Patricia Bullrich tiene decidido utilizar las imágenes tomadas por el sistema de control urbano de la Ciudad de Buenos Aires para, mediante el sistema de reconocimiento biométrico, identificar a las personas que se movilizaron el día miércoles para hacer un cruce de datos y, en el caso de que sean beneficiarios de programas sociales, disponer la baja del mismo.
Luego del ejecutar, sin impedir la marcha ni el corte, el protocolo antipiquetes, la ministra de Seguridad planea dar el próximo golpe político: mediante el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que despertó polémicas sobre el uso de la información que algunos consideraron espionaje ilegal porque se pedía el seguimiento del traslado de personas públicas, identificar a las personas que se movilizaron el día martes a Plaza de Mayo.
Así lo indicaron a elDiarioAR desde el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich. Lo explicaron en un marco integral destinado a “inhibir” las protestas sociales que incluye, según se detalle, tres acciones paralelas: el operativo antipiquetes para tratar de desmovilizar, la convocatoria a denuncias a la línea 134 por parte de beneficiarios sobre supuesta extorsión para que participen de marchas y el último consiste en aplicar la regla, hasta acá solo mediática, de que el “que corta, no cobra”.
En Seguridad se mostraron satisfechos con el resultado del operativo de este miércoles. Sostienen que la campaña previa sirvió para que la convocatoria de las organizaciones de izquierda sea menos voluminosa. “Nos dio resultado: salimos a frenar una convocatoria que estaba desde hacía tiempo y funcionó bien”, dijo una fuente de Seguridad que anticipó el que será el próximo paso de Bullrich, referido a dar de baja los planes de los beneficiarios que se movilizaron el día miércoles a plaza de Mayo.
Se abren, en simultáneo, varias polémicas. Una está referida al uso del sistema de identificación biométrica para determinar las identidades no de delincuentes o personas buscadas, sino de manifestantes políticos o sociales. “Seguridad tiene a disposición las imágenes del Gobierno de la Ciudad y de ahí podemos tomar el material para identificar a los que se movilizan”, explicó la fuente.
La otra polémica tiene que ver con los argumentos jurídicos para dar de baja un plan. Desde el punto de vista legal y administrativo, participar de una movilización no aparece como una razón valedera de retiro del beneficio. Así y todo, Bullrich pretende dar un mensaje “ejemplificador” y dar a conocer en los próximos días, la baja de beneficiarios -que podrían ser cientos o miles- por haber, en teoría, participado de la movilización. La baja, en concreto, se debe hacer desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
PI/DTC