Una de cal y otra de arena. Así podría resumirse la semana legislativa del oficialismo, marcada por el frenesí de los debates parlamentarios. Javier Milei festejó el miércoles la ratificación del veto al aumento de las jubilaciones por la Cámara de Diputados. Sin embargo, se encontró con una pared infranqueable cuando esta madrugada el Senado votó el rechazo al polémico DNU que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), comandada en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo. Con 49 votos negativos, 11 afirmativos y 2 abstenciones, se trató de un hecho inédito para el Congreso: es el primer decreto resistido por ambas cámaras desde 2006, año en que se reglamentó el trámite legislativo para ese tipo de instrumentos.
Hasta último momento, la Casa Rosada intentó evitar el revés en el recinto. Lo hizo incluso echando mano a una estrategia peculiar: convocar a una “sesión secreta especial” para que el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, concurrieran al recinto de la Cámara alta a brindar explicaciones sobre el destino del dinero asignado a través de un decreto del pasado 23 de julio. La propuesta del Ejecutivo llevaba la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e ingresó al Senado antes de que se celebrara una convulsionada reunión de jefes de bloque en la que el kirchnerismo manifestó su enérgico rechazo a postergar el tratamiento.
Según pudo saber elDiarioAR, la jugada fallida del Gobierno se había gestado en la Casa Rosada, durante el encuentro que el Presidente y Bullrich mantuvieron el miércoles por la mañana con la vicepresidenta Victoria Villarruel y un grupo de senadores, entre los que se encontraron el oficialista Ezequiel Atauche, el amarillo Luis Juez, el radical Eduardo Vischi, y los peronistas Juan Carlos Romero y Carlos Espínola. Una vez en el Senado, los mismos protagonistas, sin Milei y la ministra de Seguridad, terminaron de acordar la postura que horas después sostendrían en la reunión de labor parlamentaria.
Sin embargo, más allá de lo determinado en ese encuentro, los líderes de Unión por la Patria anunciaron que insistirían con discutir el rechazo del DNU. Desde La Libertad Avanza les contestaron que, al no estar contemplado en el plan de labor de la sesión, iban a tener reunir el voto de los dos tercios de los presentes para poder tratarlo sobre tablas, algo que finalmente ocurrió con la ayuda del bloque de la UCR. Finalmente, lo que se intuía como un triunfo que le permitiría ganar tiempo por segunda semana consecutiva, terminó convirtiéndose para el oficialismo en una frustración.
Con el traspié legislativo consumado, el decreto presidencial queda sin efecto, aunque las medidas adoptadas mientras estuvo vigente son consideradas legales. Por esa razón, la comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por Martín Lousteau, no tendría impedimento para posar la lupa sobre la utilización que hasta ahora se había hecho de esos “necesarios y urgentes” miles de millones de pesos. La oposición denuncia que cerca del 80% de ese dinero ya habría sido gastado. En el Gobierno aseguran, en cambio, que ese dato es engañoso: explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido todavía empleados, debido a que no requieren rendición de cuentas ante la Secretaría de Hacienda.
En el DNU publicado hace casi dos meses en el Boletín Oficial se especificaba que la decisión de girar $100.000 millones —monto que fue calificado de “razonable” por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su reciente informe de gestión ante el Congreso— respondía a “garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, con el fin de acceder a nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. Pero otra versión recorre como un fantasma los despachos oficiales: que parte de esos fondos fueron utilizados, entre otros fines espurios, para financiar los “tanques” digitales de Milei.
Rosca alla mileísta
Este jueves, en el oficialismo valoraban la actitud de los radicales durante la sesión en Diputados, que evitó que avanzara en Diputados la revisión del veto de Milei al aumento jubilatorio. Sin embargo, también negaban supuestos acuerdos en las sombras con la UCR. “El veto por jubilaciones no se cambia por el presupuesto universitario”, se atajaban, en referencia a la iniciativa que se acaba de aprobar en el Senado y que Milei prometió que vetará, como ya lo hizo con la recomposición a los jubilados.
“No hay canje ni toma y daca”, insistían en Casa Rosada. En esa línea incluso también se negaban que hayan habido negociaciones durante el encuentro que el miércoles mantuvo el Presidente con senadores de la oposición dialoguista. Y aclaraban que el hecho de que Milei encabece reuniones con legisladores, algo que no había hecho prácticamente hasta ahora, tiene que ver con “un proceso de trabajo que se viene haciendo” y que comenzó con los contactos del ministro coordinador, Guillermo Francos.
El fin de semana pasado, Francos debió ser internado por una gastroenteritis aguda, pero fue dado alta a última hora del lunes. Por instrucción médica, sin embargo, debió tomarse unos días de descanso. Fue a partir de eso que Milei se puso al frente de la negociación política, algo que detesta pero con lo que se vio empujado a lidiar. El punto de inflexión tuvo lugar el viernes 30 de agosto, cuando el Presidente sorprendió al sentarse en la mesa con diputados propios y aliados en Casa Rosada, en un intento por volver a tender puentes con el PRO y aplacar la polémica que cruzó en el último tiempo a los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso.
La presencia del Presidente en los encuentros era reclamada por parte de la dirigencia dialoguista. Pero el motivo, en realidad, estuvo lejos de ser ese: el Gobierno necesitaba volver a tomar la iniciativa luego de las tres derrotas al hilo que había recibido la semana anterior a esa primera reunión, cuando Diputados rechazó el DNU de fondos reservados, Lousteau se quedó con la titularidad de la Comisión Bicameral de Inteligencia y la movilidad jubilatoria, luego vetada, había sido aprobada por el Senado. La extrema debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza no hace más que augurarle nuevas derrotas.
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