Diversos referentes políticos y sociales reclamaron este domingo que se reestatice la hidrovía del Paraná, a través de un manifiesto que llamaron “Proclama del 20 de junio” que lleva numerosas firmas, encabezadas por las del senador Jorge Taiana.
“El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país. Ese día, vence la prórroga de 90 días otorgada por el gobierno nacional, ante la final, el pasado 30 de abril, de la concesión de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná que se encuentra, desde 1995, en manos del consorcio privado Hidrovía SA”, indica el texto.
En la actualidad, la concesión a la sociedad entre el grupo local Emepa y la belga Jan de Nul está prorrogada y el gobierno de Alberto Fernández planea volver a licitarla, pero crece la presión dentro del oficialismo contra esa decisión. “No vamos por el camino de la estatización”, dijo el ministro de Transporte, el massista Alexis Guerrera, cuando asumió el cargo a principios de mayo.
“Esa concesión, otorgada en plena ola privatizadora, en el marco de la imposición del Consenso de Washington en nuestro país, constituyó un caso piloto ejemplar de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el modelo argentino de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado”, señala el manifiesto.
Entre los firmantes figuran el ex ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, los diputados Fernanda Vallejos, Hugo Yasky, José Luis Gioja y Juan Carlos Alderete, el escritor Mempo Giardinelli, los gremialistas Pablo Moyano, Roberto Baradel y Pablo Micheli, el empresario industrial Guillermo Moretti, las actrices Cecilia Roth y Luisa Kuliok, el ruralista Pedro Peretti, el juez Juan Ramos Padilla, los curas Eduardo De La Serna y Francisco “Paco” Oliveira, Jorge Elbaum del Llamamiento Argentino Judío, el ex secretario de Política Económica Roberto Feletti, la ex ministra de Economía Felisa Miceli, los directores del Banco Nación Guillermo Wierzba y Claudio Lozano, el intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro, el abogado Eduardo Barcesat, el economista José Sbatella y la ex embajadora Alicia Castro, entre otros.
Por su sentido estratégico para un país sediento de dólares, el futuro de la Hidrovía tiene pendiente a los gobernadores de al menos siete provincias, a las grandes cerealeras que operan en la Argentina, a las empresas navieras y al sindicato de Dragado y Balizamiento. Pero además es motivo de una intensa discusión pública entre las distintas alas del Frente de Todos desde noviembre del año pasado.
Por ahí salen entre el 75 y el 80% de las exportaciones, en su gran mayoría soja y cereales. La concesión que iba a durar 10 años se prorrogó gobierno tras gobierno, con la firma de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y, finalmente Cristina Fernández de Kirchner, en 2010.
“Hoy nos encontramos ante la oportunidad de retomar el control del Paraná -un canal crucial para el comercio exterior argentino por el que circula la mayor parte nuestras exportaciones e importaciones- elevando bien alto la bandera de nuestra Soberanía”, aseguran los firmantes de la proclama.
“Entendemos que estamos ante un asunto de relevancia estratégica que se vincula con el modelo de desarrollo nacional a mediano y largo plazo, donde las decisiones del presente tendrán incidencia sobre cuestiones centrales de nuestro sistema económico y social a futuro: la disponibilidad de divisas, la administración del frente cambiario y la restricción externa, y la sustentabilidad de un proceso de crecimiento económico y de desarrollo social sostenible en el tiempo”, añaden.
El texto sostiene además:
“Afirmamos la necesidad esencial e impostergable de avanzar en un camino que permita la recomposición de la soberanía nacional en el río Paraná, el que debe contemplar:
• Retomar el control y administración estatal de la red troncal, a la que podría asistir la AGP.
• Optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial, para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.
• Ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial.
• Concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, indispensable para estructurar el desarrollo de una perspectiva marítima estratégica integrada con el sistema fluvial de la Cuenca del Plata.
• Revisar integralmente la Ley Nacional de Puertos, sancionada en 1992, con el objetivo de fortalecer la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación.
• Revisar integralmente las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional, sancionadas en 2017, en pos de apuntalar la recuperación y el desarrollo de la industria naval argentina y de una flota mercante nacional.
• Alertar, en lo inmediato, sobre las negociaciones confidenciales para el acuerdo Mercosur- Unión Europea, que, en el texto provisional, incluye a la “navegación interna”, lo cual inhibiría la soberanía y el desarrollo nacional y regional ante las enormes asimetrías de desarrollos y capacidades locales frente a grandes empresas europeas“
CB