Pese a una traba judicial inesperada y el rechazo casi unánime de los expositores en las audiencias, el larretismo avanza con la venta de Costa Salguero. El jueves próximo terminará la ronda de opiniones públicas no vinculantes sobre el proyecto impulsado por el gobierno porteño. Previsiblemente, el clima en las presentaciones virtuales (con asistencia récord) fue desfavorable al plan oficial. Hasta el lunes pasado, se acumularon 1892 expositores: 1847 personas opinaron en contra de la privatización con fines inmobiliarios y de uso público. Sólo 44 la defendió.
El oficialismo porteño, sin embargo, atribuye esa tendencia a una politización del debate, orquestada por la izquierda y el kirchnerismo. Y si bien considera la posibilidad de incorporar alguna modificación puntual al proyecto (la Secretaría de Desarrollo Urbano sigue el día a día de las audiencias), descarta por completo archivar la venta. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está determinado a modificar la fisonomía de las 32 hectáreas que ocupan Costa Salguero y Punta Carrasco, frente al Río de la Plata y cerca del aeropuerto Jorge Newbery.
El Puerto Madero II proyectado no podrá superar los 29 metros de altura. En caso de concretarse, los edificios construidos ocuparán el 26% de la superficie total del terreno. Así lo dispuso el estudio de arquitectura Menichetti y Franck que, acatando el pliego de condiciones oficial, ganó el concurso. El 74% restante deberá transformarse en parque público sobre distintas áreas de la ribera. Aunque algunos expositores relativizaron esa proporción: plantearon que la parte pública del plan se volvería, en la práctica, un espacio semi-privatizado para los ocupantes de las viviendas, oficinas y comercios.
“Ese lugar debería estar destinado a un gran parque público. La pandemia nos hizo ver la necesidad de multiplicar los espacios verdes. Tenemos menos de la mitad de los metros cuadrados verdes por persona recomendados por la Organización Mundial de la Salud”, afirma el legislador del Frente de Todos Leandro Santoro. La Ciudad cuenta con 6 metros cuadrados por habitante, contra los entre 10 y 15 que sugiere la OMS.
Desde fines del año pasado, la consigna de rechazo al proyecto fue: “defendamos nuestro río; parque sí, torres no”. Se realizaron varias manifestaciones, tanto en redes como en caravanas de autos y bicicletas.
Ese lugar debería estar destinado a un gran parque público. La pandemia nos hizo ver la necesidad de multiplicar los espacios verdes
El argumento central del larretismo para defender el proyecto es que actualmente la zona de Costa Salguero se encuentra desaprovechada y de espaldas a la ciudad. “Es un predio desconectado de la trama urbana. Ahí se necesita una mixtura de usos: que pase una sola cosa no es bueno. Que sea sólo parque estaría mal. Sólo oficinas, viviendas o locales, también. La mixtura haría que vaya más gente. Y eso garantizaría una accesibilidad plena para que todos disfruten del río”, promete a elDiarioAR el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta.
En el anteúltimo día de exposiciones y discursos, que empezaron el 27 de noviembre y finalizarán este jueves, abundaron nuevamente los cuestionamientos al plan del gobierno. La ingeniera ambiental Sara Montenegro afirmó que “para el extractivismo urbano, las plazas y los parques no son espacios rentables y deben ser convertivos en algún tipo de negocio, se privatiza el ocio e impone que no se puede disfrutar sin consumir”.
Es un predio desconectado de la trama urbana. Ahí se necesita una mixtura de usos: que pase una sola cosa no es bueno. Que sea sólo parque estaría mal. Sólo oficinas, viviendas o locales, también
La audiencia pública sobre la venta de Costa Salguero es la más larga de la historia de la ciudad. Con 7053 personas inscritas para alzar su voz, también batió récords de participación. El rechazo de varios grupos ambientalistas, sociales y políticos al proyecto hizo del caso una situación bisagra: si el larretismo gana esta pulseada, que se libra en la Legislatura, en la Justicia y en la calle, sentará un precedente clave. Difícilmente después quede músculo político y social para resistir propuestas similares de desarrollo inmobiliario para la Capital.
