La misión humanitaria que intentó llegar a la zona norte de Paraguay donde, en noviembre del año pasado, fue vista por última vez Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, “Lichita” (de 15 años), fue expulsada del país sin que el Gobierno de Mario Abdo Benítez diera explicaciones oficiales de la decisión.
Los integrantes de diversos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas que participaron de la comitiva fueron trasladados el sábado en una avioneta militar paraguaya desde la ciudad de Concepción hasta Encarnación, y desde allí debieron cruzar a la localidad argentina de Posadas, donde se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio por Covid.
Desde allí, dijeron a ElDiarioAr que “el Gobierno narcoterrorista e infanticida de Paraguay nos tuvo en calidad de detenidos y nos expulsó por una supuesta violación a la soberanía del país”, pero aclararon que habían tramitado los permisos para circular por la zona en conflicto entre el Estado y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“Lichita”, al momento de desaparecer, estaba huyendo junto a su tía Laura Villalba, Tania Villalba (de 19 años) y Tamara Anahí Villalba (de 15) del campamento del EPP en Yby Yaú -Departamento de Concepción-, que había sido atacado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC, que integran la Policía y el Ejército) el 2 de septiembre de 2020, donde fueron asesinadas las niñas Lilian Mariana y Maria Carmen Villalba. El 30 de noviembre, su tía Laura fue detenida -permanece presa desde entonces-, mientras que “Lichita” nunca más fue vista.
El relato sobre lo que sucedió en aquellas jornadas fue publicado por este medio en una entrevista a Tania Villalba, quien logró escapar del asedio de los uniformados y regresar a la Argentina.
Desde fines de noviembre nada se sabe de “Lichita”, y por ese motivo, organismos de derechos humanos en la Argentina iniciaron una campaña de búsqueda y de difusión internacional.
Búsqueda y expulsión
Pablo Pimentel, referente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza, participó de la misión humanitaria que intentó “buscar indicios y testimonios entre campesinos e integrantes de comunidades originarias” para poder dar con el paradero de la adolescente de 15 años.
“Se organizó la misión hace tiempo. El tercer viaje lo hicimos en marzo, fuimos once organizaciones sociales, de derechos humanos y periodistas. Hicimos la tarea política de plantear la necesidad de ir al territorio, libre de militares y policías, para instaurar confianza con las comunidades originarias”, explicó. El cuarto viaje suponía un regreso a ese territorio, con el objetivo de recabar información.
Pimentel aseguró que habían obtenido un aval para la misión de parte del Comisario General Pablo René Ríos, Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, quien, tras una dura discusión, habría autorizado a la comitiva integrada por nueve personas.
Pero un retén militar impidió el paso de la comitiva, según contó Pimentel. Cuando el grupo dejó la ruta principal por la que transitaba, para internarse por caminos vecinales, fue detenida por un grupo de uniformados que “fuertemente armados nos paran, nos piden documentos, y nos dicen que se van a acercar de la FTC para charlar sobre la misión”.
El grupo de siete argentinos, un colombiano y un paraguayo quedó detenido “bajo la órbita de la FTC y de Migraciones”, señaló Pimentel.
Ningún documento oficial paraguayo a los que tuvo acceso elDiarioAR detalla el motivo de la detención ni de la expulsión. Informalmente se les comunicó que habían “violado la soberanía” del país.
Desde Buenos Aires, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, mantuvo una comunicación permanente con la misión, y en ese contexto les pidió que realicen una conferencia de prensa en vivo, para mostrar que se encontraban bien de salud y que se genere un compromiso de garantía de seguridad sobre sus personas.
Pero el gobierno de Paraguay aceleró los tiempos de la expulsión. Una avioneta trasladó al grupo desde Concepción hasta Encarnación. “Nos esperaban siete vehículos de la policía. Pasaron el mando de la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta a la Policía, y no sabíamos adónde íbamos, adónde nos llevaban. Necesitábamos certeza para transmitir a nuestras familias, organizaciones y Cancillería”, detalló Pimentel.
Funcionarios del consulado argentino en Encarnación siguió la situación de cerca y se puso a disposición de los integrantes de la misión, según explicaron desde la Cancillería.
“Se les brindó asistencia consular y se los asistió mientras los trasladaban de regreso a la Argentina”, indicaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá.
Esa cartera, por lo menos hasta el momento, no emitió comunicado alguno sobre la expulsión de la misión humanitaria. “No está previsto”, dijeron las mismas fuentes con acceso directo al ministro.
Desde Paraguay, en tanto, el canciller Euclides Acevedo, había anticipado que el grupo “no podrá ingresar sin acompañamiento de fiscales y efectivos de seguridad”, ya que supondría “una intromisión a nuestra soberanía nacional”.
Acevedo, en declaraciones públicas a medios del Paraguay previas al viaje de la misión, aclaró que “no tienen problemas en apoyar a la misión humanitaria”, pero resaltó que “hay un protocolo que debe cumplirse. Existen ordenamientos jurídicos que se deben respetar”.
En una misma línea el vocero de la FTC, Luis Apesteguia, dijo a Radio 1000 de Asunción que “hemos demorado la entrada (del grupo argentino) en una calle vecinal que conduce al Cerro Guasú, en zona de Azotey, una zona de alta peligrosidad. Nosotros tenemos controlado todos los accesos y ellos tenían que haber coordinado con nosotros si querían ingresar”, pero “no hicieron esa coordinación. Incumplieron, fueron detenidos y puestos a disposición de Migraciones”, explicó el militar.
A través de un comunicado, los integrantes de la misión señalaron: “Regresamos indignados y llenos de rabia. Repudiamos el accionar del gobierno de Mario Abdo Benítez (…) por expulsar a nuestra delegación, que no incumplía con ninguna ley nacional o internacional, ni con los acuerdos pautados con el propio gobierno de Paraguay”.
Calificaron la expulsión como “totalmente irregular, ilegal y arbitraria. Fuimos sacados a la fuerza del hotel donde nos alojábamos. Custodiados todo el tiempo por personal de las Fuerzas Armadas que estaba fuertemente armado, con trato esquivo, cuyos argumentos iban cambiando constantemente y siempre grabados por algún militar, mismo material multimedia que oportunamente alimentó a varios medios privados y hegemónicos de comunicación paraguayos”.
“¿Por qué molesta tanto al gobierno una misión humanitaria y pacífica, que busca a ‘Lichita’? Estas arbitrariedades son otro motivo que se suma a la larga lista del porqué estamos convencidos que el Estado fue y es responsable de la desaparición forzada” de la adolescente, señalaron finalmente los integrantes de la campaña “¿Dónde está Lichita?”.
SR