Agresiones a periodistas

Amnistía Internacional denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques a la libertad de expresión en Argentina

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un “deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina”, mediante una carta dirigida al órgano de la OEA que promueve y protege los derechos humanos en América.

En el escrito, Belski hace hincapié en dos ejes para fundamentar la acusación contra el Gobierno de Javier Milei: “el ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y 'asesinato de reputación'; y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas”. 

“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”, señaló la representante de Amnistía Internacional Argentina.  

Según Belski, “la red socio-digital ”X“ (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ”mentirosos“, ”ensobrados“, ”idiotas“, ”violentos“, ”agresivos“, ”despreciables“, ”imbéciles“, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”, detalla. 

A Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, por nombrar solo algunos, en las últimas horas se sumó Marcelo Longobardi, calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” a través de la cuenta del presidente. 

En el escrito, la organización internacional también cuestionó “la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado”. Y alertó sobre “el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno”.

Amnistía Internacional reveló también que, este tipo de ataques “suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, remarcaron. 

Para la organización que promueve y protege los derechos humanos en el mundo, “una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, sostienen. 

Y agregan desde AI: “La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”. 

La carta completa

De mi mayor consideración,  Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, tiene el agrado de dirigirse a esa ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión o CIDH), así como a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensoras y de Defensores de Derechos Humanos y Operadores de la Justicia, a fin de compartir información sobre el deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina. A tales efectos, a continuación, le hacemos llegar información jurídica y de contexto que da cuenta de la relevancia y urgencia del tema de referencia. En este sentido, repasaremos 2 ejes: a) ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y “asesinato de reputación”; b) restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas.

I. Contexto: retórica confrontativa, fake news y temor: una receta para socavar la libertad de expresión

La confrontación, el odio o la pelea funcionan hoy en Argentina como una técnica de distracción para que las personas desvíen la atención de lo importante y se fijen en un punto de interés alternativo. 

Este fenómeno no es nuevo ni excluyente del país, sino que, en varias partes del mundo, los líderes políticos de diversos países promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias, entre otras, en culpabilizar a grupos enteros por problemas económicos, sociales o de seguridad. ¿Que buscan? Crear un enemigo a quien confrontar, deslegitimar y destruir; acusarlo por ser responsable de todos los males y, con eso, justificar todo t ipo de medidas e intervenciones. Así, por ejemplo, los refugiados o la población migrante pasaron a ser los responsables directos de las crisis económicas en Europa. Las conquistas de las mujeres para poner fin a los abusos y violencia pasaron a ser una amenaza para los valores “tradicionales” de un país, generando un entramado de violencia y odio. 

En Argentina, la construcción de la idea de “casta”1 y de “los mismos de siempre” usadas como latiguillos y figuras emblemáticas del gobierno entrante, si bien en un principio funcionaron para nombrar a la clase política históricamente vigente en Argentina, hoy el término en expansión es usado para nombrar un “ellos” difuso y abarcar esa parte de la sociedad que no piensa o adhiere a las ideas del gobierno. De este modo, el concepto es funcional a la creación de este enemigo – el que no piensa como “ellos” - que desencadena cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y que fomentan una incapacidad de diálogo. O estás con “ellos”, o en contra. O es todo o no es nada. No hay posibilidad de disentir. 

De la mano de la confrontación, las tácticas de demonización y manipulación pública, las “fake news” (noticias falsas) publicadas en forma de noticia también cobran un protagonismo inédito. Se imponen como verdades, hechos o datos falsos y tienen más influencia que los hechos objetivos. Este tipo de noticias son acompañadas por narrativas estigmatizantes, cargadas de valoraciones implícitas y emociones. En permanente disputa, se apoderan del debate público e influyen directamente en la forma en que se manipulan y perciben los problemas. Además, la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no hace más que crecer, violando el acceso de las personas a la información pública.

Finalmente, el uso de este tipo de retóricas se ayuda del temor de las personas como vehículo para someter y dominar. Detrás de la forma, detrás del insulto, hay un castigo ejemplificador de lo que puede pasar si te estás en contra. Eso no solamente pone al que piensa distinto del lado del “traidor”, sino que amedrenta a quien quisiera expresarse en libertad; y lo que se impone es el silencio, la censura y con ello la pérdida de un derecho esencial como la libertad de expresión.

Con esta receta infalible -confrontación, odio, temor y noticias falsas – se han podido romper todos los límites y, al hacerlo, se garantiza un plafón absoluto donde todo vale y se quiebran reglas de convivencia en un estado de derecho. 

II. Los periodistas como blanco de ataque

La red socio-digital “X” (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. Los otros poderes, referentes, funcionarios (as), periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones, son frente de ataque. Se despliega una abierta cacería contra todo aquel que critique o señale. 

Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es ni más ni menos que el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos silenciadores sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión. Hay una intención de silenciar voces, con amenazas, escraches, hostigamiento y minando y socavando su reputación. 

