Con la ausencia de los cinco proveedores de vacunas contra el Covid-19, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos) encabezó este martes la comisión informativa convocada para escuchar e interrogar a los laboratorios que firmaron contratos con el Estado nacional. Las farmacéuticas habían sido citadas “bajo apercibimiento de ley”, y en acuerdo con el interbloque de Juntos por el Cambio, pero Massa anunció que ninguna de ellas se presentaría ante los diputados.
Durante la reunión sí expusieron de manera virtual representantes de Pfizer -en negociaciones con el Ministerio de Salud- y del Laboratorio Richmond, que producirá en el país la vacuna Sputnik V.I.D.A., tras firmar un acuerdo con el Fondo de Inversión Ruso.
Al inicio de la comisión informativa, Massa aclaró que AstraZeneca hará su presentación por escrito; y que representantes del organismo Covax -que funciona como intermediario con los laboratorios extranjeros- expondría más adelante, posiblemente también por escrito. Se espera que la próxima semana.
¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?
Massa informó, además, que las farmacéuticas que dependen de los Estados de Rusia (el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso) y China (Sinopharm) responderán vía Cancillería las preguntas de los diputados de las comisiones parlamentarias de Salud y Legislación General.
Tanto antes como después de la exposición de Pfizer, oficialistas y opositores manifestaron o infirieron la posibilidad de modificar la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19, sancionada a finales de 2020 para posibilitar los acuerdos con los laboratorios.
La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas, pero éstas no se adecuaron a los requisitos de Pfizer, explicó este martes ante los diputados el gerente general de ese laboratorio, Nicolás Vaquer, aunque no precisó por qué, a pesar de las insistencias de legisladores de todos los bloques.
Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales.
“¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?”, le preguntó Massa al ejecutivo en nombre de varios diputados. Vaquer reiteró: “Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual”. Previamente, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, dijo durante la reunión que la oposición está dispuesta a debatir las modificaciones necesarias para acelerar y aumentar la entrega de vacunas.
En el caso de Richmond, el presidente del laboratorio nacional, Marcelo Figueiras, respondió: “No tenemos un acuerdo con el Gobierno nacional” para producir la vacuna Sputnik V.I.D.A. “Nuestro acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión no es confidencial”, agregó, tras remarcar que envió una copia a la oposición.
“El Fondo Ruso ha visitado muchos laboratorios en Argentina”, respondió Figueiras al diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), ante las dudas de la oposición sobre si el laboratorio, con buena llegada al Gobierno, había tenido ventajas sobre otras farmacéuticas locales para fabricar la vacuna rusa de manera exclusiva en el país.
“Las primeras semanas fabricaremos 500 mil dosis semanales”, afirmó el empresario. “No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro”, aseguró el presidente de Richmond, quien inició su presentación solicitando una baja en los impuestos. “Es muy difícil invertir en estos proyectos de alto costo biotecnológico si no se encuentra una promoción impositiva”, sostuvo. “Debemos pagar sólo US$10 millones de derechos de importación de maquinaria productiva”, dijo. “Otros gobiernos nos llaman para que invirtamos en otros países pero aquí nos quedamos”, agregó el empresario.
El contrato que no fue
El ejecutivo de Pfizer aseguró que el actual marco legal para la provisión de vacunas en Argentina “no es compatible con los requisitos del contrato” debido a las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que la farmacéutica busca negociar con el Ejecutivo. El gerente también afirmó que el gobierno de Fernández no le solicitó “pagos indebidos” ni intentó imponer un socio local como intermediario en la provisión de las dosis. Así lo había sugerido la presidenta del PRO Patricia Bullrich.
Vaquer declaró que Pfizer firmó el 11 de julio de 2020 un acuerdo de confidencialidad con el Ejecutivo y que el primer ofrecimiento del laboratorio al Gobierno fue el 25 de julio de 2020. “El 6 de noviembre (de 2020), se publicó la nueva ley de vacunas y la segunda oferta (de la farmacéutica) fue el 1° de octubre. El Gobierno nos pidió acelerar las entregas y demostró interés para las vacunas que pudiéramos entregar antes de marzo de 2020”, dijo Vaquer ante los diputados.
Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual.
En 2020, Pfizer ofreció al Gobierno proveer “13,2 millones de vacunas, a ser entregadas a partir de diciembre” de ese año, según el representante del laboratorio. Detalló además que las entregas requeridas por el Ministerio de Salud constaban de una primera entrega de un millón de dosis antes de finales 2020: otros dos millones durante el primer trimestre de 2021; y otros 5 millones para el segundo trimestre. El resto sería entregado después. Pero el acuerdo nunca se selló.
El debate sobre la indemnidad
La mayoría de las preguntas de los diputados al representante de Pfizer giró en torno a por qué la ley actual, especialmente votada para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, no encuadra con los requisitos de protección legal que exige el laboratorio.
El representante sostuvo que ese conflicto está siendo discutido por los abogados del laboratorio con el Ministerio de Salud en una mesa de negociación para concretar el acuerdo y no brindó mayores detalles.
Aseguró que las cláusulas de indemnidad son las mismas impuestas en 116 países donde firmaron y están proveyendo vacunas y cuya necesidad se basa en “los riesgos inusuales y sin precedentes” en la producción de las dosis, teniendo en cuenta que la velocidad y escalas de producciones son “requeridas por los gobiernos” de distintos países.
El gerente dijo que las cláusulas también se deben a la necesidad de “intercambiar información con el Ejecutivo” que no sería de acceso público y dijo que Pfizer tiene “un cumplimiento contractual del 99,99%” en el mundo. También afirmó que el laboratorio proyecta producir 3.000 millones de dosis en 2021.
Desarrollar una vacuna lleva “de siete a diez años para producir” y “de 10 moléculas que se prueban, sólo una termina dando resultados”, dijo Vaquer. “Pfizer asumió los riesgos de acelerar esos procesos que llevan meses a semanas y de semanas a días” y “empezó a invertir para que si la vacuna era aprobada se esté en condiciones de entregarla al mundo”, justificó el gerente general en torno a los requisitos legales que el laboratorio impone en sus contratos.
“Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales”, dijo antes de las preguntas de los diputados y ante los señalamientos de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) en las últimas semanas.
No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro.
La vacuna local
Ante las preguntas de los diputados opositores, Figueiras declaró: “No hemos recibido de parte del Gobierno ninguna indicación de si nosotros debíamos o podíamos fabricar (la vacuna rusa), sino que a través de nuestros socios nos invitaron a participar”, afirmó en referencia al laboratorio indio que trabaja en conjunto con Richmond.
La diputada Carmen Polledo (Juntos por el Cambio) solicitó a Figueiras explicaciones sobre la suba de las acciones que percibió Richmond en la bolsa de comercio tras el anuncio del acuerdo. “El mercado de capitales argentino es chico y somos el único laboratorio nacional que cotiza en bolsa”, respondió Figueiras. Polledo había dicho que las acciones registraron una suba del 33% en una sola rueda.
Polledo también le preguntó sobre la transferencias de acciones de la compañía tras la visita de Alberto Fernández a la planta de producción del laboratorio el 5 de febrero. El empresario respondió: “Fue una transacción que se hizo (por parte de) alguien totalmente ajeno a nosotros, un empresario que le compró (acciones) a otro” y “no tiene nada que ver con la visita del Presidente a la planta”.
Los acuerdos
El país firmó cinco contratos hasta el momento para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India). De los cinco proveedores contratados, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD.
Hasta el sábado último, Argentina había recibido un total de 18.450.150 unidades de diversas vacunas, según el último reporte del Ministerio de Salud. Es casi un tercio (31%) de las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, entre octubre de 2020 y marzo de 2021: 58.924.000 dosis, según había informado el organismo a elDiarioAR y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Los datos oficiales también revelan que las entregas se aceleraron en las últimas semanas. De las 18.450.150 unidades recibidas, el 46% (8.522.205 unidades) llegó al país entre el 28 de abril y el 3 de junio, es decir, en los últimos 37 días, como informó este medio en base a datos oficiales.
ED