Entre el súper-DNU y la ley ómnibus, Javier Milei propuso en total 1.030 medidas. A ellas se les suman las 10 medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera semana de la gestión de gobierno de La Libertad Avanza.
Las 366 del decreto ya rigen desde el 29 de diciembre, salvo las que están suspendidas por la Justicia, como la reforma laboral. Las 10 de Caputo también están en pleno vigor. En cambio, los 664 artículos de la ley ómnibus dependen de que la apruebe el Congreso.
De hecho, ya no serán 664 sino bastantes menos (dicen 523), porque el Gobierno debió ceder en muchos temas para conseguir votos de la oposición para lograr su aprobación.
Sin perjuicio de cómo quede la redacción y de su suerte en el Congreso, el conjunto de propuestas —por distintas vías y a distintas velocidades— de la joven gestión de Milei han provocado un amplio rechazo, que tiene al sindicalismo como cabeza del paro nacional de este miércoles.
En esta nota repasamos, de todo ese paquete de medidas, y otras más dispuestas por separado —como la restitución del pago de Ganancias—, cuáles son las que mayormente explican la reacción del sindicalismo y otros sectores en este primer paro nacional de la era Milei.
REFORMA LABORAL. Aunque están suspendidas por la Justicia, la principal razón de este paro nacional son las medidas de índole laboral del DNU. El decreto deroga los artículos que regulaban multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado. Además, deroga la ley indemnizaciones laborales y los artículos de la ley de evasión fiscal que persiguen el empleo no registrado. Establece que la base de cálculo de la indemnización ya no incluirá el aguinaldo, ni conceptos de pago semestral o anual. Dispone que los gremios no podrán organizar asambleas de trabajadores que “perjudiquen las actividades normales de la empresa o afecten a terceros”. Y limita el derecho a huelga de determinados sectores esenciales.
DEVALUACIÓN E INFLACIÓN RÉCORD DESDE 1991. La suba de más del 100% del precio del dólar oficial, que saltó de $400 a $800 entre la última semana de gestión de Alberto Fernández y la primera de Milei también explica el paro, ya que produjo en diciembre una inflación del 25,5%, con especial impacto en los alimentos, prácticamente sin medidas de alivio a la caída del poder adquisitivo.
JUBILACIONES. Inicialmente se propusieron aumentos para los jubilados por decreto, ya sin fórmula de movilidad, pero por la presión opositora finalmente se eliminará la fórmula actual y se pasará a una que ate los haberes a la inflación (como la que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri), con el argumento de que, así, los jubilados no perderán poder de compra. Sin embargo, esa indexación empezaría recién en abril. El proyecto de ley también establece el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses al Tesoro, una medida cuestionada por la oposición, inclusive por quienes podrían aprobar parte del paquete.
EMPLEO PÚBLICO Y PLANES SOCIALES. La no renovación de contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia y los despidos en el Estado se suman a las razones del paro de este miércoles. También se atribuye malestar por el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo en valores de 2023.
TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. El gobierno de Milei continuó con la política de la gestión de Sergio Massa de reducción de subsidisios a la energía y al transporte público, lo que también produjo malestar y una grave afectación a los bolsillos de los trabajadores y sus familias, y esto se suma, así, a los motivos de la huelga general y las protestas de este miércoles.
GANANCIAS. Aunque no forma parte del DNU ni de la ley ómnibus, el paro también se realiza en contra de la intención oficial de restituir el pago de Ganancias para una parte de los trabajadores, es decir revetir la exención que había sido decidida durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo. El gobierno de Milei —quien curiosamente como diputado había votado a favor de este beneficio— ya presentó el proyecto de ley para restituir Ganancias sobre los salarios de los trabajadores. De ser aprobada la iniciativa por parte del Congreso, el impuesto pasaría a llamarse “a los Ingresos Personales” y el mínimo no imponible sería de $1.817.175 brutos, actualizado trimestralmente a través de la inflación del INDEC.
