El discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del miércoles dejó varios ecos rebotando, pero son resonancias viejas, avivadas por la disputa política contra la Corte Suprema. Además de viejas, son circulares: seguirán resonando, cada vez que el poder político lo estime necesario.
El mandatario criticó con dureza el fallo de diciembre último de la Corte mediante el cual el tribunal ordenó al Gobierno a entregar el 2,95% de la recaudación de los impuestos nacionales, la denominada coparticipación federal de impuestos. Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño) además de 180.000 millones de pesos anuales que el Estado Nacional le deriva para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios).
Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 .
El fallo duplicó el porcentaje de fondos públicos que recibe la Ciudad para financiar la fuerza de seguridad porteña y motorizó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte.
Ante Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del tribunal, Fernández aseguró ante el Congreso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene derechos sobre los recursos coparticipables y “debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”.
“Esa decisión -de asignar recursos a la Ciudad- es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”, dijo Fernández.
De acuerdo a lo planteado por el máximo tribunal en su fallo de diciembre, la completa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una deuda pendiente de la política, no del poder Judicial, pero que exigió ante la demanda del gobierno porteño la intervención de la Corte para mediar ante la falta de leyes y reglas que el poder Ejecutivo y el Congreso debían cumplir desde la reforma de la Constitución de 1994.
El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar y no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje corresponde a la Ciudad.
De hecho, el Congreso tiene pendiente sancionar una nueva ley de coparticipación que reajuste esa situación por mandato constitucional y permitiera a la Ciudad participar en cómo se decide la distribución de los fondos coparticipables. Fue una decisión de los convencionales constituyentes de 1994, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió; y los actuales jueces de la Corte, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, sólo por nombrar a los que ocupan cargos relevantes. No optaron por zanjar ellos mismos el conflicto sino que lo dejaron abierto, explicó a elDiarioAR el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país.
El fallo de la Corte, la autonomía de la Ciudad y el financiamiento de la policía porteña son cuestiones de dinero pero también de poder y más específicamente, del poder de la discrecionalidad.
“Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 porque establecieron que el Congreso debía sancionar una nueva ley convenio de coparticipación que contemplara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y que debía ser sancionada por el Congreso Nacional y luego ratificada por la totalidad de las legislaturas de las 23 provincias. Basta con que una sola jurisdicción se oponga para que la nueva ley convenio se caiga. Requiere un consenso imposible de alcanzar debido a la situación política en Argentina”, afirmó el jurista.
“La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires porque se aplica una ley convenio anterior a la reforma de 1994”, agregó Gil Domínguez.
Por esta razón, afirmó el constitucionalista, la Ciudad “está incluida dentro del porcentaje de fondos coparticipables que le corresponden al Estado federal pero no forma parte del reparto de fondos de la coparticipación con un porcentaje fijo razonable. Esta situación les permitió Duhalde, a Macri y a Fernández establecer distintos porcentajes y esto es lo que se debate en la Corte Suprema de Justicia: cuál es el porcentaje adecuado”.
¿La Corte podría haber solucionado esta deuda pendiente? Una nueva ley parece políticamente imposible: requiere un consenso político en el Congreso y entre el Ejecutivo, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
Durante 2021, el máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los representantes de la Ciudad que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo, pero la instancia de negociación política fracasó.
“El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar que estableció que el Ejecutivo Nacional debe otorgarle a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables pero no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje debe realmente recibir la Ciudad. Un peritaje en el cual apoyarse hubiese corrido a la Corte de los cuestionamientos. Por este motivo es que la decisión que adoptó el tribunal es vista por el peronismo como un desafío”, explicó Gil Domínguez.
El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, de acuerdo con el Gobierno porteño. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año.
La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires.
“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente”, dijo el Presidente el miércoles mientras integrantes del oficialismo silbaban a los ministros de la Corte. “Le quita dinero a los que más tienen (sic) y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, afirmó Fernández en un furcio, ya que en la versión escrita de su discurso, que se adelantó a los periodistas, la frase que debía pronunciar tenía un sentido muy diferente: “Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.
El fallo de la Corte redujo la porción de impuestos nacionales que recibe el Estado Nacional y no las provincias. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas. De ahí, el poder de la discrecionalidad.
Nota: esta nota se actualizó el 5 de marzo a las 17.21 para incluir el video del fragmento del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa y su contenido en el texto del artículo. También se corrigió el textual del Presidente en un destacado para incluir el furcio.
ED