Los descamisados del presente lanzan nuevamente su grito por tierra, techo, trabajo y salario universal.
La caravana del 7 de agosto no es un acto oficialista ni opositor. Es un grito que surge desde el subsuelo de la patria para interpelar al conjunto de la clase política, el poder económico y la sociedad. Es un grito humano que exige derechos tan humanos como el acceso a la tierra, el techo, el trabajo y un ingreso mínimo para subsistir en estos tiempos de zozobra. No escuchar este grito, no actuar en consecuencia, no priorizar la tarea impostergable de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, formalizar las actividades de economía popular y crear nuevas formas de trabajo para quienes hoy no lo tienen, traerá más sufrimiento, violencia y conflictividad en el país. No se trata, como algunos malintencionados intentarán leer, de una amenaza ni una extorsión. Es simplemente la descripción de una situación inevitable. La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias, no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente.
La Argentina atraviesa una de las más severas crisis sociales de su historia, jalonada por el gobierno pobrista de Mauricio Macri, el lastre de una deuda odiosa tomada en perjuicio del pueblo, la pandemia global que exacerbó las desigualdades y el ajuste impuesto por el mismo Fondo Monetario Internacional que violó sus propios estatutos para tapizar de dólares al vasallo favorito del poder financiero global en plena campaña electoral. Sería ciertamente injusto responsabilizar al gobierno actual del escenario trágico que devuelve la Argentina de hoy, pero sí es su responsabilidad implementar en forma urgente las medidas para revertirlo.
La radiografía de la crisis nos muestra niveles de pobreza e indigencia insoportables para cualquier sociedad, una situación que requiere medidas correctivas urgentes y una planificación de largo plazo que garantice las 3T a través del desarrollo armónico y sostenible nuestra economía. Desde nuestra perspectiva, esto implica la aplicación urgente de una política de ingresos masiva como el Salario Básico Universal que proponemos desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Se trata de una prestación para todas las personas en edad laboral que no tengan ingresos fijos ni patrimonio significativo equivalente a la canasta alimentaria. Los beneficiarios serán estudiantes, población rural, personas que realicen tareas de cuidado y trabajadores informales. Esta medida deberá regir durante el largo periplo que nos espera para lograr una transición hacia un país con trabajo decente para todos sea éste en el sector privado, el público o la economía popular organizada.
En paralelo, se requiere desarrollar un Plan Plurianual de Desarrollo Humano Integral que priorice la promoción de las economías regionales, las pequeñas y medianas empresas, la economía popular organizada, el trasporte multimodal estratégico, la conectividad digital, la integración urbana de los barrios populares, la creación de nuevas urbanizaciones y una reforma agroalimentaria que termine con el modelo extractivita que nos dejó una país despoblado con conurbaciones superpobladas y una industria alimentaria oligopólica que hace los alimentos inaccesibles mientras los verdaderos productores de alimentos –agricultores familiares, pequeños productores, campesinos y pueblos originarios- subsisten sin tierra propia y en condiciones de extrema precariedad.
Nuestra esperanza radica en que la movilización del 7 de Agosto, continuadora de una tradición que iniciamos los movimientos populares y organizaciones gremiales en 2016, sirva como despertador para algunas conciencias aletargadas. Esta vez nos toca en medio de un proceso electoral. Bienvenido sea. El programa de los candidatos de todas las fuerzas políticas tiene que ser claro en sus propuestas de cómo superar la catástrofe que vivimos y reconstruir la Argentina. En especial, consideramos que deben pronunciarse sobre nuestra propuesta sobre el Salario Básico Universal o indicarnos sin chamuyo cuál es el camino para que los millones de argentinos que carecen de un ingreso regular puedan superar la situación de postración en la que se encuentran.
Quien quiera ver en esta movilización tintes político-partidarios se equivoca. Si bien es cierto que distintos integrantes de los movimientos populares tenemos posiciones y participación política, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular es una organización independiente que agrupa a los excluidos del sistema que se han inventado su propio trabajo sea en actividades laborales de subsistencia, sea en el marco de políticas públicas como el Potenciar Trabajo. Su función es elevar la voz de los nadie y luchar por sus derechos. Ninguno de los integrantes de su secretariado es candidato ni funcionario. Es imprescindible que la clase política comprenda que no todo movimiento de la sociedad está diseñado para ser funcional a tal o cual esquema de poder. Existen reclamos, como los nuestros, que tienen como único fundamento la realidad social y requieren una respuesta político-económica inmediata.
La convocatoria está abierta a todos los que quieran participar independientemente de su color político o convicción religiosa. Salimos del santuario de San Cayetano a las 8:30am y marchamos con todas las precauciones sanitarias hacia la Plaza de Mayo.