ALQUILERES. Otra razón de la huelga general de este miércoles es la derogación de la ley de Alquileres ya dispuesta en el DNU y en plena vigencia. Asociaciones de inquilinos señalaron que la norma los protegía de aumentos abusivos en los precios de las locaciones, aunque el Gobierno, el sector inmobiliario e inclusive buena parte de la oposición sostienen que la ley de Alquileres, por el contrario, había provocado una retracción en la oferta y una consecuente suba de precios por encima de la inflación general.
PREPAGAS. El DNU liberaliza los precios de la medicina prepaga y les permite a las empresas del sector que asuman el rol de las obras sociales. Las prepagas no perdieron tiempo: inclusive antes de la entrada en vigencia del DNU ya les habían mandado a sus afiliados avisos de aumento del 40% en la cuota mensual (el partido de Elisa Carrió, la Coalición Cívica-ARI, presentó una denuncia judicial por cartelización). Después del 40% para enero mandaron otro anunció a sus clientes con un nuevo aumento para febrero de hasta el 30% en algunos casos. Esto está produciendo un aluvión de bajas de afiliados y de cambios de plan, hacia los más económicos, debido a que las cuotas se van a las nubes. Una afiliada del Hospital Italiano acudió a la Justicia y consiguió que le suspdendieran el aumento. Lo mismo pasó con otro afiliado de Galeno.
TARJETAS DE CRÉDITO. El DNU quita obligaciones a las emisoras de tarjetas de crédito. Ya no se imponen topes a las tasas de interés ni a las comisiones a los comercios. Se derogó una ley de 1958 que establecía “las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados” pero aún no se tocó la fórmula de actualización votada en 2020.
PRIVATIZACIONES: Aunque se eliminó a YPF del listado de empresas públicas sujetas a expropiación, Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. El resto de las empresas del Estado pueden ser vendidas en su totalidad. Entre ellas, Aerolíneas Argentinas; AySA, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la Casa de Moneda; el Correo Oficial; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; y la agencia Télam.
CULTURA. Aunque se produjeron cambios al texto respecto del proyecto original de la Casa Rosada, el paro general de este miércoles también se produce por las reformas, previstas en la redacción original de la ley Bases, de numerosos mecanismos e instituciones que fomentan la producción, formación y participación cultural. Entre las definiciones más fuertes se encuentran el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA), y el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Ahora se redijeron las modificacions al INCAA. Respecto al FNA el problema de base es que gastaba en su propia gestión el 70% de los recursos que recibía de los usuarios de la cultura. En la versión actual del proyecto no se propicia su cierre, sino que se exploran mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística. Así se determina que los directores deberán ser ad honorem y que los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos. Respecto del Instituto Nacional de la Música (Inamu) y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) simplemente se restringen sus gastos a que no sean mayores al 20% de sus ingresos, sin proponer otros cambios de estructura. Respecto del INT, se clarifica que las funciones serán absorbidas por la secretaria de Cultura y que los fondos para dicho sector no se verán afectados.
EMERGENCIA. Al declarar la emergencia pública en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y establecer que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional” por hasta dos años más, se le otorgaban superpoderes a Milei por todo su mandato. En el texto modificado, tras la presión opositora, se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más y no automáticamente sino con aprobación del Congreso. De igual manera, estos superpoderes también explican el paro.
REUNIONES DE TRES PERSONAS Y PROTOCOLO ANTIPIQUETES. El sindicalismo también protestará este miércoles —y probablemente pondrá en jaque— el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, más conocido como protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir los cortes de tránsito por protestas políticas. Además, la ley ómnibus incluía en su texto original un artículo que definía como “reunión” o “manifestación” a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público, y obligaba a pedir permiso para realizar dichas reuniones/manifestaciones. Bullrich anunció hace dos semanas que se retiraba dicho artículo. Lo que no dijo es que el Poder Ejecutivo insistiría en esa medida en la nueva redacción de la iniciativa, subiendo de tres a 30 la cantidad de personas. El paro de este miércoles, entonces, quedaría al borde de la ilegalidad si este artículo de la ley ómnibus de Milei estuviera vigente.
JJD