Tenaris, principal compañía del grupo Techint, y su CEO, el empresario Paolo Rocca, acordaron pagar US$9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada en una corte de Nueva York por el pago de sobornos revelado en el caso de los cuadernos de la corrupción, de acuerdo a los documentos obtenidos por elDiarioAR y fuentes con acceso directo al caso.
En diciembre de 2018, el estudio jurídico Glancy Prongay & Murray LLP presentó una acción de clase contra la fabricante de tubos de acero, otras compañías del grupo Techint y algunos de sus principales ejecutivos. Tras un fallo judicial, la demanda colectiva debió circunscribirse a Tenaris y Rocca, ya que la Justicia de Nueva York entendió que eran los únicos que podían ser demandados.
Tras más de cuatro años de litigio, Rocca, el segundo hombre más rico de Argentina, acordó cerrar el caso con un acuerdo económico, presentado ante el juez Kiyo A. Matsumoto, en el distrito este de Nueva York. El magistrado aprobó el viernes último el acuerdo de manera preliminar y fijó una audiencia entre las partes para dar el visto final, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros de Rocca y Tenaris en Argentina para solicitarles su reacción ante la negociación alcanzada, pero aún no hubo respuesta.
El juez Matsumoto fijó fecha para una nueva audiencia entre las partes mientras se comunica la decisión a los inversores que compraron o adquirieron acciones de Tenaris en la bolsa entre el 1° de mayo de 2014 y el 5 de diciembre de 2018.
La demanda sostiene que las acciones y “mala conducta” de Tenaris y Rocca perjudicaron a los inversionistas de la compañía cuando el valor de las acciones del gigante del acero se desplomó en Wall Street, en agosto de 2018. Entonces, el juez federal Claudio Bonadio había ordenado la detención del ex gerente de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, y citó a indagatoria a Rocca y a Luis Betnaza, uno de los principales colaboradores del millonario en Argentina.
Los pagos ilegales admitidos por Techint en Argentina implicaron que Tenaris incumplió con el acta de compromiso de las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York de no pagar sobornos en el extranjero, además de en Estados Unidos.
Además, los demandantes alegaron que Tenaris les ocultó información que debió haberles proveído para evitar un perjuicio económico. Según los demandantes, Rocca sabía que su compañía había pagado sobornos durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se los ocultó.
Ante la Justicia argentina, Rocca -el hombre central en la vida y obra del grupo Techint- negó haber sabido de los pagos ilegales. Betnaza y Zabaleta, sus dos hombres de confianza, admitieron los pagos ilegales por un millón de dólares realizados en 2008 al exfuncionario Roberto Baratta. Baratta siempre negó haber recibido sobornos.
Los pagos se realizaron con un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionario en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro, Buenos Aires.
El objetivo de los pagos, según las declaraciones de los dos arrepentidos (Betnaza y Zabaleta), fue para que el entonces gobierno argentino mediara entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor, del grupo Techint.
Antecedentes
El caso de los cuadernos es sólo una de las acusaciones por pagos de sobornos contra Rocca y el grupo: ex ejecutivos de Tenaris en Brasil son juzgados por el pago de coimas por U$$10 millones a un ex ejecutivo de Petrobras, quien admitió haber recibido por los pagos ilegales.
Como Rocca es italiano y Tenaris cotiza en la bolsa de Milán, el empresario y otros accionistas fueron juzgados por el caso de Petrobras en una corte de esa ciudad italiana, pero el día de la sentencia el tribunal milanés decidió que no tenía competencia territorial para juzgarlos y cerró el caso. La fiscal había solicitado cuatro años y medio de prisión para Rocca y el decomiso de 6.592.891 de euros.
Por este mismo caso, Tenaris acordó pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar la investigación por presuntos sobornos en Brasil y la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.
En Argentina, tienen dos causas abiertas desde 2017, sin movimientos: una por la pata local en el hecho juzgado en Brasil e Italia, y por otra relacionada con presuntas coimas por la construcción de una usina nuclear en Angra Do Reis.
En 2011, la empresa firmó otro “acuerdo de no enjuiciamiento” con el Departamento de Justicia y un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.
El abogado de los inversionistas sostuvo en un documento ante el juez Matsumoto que el acuerdo económico por US$9,5 millones representa entre el 4,02% y el 5,01% del “mejor escenario” posible para los demandantes, que buscaban un resarcimiento de alrededor de US$236,4 millones por daños, con honorarios por US$3,16 millones para los abogados, informó el sitio especializado Law360.
Las posibilidad de que la demanda avance a favor de los inversionistas en la corte de Nueva York eran inciertas, dijeron fuentes del caso a elDiarioAR. En primer lugar, debido a que Rocca, Betnaza y Zabaleta están firmemente sobreseídos por el caso de los cuadernos en Argentina. En segundo lugar, los demandantes debían probar que Rocca sabía de los pagos ilegales admitidos por sus ejecutivos en 2018.
El acuerdo era la mejor opción para los demandantes. Aún así, Rocca y Tenaris aceptaron cerrar con un desembolso multimillonario -aunque muy lejano a otras demandas y multas por sobornos pagadas por la compañía- y evitar la posibilidad de que avance la demanda, que había entrado en la etapa conocida como “discovery”, la etapa previa al proceso civil.
En 2021, el juez del caso rechazó desestimar la demanda, un planteo de los abogados de los demandados, Sullivan & Cromwell LLP, por Tenaris, y Mauricio España, por Rocca.
Un largo camino a nada
Tras la detención de uno de los ex ejecutivos de Techint y la admisión de los pagos ilegales por parte de Betnaza, a finales de 2018, Bonadio procesó a Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por los pagos ilegales. El fiscal Carlos Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo pidieron la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.
Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado que dejó vacante tras su muerte y los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación).
Rocca, sus ejecutivos y Fernández de Kirchner fueron favorecidos con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito. Los empresarios lograron el sobreseimiento firme dos años más tarde, en agosto de 2021.
El último juez que intervino en el caso, Julián Ercolini, entendió que Techint pagó a Baratta un millón de dólares en dádivas y no en sobornos, un delito más grave, y que lo hizo en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país.
Luego de que el fiscal Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaba como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Ercolini, los sobreseimientos quedaron firmes y el caso contra Roca se cerró sin posibilidad de reabrirse.
ED