El “asesinato de reputación” (character assassination en inglés) es una de las metodologías que se utilizan para atacar a líderes de oposición, líderes de opinión y figuras creíbles que pueden socavar la popularidad de un gobierno o persona. Esto incluye el ataque a los periodistas y formadores de opinión. ¿Cómo se traduce en la práctica?: minar por completo su reputación. 

Derribar una figura carismática, creíble, que inspira confianza es el propósito. Sean cuales sean los atributos de la personalidad, la suma de ellos debe dar como resultado una imagen en la que las personas confíen, y entonces la táctica no puede consistir en otra cosa que socavar esa confianza. Frente a la credibilidad, el desprestigio. Frente a la fe, la sospecha. 

Asesinato de reputación o carácter implica entonces aniquilar la reputación de la persona para desactivar así la estima que provoca sus seguidores reales y potenciales. La difamación, la calumnia, o la difusión de información falsa o malintencionada son vehículos para ello. El objetivo es desacreditar a la persona en cuestión y derribar su credibilidad o confianza ante los demás.  

El caso del periodismo: libertad de expresión bajo ataque

Desde el inicio de la nueva administración de Milei, e incluso antes de su asunción como presidente de la Nación, el vínculo con el periodismo ha sido tenso y hostil. En este Anexo, recuperamos un listado de estas agresiones, además de tomar nota de algunas de ellas en este acápite.

Ya en 2018, en ocasión de una conferencia sobre economía que se llevó a cabo en un pueblo de la provincia de Salta en el norte del país, el entonces economista maltrató de forma muy violenta a una periodista al punto tal que tuvo que intervenir la Justicia. El 26 de junio del 2018, Milei todavía estaba lejos de la campaña del 2021, a partir de la cual saltó a la política. En una charla en Colegio de Abogados de Metán, la periodista local Teresita Frías, le preguntó sobre las políticas keynesianas que fracasaron en Argentina.

En una respuesta de casi ocho minutos, Milei agredió verbalmente a la periodista, la trató de “burra”, le imputó problemas de comprensión y le preguntó “¿de qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a hablar de temas que no sabes un carajo”. A lo largo de varios minutos sus respuestas estuvieron cargadas de violencia y atravesadas por una situación de desigualdad entre el expositor y la periodista, a la que Milei, desde su micrófono en un atril, también desafió de manera constante con preguntas sobre conceptos económicos. Como no le gustaron las respuestas de la trabajadora de prensa y las consideró erradas, no hizo más que responder con violencia. A partir de la una denuncia judicial, el 28 de junio, dos días después del episodio, el juez Carmelo Paz le ordenó a Milei que se abstenga de ejercer “actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas descalificantes” en contra de Frías.

Además, el magistrado le prohibió a Milei la participación de cualquier charla o reunión pública en la ciudad, al tiempo que pidió que se le practique “una amplia evaluación” psicológica. También lo citó a una audiencia a la que Milei asistió acompañado de un abogado el 11 de julio de ese año. Según consta en autos, el economista esgrimió sus disculpas, que fueron tomadas como “suficientes” por la víctima. A partir de eso, la causa se archivó.

Durante la campaña, en marzo de 2023, mientras estaba al aire en una entrevista con la periodista Jésica Bossi en el Canal de televisión TN y mientras discutían sobre un spot de un candidato del partido de La Libertad Avanza, que proponía una política de desregulación de las armas de fuego, el entonces candidato Milei la cruzó exaltado y con interrupciones que en ningún momento la dejaron responder su punto de vista le dijo: “¿Vos estás a favor de que los delincuentes te revienten la vida? Entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? ¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los delincuentes de bien? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, dale?”. Y agregó: “Gracias por traernos tanta delincuencia Jésica. Hay una señora que hace una pregunta conociendo mi posición, que lo que hace es ensuciar. No quieras instalar que estoy enojado”.

Ya en ocasión de sus funciones, Milei dirigió ataques contra profesionales mujeres del periodismo. Silvia Mercado, periodista y escritora, quien trabaja en el diario El Cronista y Radio Jai fue tildada de “mentirosa serial” por una información que transmitió sobre los perros de Milei (8 de enero 20243); Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación en París, diez días más tarde, fue acusada de mentirosa y trabajar para un medio que, en términos de Milei, opera contra el gobierno, tras calificar la recepción del discurso del Presidente en la cumbre de Davos “con estupor y sorpresa”; y contra María O’Donnell, el 19 de enero, a quien acusó de mentirosa y de querer ensuciarlo, porque sostuvo, y luego rectificó, que el presidente viajaría de Aeroparque a Olivos en helicóptero cuando lo hizo en auto.

