Al menos seis empresarios investigados en el caso de los cuadernos de la corrupción acudieron a estructuras offshore para resguardar sus fortunas, organizar sus herencias o realizar otros negocios, según surge de Pandora Papers. Enrique Pescarmona, Claudio Glazman, Osvaldo de Sousa, Jorge Balán y Aldo Roggio están procesados en el expediente y camino a juicio oral y público. Además, enfrentan, entre los cuatro, embargos millonarios de la Justicia sobre sus patrimonios. Todos recorrieron a estudios jurídicos o contables que operan en paraísos fiscales para abrir cuentas bancarias o gestionar parte de su patrimonio, según surge de los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.
El empresario del transporte Mario Cirigliano, cabeza de la compañía de colectivos de pasajeros Grupo Plaza, también acudió al mundo offshore. Fue procesado por el juez Claudio Bonadio en dos causas: la tragedia de Once y cuadernos. En el juicio por el hecho que le costó la vida a 51 personas y una por nacer en el ferrocarril Sarmiento, fue absuelto. En cuadernos, fue finalmente sobreseído. Su hermano y socio, Claudio, sí fue condenado por la tragedia de Once.
Pescarmona
Enrique Pescarmona, a cargo durante años de la conducción de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Impsa), debe enfrentar un juicio por cohecho activo y pago de dádivas. En abril de 2018, había dado un paso al costado en su empresa tras varios años de default, pero cuatro meses después debió declarar ante la Justicia por el caso cuadernos y se convirtió en uno de los empresarios arrepentidos del caso. Pescarmona declaró que su empresa entregó pagos ilegales por US$2,98 millones al Ministerio de Planificación, luego de haber sido marginado de licitaciones y de que el kirchnerismo obstaculizara sus negocios en Venezuela.
Entre 2008 y 2013, Pescarmona dijo haber pagado sucesivas coimas en el hotel Feir's Park y en un inmueble de la calle Libertad al 1500. El exministro Julio De Vido y el principal funcionario acusado de solicitar y recibir las supuestas coimas, Roberto Baratta, niegan los dichos de los empresarios.
El empresario figura en Pandora Papers junto a sus hermanas en un complejo y extenso entramado de sociedades offshore. Los Pescarmona controlan las firmas Insider Holdings Ltd., creado por el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) en Islas Vírgenes Británicas. Según los formularios de ese bufete, la compañía canalizó “honorarios como directores de sociedades anónimas y renta de inmuebles” de sus beneficiarios finales. En marzo de 2018, en la época en la que el empresario se corrió de la conducción de Impsa, sus 25.000 acciones en Insider Holdings Ltd se redistribuyeron entre él y sus tres hijos.
Las sociedades obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a la actividad comercial internacional.
El entramado offshore de Pescarmona se extiende a través de firmas panameñas y de Islas Vírgenes, abiertas entre 2007 y 2016, y que se controlan unas con otras. Entre ellas, figuran en los documentos Avondale Busines SA, Servicios Integrales Internacionales SA, -con cuentas en el MMG Bank Corporation-, Sealong Overseas SA, Yelverton Trading SA, Sitrack.com Panamá Ltda y Vinsyl Financing Corp.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, desde la familia Pescarmona respondieron que “las sociedades obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a la actividad comercial internacional”. “Han sido declaradas conforme la legislación aplicable para cada caso”, informaron. Pero se negaron a mostrar las declaraciones juradas: “Dado el carácter confidencial y privilegiado de la documentación sentimos no poder compartirla”.
De Sousa
Osvaldo De Sousa enfrentará un juicio en un expediente derivado del caso cuadernos por el pago de sobornos de empresas constructoras supuestamente entregados a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Osvaldo es hermano de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en Grupo Indalo.
En cuadernos, quedó complicado en la Justicia a partir de unas planillas aportadas por el arrepentido Ernesto Clarens, el financista del kirchnerismo. La constructora de Indalo, CPC, aparece en los listados de Clarens con seis pagos por $14 millones entre septiembre de 2011 y agosto de 2012. Un fallo de la Cámara Federal consideró a Osvaldo De Sousa “autor material de los pagos”, algo que el empresario nunca admitió.
Osvaldo De Sousa abrió una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y una cuenta en Suiza para desarrollar un emprendimiento en Bolivia en 2015, tras desvincularse en malos términos del Grupo Indalo. Según los documentos, fue presidente y único accionista de la firma Lemor Investments Limited.
De Sousa explicó al equipo argentino de ICIJ que la compañía controló una cuenta bancaria en el Gonet & Cie Bank, de Suiza, en donde depositó US$600.000 como garantía para obtener, a su vez, un préstamo. El empresario dijo al equipo argentino de ICIJ que el dinero provenía de la venta de su parte accionaria en el Grupo Indalo.
“En agosto de 2014 me desvinculé de Indalo. Cristóbal López me obligó a firmar un contrato de no competencia de seis años que me impedía trabajar en la Argentina”, explicó. “Debían pagarme en seis cuotas, pero sólo pagaron dos. Parte de ese dinero lo deposité en el Gonet & Cie Bank para desarrollar mi actividad en Bolivia”, agregó. “Tanto la sociedad de Islas Vírgenes como la cuenta en Suiza fueron declaradas ante la AFIP”, dijo De Sousa, quien exhibió documentación para acreditarlo.
Según De Sousa, en 2016 debió desarmar esa estructura financiera. Cuando Cristóbal López quedó bajo la lupa, la entidad suiza ya no quiso tenerlo como cliente, y repatrió los fondos a través del Banco Galicia. Dos años después, el propio Cristóbal López lo señalaría ante la Justicia como el autor material del pago de coimas al kirchnerismo.
