triple A el 3 de noviembre de 1974.
La hija de este dirigente nacional del PST, es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); en la querella está representada por Myriam Bregman y Liliana Mazea.
Andrea Robles detalló que “en esos momentos no secuestraban, asesinaban directamente. Además, el crimen de mi papá fue en el marco del asesinato del comisario (Alberto) Villar, que fue una ofensiva de asesinatos para vengarlo. Nosotros somos querellantes en la Causa Triple A por el asesinato de mi papá, cuya investigación reabrió el juez Norberto Oyarbide en 2006, y donde (Marcelo) Martínez de Giorgi la cierra en un fallo de 2017 donde plantea ‘sobreseer parcial y provisionalmente en el que no se procesó a persona alguna, respecto de los que resultaron ser autores inmediatos de los hechos aquí ventilados y a quienes no ha resultado posible identificar’. Nosotros como querella entendemos que así como a Atilio López y a Alfredo Curutchet los asesinan en Buenos Aires, creemos que es probable que hicieran lo mismo con mi papá; los marcaron en Córdoba, pero los acribillaron fuera de las fronteras provinciales. Ese 9 de octubre fueron a buscar a Tosco y Salamanca para asesinarlos y no estaban; y a mi padre lo marcan ahí, en ese operativo dirigido por García Rey. Ahora necesitamos investigar la hipótesis acerca de que la operación se habría iniciado en Córdoba y finalizado en Capital Federal, más allá de eso, reclamamos saber quiénes fueron los autores materiales del homicidio de mi padre”.
GM