Con la conmoción del caso Kiczka todavía revoloteando en el aire, la Cámara de Representantes de Misiones acaba de aprobar una ley para la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos. La noticia hubiese pasado desapercibida si no fuera porque el proyecto que impulsó el oficialista Frente Renovador de la Concordia, liderado por el exgobernador Carlos Rovira, generó una gran polémica en la opinión pública local. Es que en uno de sus artículos se habla abiertamente de perseguir las “fake news” que afecten a “individuos o instituciones públicas”, un punto que encendió alarmas en la dirigencia opositora de la provincia.
Durante la sesión de este jueves en la Legislatura, la miembro informante del oficialismo, Anazul Centeno, destacó el supuesto “consenso” sobre la necesidad de “avanzar sobre la materialización de herramientas claves para la protección de la ciudadanía”. Señaló además que la ley “es clara” y que “no persigue ningún fin espurio, no persigue cercenar ningún derecho constitucional, ni restringir la libertad de expresión”. “Lejos de darle facultades ilimitadas a alguien, lo que hace es poner límites”, enfatizó la diputada, en un mensaje dirigido a sus pares opositores.
“Estos delitos suceden dentro del espacio virtual donde confluyen una multitud de datos, información, servicios. Esto configuró un nuevo entorno que no se rige sobre las reglas clásicas del mundo físico y que se ha visto superado por esta nueva realidad que es el ciberespacio”, agregó Centeno ante la atenta mirada de Rovira, hoy vicepresidente de la Cámara.
Desde la oposición, en tanto, la legisladora radical Lilia Torres, una de las coautoras del proyecto, calificó como “una necesidad” la de contar con una Fiscalía de Cibercrimen en Misiones. Sin embargo, hizo varias observaciones y objeciones al dictamen que había sido sancionado. Dijo que los artículos 6 y 7 “desnaturalizaron” el proyecto por como están redactados ya que “pueden usarse para herramienta para silenciar voces, críticas y limitar la libertad de expresión”. En esa misma línea, su compañero de bancada de la UCR, Ariel “Pepe” Pianesi, tildó a la iniciativa de “peligrosa”, una posición similar a la que también expusiera el bloque del PRO.
Es que el proyecto de ley, que cosechó 27 votos a favor y 11 en contra, faculta al funcionario judicial al frente de la fiscalía para “disponer el inmediato secuestro” de dispositivos si se trata de delitos como “injurias”, “calumnias”, “incitación a la violencia” o “intimidación pública”. Esta última figuras fue, sin ir más lejos, la que recayó en abril sobre Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, conocido por sus publicaciones extremadamente críticas de Rovira en redes sociales. Le sustrajeron todos sus aparatos electrónicos y debió pasar un fin de semana preso luego de que una funcionaria del oficialismo lo denunciara ante la Justicia. La noticia logró romper parcialmente el cerco mediático de la provincia y motivó el repudio de la oposición local, principalmente de la UCR.
Antecedentes
Pero el de Quito no fue el único caso de hostigamiento a voces críticas que se registró recientemente en Misiones. En 2023, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de un periodista posadeño, titular del sitio Elcriti.com, en el que también se publicaba contenido poco amable con Rovira, pero sobre todo con su operador todoterreno y zar de los multimedios estatales misioneros Raúl Castaño. La intimidación surtió efecto: no solo la página fue cerrada, sino que al hijo del responsable le confiscaron sus elementos de trabajo por más de un mes. Nunca hubo expediente.
Como si esto fuera poco, la Renovación —como también se conoce popularmente al espacio político provincialista que gobierna Misiones hace más de 20 años— además se subió al clima de hostigamiento en redes sociales con ataques coordinados de “trolls”. Los agravios contra todo aquel que ose criticar a Rovira son el denominador común del ejército virtual que ostenta en X el oficialismo, que busca acallar cualquier voz que mínimamente incomode al poder mediante agresiones y la exposición de información de índole privada. Nada que envidiarle a los tanques digitales de Milei comandados por Santiago Caputo.
Según pudo saber elDiarioAR, el jefe de los equipos comunicacionales del rovirismo sería Rodrigo Aranda, hermano del ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda. Sus oficinas se encontrarían apostadas en pleno centro posadeño, sobre la calle Colón casi Alvear. “Hacen turnos de ocho y seis horas”, deslizó una fuente al tanto de su funcionamiento. Y añadió: “En la época de elecciones entra y sale gente todo el día, con grupo electrógeno y todo”. En mayo, los gremios docentes que se encontraban en lucha por un salario digno fueron los primeros en advertir acerca de la utilización de usuarios falsos con el fin de desprestigiar sus reclamos.
Esa creciente preocupación de Rovira por todo lo que se dice sobre él en el mundo virtual es un dato novedoso de la coyuntura política misionera. Fue lo sucedido con el exdiputado provincial Germán Kiczka, con prisión preventiva acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil, lo que le dio pie para avanzar y reavivar una vieja rencilla política que tiene más de 20 años: la del mandamás provincial con su mentor político Ramón Puerta, ahora en la persona de su hijo Pedro. Kiczka era amigo del joven Puerta, además de su principal socio político en el espacio Activar. Su banca en la Legislatura todavía no fue ocupada: echando mano a un artilugio legal, Rovira bajó la orden de evitar que la asuma un miembro de la oposición, como correspondería. “Deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó [a Kiczka como candidato]”, escribió el líder misionero en una columna de opinión sobre el aberrante caso. Cumplió.
PL/DTC