Los datos publicados del Censo 2022 muestran varias brechas en materia de servicios en Argentina. Mientras el 93% de la población tiene acceso al agua potable por cañerías, sólo un 57,4% cuenta con redes de saneamiento que desembocan en una cloaca. Mientras más del 90% de las personas accede a internet a través de un teléfono, sólo 48,6% cuenta con gas de red para cocinar y calefaccionar.
Acá es donde la infraestructura pública tiene un papel clave en la búsqueda de cerrar esas brechas. Sin embargo, su financiamiento enfrenta varios desafíos. Entre 2015 y 2022, el promedio de inversiones en obras públicas como porcentaje del PBI fue de 1,74%. Alcanzó el punto más alto en 2015 de 2,57% y el más bajo en 2019 con 1,19%.
Considerando las inversiones a nivel regional en la última década, las inversiones en infraestructura específicamente económica descendieron en casi un punto, de 2,5 a 1,8, el promedio de América Latina en 2019. Ese año, las tres principales economías de la región –Argentina, Brasil y México– destinaron 1% promedio del PBI a estas inversiones.
En Argentina, el sector responde a las tendencias de la economía, que se vio atada a ciclos de crecimiento y recesión en los últimos años, así como a una fuerte restricción externa.
El financiamiento externo de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial y de países como China y Kuwait a través de convenios bilaterales viene asumiendo un rol creciente. Esto se debe a los altibajos de los ciclos económicos y a la restricción externa recurrente. Mientras en 2015 representaban el 9% de la masa de inversiones, en 2023 representan el 24%. De estas fuentes externas, dos tercios son multilaterales y un tercio son bilaterales.
La gestión de fuentes alternativas a los fondos nacionales permite una respuesta a las restricciones presupuestarias y externas del país, pero también representa desafíos de planificación. Es fundamental que los fondos externos se implementen en iniciativas estratégicas y críticas para la Argentina.
Mientras las principales inversiones del BID son en redes de saneamiento, las principales inversiones de China son en represas hidroeléctricas. Aunque fundamentales para el desarrollo del país, estas inversiones deberían encontrar una priorización clara de parte del Estado que cuenta con la visión estratégica e intergeneracional.
Los proyectos bajo la modalidad de Participación Público-Privada, que tuvieron lugar entre 2017 y 2019, deberían ahora contar con un reparto claro de riesgos y condiciones de estabilidad macroeconómica para su sostenibilidad y repago. En el período que se implementaron, se destinaron a corredores viales.
Argentina cuenta con mecanismos robustos de gestión, control y transparencia. El desafío para los próximos años es destinar el financiamiento a proyectos que posibiliten reducir desigualdades en servicios e infraestructura a partir de una mirada que sepa distinguir qué es estratégico y prioritario.
Demian González Chmielewski, coordinador del Programa Estado y Gobierno de CIPPEC
JJD