Roggio y Cirigliano
Aldo Roggio y sus tres hijos y accionistas de su grupo empresario crearon tres sociedades offshore en 2016 para operar cuentas bancarias en Suiza y los Estados Unidos. Fue dos años antes de declarar como arrepentido en la causa de los cuadernos.
La familia constituyó en 2016 las firmas offshore Gotland International Limited, Graymark International Limited y Linhill International Limited en Islas Vírgenes Británicas. Meses después, en marzo de 2017, abrieron cuentas bancarias en Zúrich, Nueva York y Miami.
En agosto de 2018, en tanto, Aldo Roggio confesó ante la Justicia que pagó sobornos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios del Estado que recibía una de sus empresas. “Fue por expreso pedido que él (Jaime) me efectuó en su despacho al inicio de su gestión”, declaró el empresario, y se definió como “un rehén”.
Roggio fue el primero de los empresarios en confesar las coimas en transporte y abrió así otro capítulo de la megacausa cuadernos, por presuntos sobornos en el otorgamiento de subsidios al transporte. En ese expediente, Mario Cirigliano -quien construyó un poderoso grupo transportista junto a su hermano Claudio- fue indagado por el juez Bonadio. El juez lo procesó en marzo de 2019, pero en julio de ese año la Cámara Federal porteña revocó esa medida y lo sobreseyó.
El 2 de enero de 2015, Mario Cirigliano creó la fundación de interés privado Kelsy Patrimony Foundation en Panamá, a través del estudio Alcogal, para ordenar la sucesión de su patrimonio.
El reglamento de la fundación ordenó que en caso de su fallecimiento fueran distribuidos entre su esposa y sus hijas, en primer lugar, y sus descendientes, en segundo término, los activos que se hayan incorporado al “patrimonio fundacional”.
En caso de fallecimiento de los beneficiarios primarios y secundarios, el dinero iría a la Fundación Nuestro Ángel, creada por el propio Cirigliano, presidida por su esposa y destinada a la asistencia de niños y jóvenes con autismo. “La legislación argentina no le permitiría disponer de esa forma de su patrimonio ante su fallecimiento”, explicó el empresario ante la consulta sobre por qué decidió acudir a una estructura en Panamá. “Cirigliano cedió su patrimonio de forma irrevocable a Kelsy”, agregaron.
La fundación panameña funciona como un fideicomiso offshore. “Todo esto está debidamente declarado ante el fisco argentino y de los países en donde corresponde”, dijo a través de su abogado, pero no quiso ahondar en qué activos dejó en Panamá. Adujo “motivos de seguridad”.
Glazman
Claudio Javier Glazman está acusado de cohecho en la causa cuadernos. El empresario inmobiliario y entonces director de la empresa Sociedad Latinoamericana de Inversiones (SLI), fue uno de los primeros detenidos en la causa y declaró haber realizado 13 pagos por un total de $1,5 millón a funcionarios de Planificación, entre 2009 y 2010, para “persuadir” al Ministerio de realizar el remate público de tres terrenos del Estado que el empresarios buscaba destinar a sus emprendimientos inmobiliarios.
Glazman aparece en los Pandora Papers en dos documentos ligados a la misma compañía: Real Estate Uy SA creada en Panamá el 9 de agosto de 2012. De acuerdo con los registros de Alcogal, inicialmente tuvo 2.000 acciones de la firma junto a otros cinco accionistas, entre ellos, un familiar. Poco después, otros diez socios pasaron a formar parte de la sociedad.
“Real Estate Uy SA fue constituida para adquirir una sociedad uruguaya, Mirtan SA, que poseía un terreno en Punta del Este, pero el emprendimiento inmobiliario no prosperó. En mayo del 2018, Glazman transfirió la totalidad de las acciones que tenía en su poder”, dijeron sus abogados al equipo argentino de ICIJ. “Todas estas operaciones se han consignado oportunamente ante la AFIP”, aseguraron.
Balán
El empresario del rubro energético Jorge Juan Mauricio Balán, titular de la compañía Industrias Juan F. Secco SA, fue procesado en 2018 por cohecho activo por haber realizado dos pagos ilegales al Ministerio de Planificación, y también deberá afrontar un juicio oral y público. Es uno de los imputados colaboradores en el expediente.
Industrias Secco creció en el rubro energético durante el menemismo y actualmente tiene contratos no sólo en Argentina sino en Uruguay, Perú y Colombia para construir centrales eléctricas, provee usinas portátiles y planifica logística y movimientos para empresas, según publicó La Voz.
En Pandora Papers, Balán aparece en un documento fechado en 2014, en el que inscribió a la empresa Apheze SA, en Costa Rica, con el propósito de invertir en bienes raíces en Uruguay. El documento es un formulario de la intermediaria OMC (Overseas Management Company) y allí se indica que Balán oficiará de presidente y que OMC proveerá el servicio de secretario, tesorero y fiscal.
Los accionistas de la compañía son Balán y su esposa. “La sociedad fue debidamente registrada en el país de origen, porque así lo establece la normativa de aplicación”, respondió el empresario ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. “El único activo de dicha sociedad es un inmueble ubicado en Punta del Este”, agregó Balán, quien explicó que canalizó la inversión a través de una sociedad porque “en el caso de una eventual venta, es mucho más ágil, rápido y sencillo la venta de acciones que la transferencia de un inmueble”.
“La inversión fue debidamente informada ante la AFIP en 2014 y los años subsiguientes”, y el empresario aseguró que pagó impuesto a las Ganancias y bienes personales.
Apheze SA se disolvió a finales de 2017, luego de que el matrimonio vendiera el inmueble en Punta del Este.
*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR). En Uruguay, Guillermo Draper (Búsqueda) integra Pandora Papers.
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ED