¿Cómo sigue esta trama? La rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco (lo que permite que se puedan construir edificios en ese lugar) requiere de una segunda aprobación en la Legislatura. En octubre pasado, el larretismo hizo valer su mayoría en el recinto: consiguió 35 votos a favor, incluidos dos del socialismo de Roy Cortina, más nueve avales del bloque radical alineado con Martín Lousteau y el mítico Enrique Nosiglia. El gobierno da por descontado que repetirá esa mayoría en la llamada segunda lectura. “Vamos a acompañar, aunque quizás hagamos algún aporte para mejorar el proyecto”, revela un legislador de la UCR.
El proyecto, sin embargo, enfrenta otra traba algo inesperada. Además de la rezonificación, la Legislatura de la Ciudad ya aprobó la venta de los predios costeros. La ley de privatización fue votada en diciembre de 2019. Pero en octubre del año pasado, la justicia aceptó una apelación y suspendió la venta. Con un agravante para el alcalde Rodríguez Larreta: la decisión no fue tomada por uno de los jueces de primera instancia que suelen desairar al gobierno y marcarle la cancha a través de amparos. Al contrario, la tomó una sala de cámara a la que el oficialismo considera “prudente”.
Tras un primer fallo positivo para el larretismo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad aceptó la apelación planteada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas y la diputada Gabriela Cerruti. Si bien no resolvió el planteo de fondo y apenas dictó una cautelar, los jueces concedieron que, según la Constitución de la Ciudad, los terrenos podrían considerarse de dominio público por su importancia para el medio ambiente y deberían ser de “libre acceso y circulación”.
“El PRO, junto a los principales desarrolladores y terratenientes urbanos, pretende que el entorno ribereño se uniformice bajo los criterios que dieron origen a Puerto Madero: exclusión, apropiación y concentración de las tierras públicas por los sectores económicos de mayores recursos, fragmentación social y espacial, e incremento del valor del suelo a través de la creación de nuevas desigualdades”, plantea ante elDiarioAR el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo.
Habitual amparista en contra de los planes del gobierno, Baldiviezo se convirtió en una molestia cotidiana para la gestión amarilla. Entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, el PRO manda en la Capital desde hace 14 años.
La discusión sobre si Costa Salguero pertenece al dominio privado de la Ciudad o al dominio público, como argumentaron los amparistas, es crucial. Parece algo abstracta, pero tiene una consecuencia muy concreta. Los espacios de dominio público, como los ríos o las plazas, son prácticamente inalienables. Es decir, para venderlos, el gobierno necesitaría dos instancias de aprobación en la Legislatura. Y algo más: estaría obligado a conseguir el aval de dos tercios de las bancas. Actualmente no cuenta con esos 40 votos. Dentro del oficialismo, incluso existió un pase de facturas cruzado respecto a la falta de solidez técnica en el proyecto.
La espada de Damocles judicial le suma imprevisibilidad al proyecto. ¿Habrá actores inmobiliarios dispuestos a invertir a riesgo, sin contar con garantías sobre la viabilidad política y jurídica de ese negocio? No existe una respuesta definitiva al respecto. Cerca del gobierno descartan rápidamente una opción: que empresas extranjeras del real state se embarquen en esa aventura. La mezcla de pandemia, traba judicial e incertidumbre cambiaria atentan contra esa posibilidad. La expectativa está puesta en los tanques locales del mercado inmobiliario. ¿Quiénes? El poder permanente de la construcción en la Capital: IRSA, Consultatio, Raghsa y TGLT. En nombres propios, Eduardo Elsztain, Eduardo Costantini y Nicolás Caputo.
“La industria de los amparos es un desastre para este tipo de inversores. Pero a la vez ellos están acostumbrados a esperar y pueden apostar y esperar unos años”, concluye un legislador del oficialismo.
AF