Los ataques contra Maria O´Donnel no cesaron allí. A principios de julio, María O'Donnell fue blanco de repetidas acusaciones por parte del presidente Javier Milei, quien se hizo eco de fragmentos editados de las declaraciones de la periodista, difundidos por tuiteros anónimos afines a su gestión. Estos nuevos ataques surgieron después de que el 2 de julio, el presidente retuiteara una publicación de una de estas cuentas afines, criticando a O'Donnell por haber viajado para cubrir la Copa América junto a otros colegas de Radio Urbana Play 104.3 FM.

Posteriormente, diversas cuentas tomaron las palabras de la periodista en sus programas, sobre la denominada “ley Conan”, la reducción de la edad de imputabilidad y los descuentos de la cuenta DNI, y las editaron y distorsionaron con la clara intención de desacreditarla ante la opinión pública. El presidente de la Nación no solo retuiteó estos mensajes, sino que además añadió sus propias acusaciones basadas en estas noticias falsas. Esto desató una ola de tuits violentos contra la periodista.

Como explicó María O'Donnell en su editorial del 5 de julio en Urbana Play, a pesar de aclarar que estos son recortes manipulados y sacados completamente de contexto, no cuenta con las herramientas suficientes para contrarrestar el impacto de estos mensajes falsos y dañinos que siguen circulando en las redes. Este perjuicio se agrava cuando es el propio presidente quien los difunde y avala. El 28 de junio el presidente Javier Milei retuiteó un posteo en X de la cuenta @usdtermo que cuestionaba un gráfico sacado al aire en el programa de María Laura Santillán (del medio televisivo LN+) y la tildaba de «pautera y operadora». El presidente Milei acompañó el retuit sosteniendo que se “manosean los gráficos para mostrar como mala una noticia buena, nada que te sorprenda”, e hizo referencia a la periodista como “la ex de…”, un recurso que viene utilizando para agraviarla públicamente desde hace unos meses.

Sofía Diamante trabajadora de prensa del diario La Nación también fue increpada por el Presidente. Sucedió cuando la periodista opinó sobre los métodos oficiales para bajar la brecha financiera, generando la reacción de un economista, tras lo cual, se sumó el primer mandatario, acusándola de haber mentido durante su campaña, y agregó: “A su vez, sería bueno saber cómo tiene información sobre el FMI que no tiene el gobierno, salvo que ello implique que uno de los dinosaurios analógicos del círculo rojo haya mentido de modo descarado (de hecho ha mentido de modo grosero y puede que ambos tengan la misma fuente) en su nota del fin de semana. Delicias del statu quo. VLLC !!!”.  

El ensañamiento hacia periodistas mujeres tampoco es novedoso. Si bien están expuestas a los mismos riesgos que sus compañeros varones cuando investigan e informan, corren riesgos específicos por el hecho de ser mujeres. 

A la par, en ocasión del discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2024, el presidente de la Nación se refirió en forma genérica a periodistas “ensobrados”, “comprados” con la pauta oficial y defensores “descarnados” de “privilegios” que se resisten a perder. La cuenta de X del presidente Milei lanza constantes sospechas de corrupción sobre la prensa. En seguimiento a su discurso, dirigió críticas contra al menos dos periodistas de reconocida trayectoria: Martín Rodríguez Yebra y Marcelo Bonelli.  

“#Bonelli siempre preocupado por la casta. Cuando peligraron ‘ciertos privilegios’, destrozaba a @mauriciomacri. Hoy intenta hacer lo mismo con @JMilei…”, dice el tuit al que hizo referencia el Presidente. Y cerraba con una línea amenazante: “Pero ya NO PODRÁS HACER MÁS DAÑO.” (…)

“Han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas... Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros...”. 

El tuit de Milei fue el origen de una catarata de posteos y mensajes contra Bonelli. Es que justamente, la intimidación y acoso, potencia de manera exponencial una catarata de mensajes que plagan las redes sociales y los perfiles de los periodistas con violencia y odio. 

A la par, tildó de “violento” y “agresivo”, a Joaquín Morales Solá; y apodó “Victor Humo” a Victor Hugo Morales y lo calificó como “literalmente despreciable”. 

El periodista Jorge Lanata también fue protagonista de fuertes cruces con el Presidente, a quien termino denunciando ante la justicia por injurias, tras haberle endilgado recibir coimas por su labor: “Sería bueno que el larretista [en referencia a Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a la presidencia en 2023] Lanata se informe bien sobre la reunión”, introdujo Milei. “Jorgito, no mientas. En la reunió+D15, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC”. “Críticas sí. Mentiras No. ¿Decir la verdad requiere sobre [en referencia a que recibiría dinero para atacar al gobierno]?”, cerró su posteo el mandatario.

A pesar de los meses, la escalada de ataques contra periodistas se continúa. Jorge Fontevecchia, director del Diario Perfil, ha tenido cruces muy fuertes a raíz de ataques del Presidente. Tras apodarlo “tinturelli” y mofarse públicamente en una entrevista periodística de “está carmeleado que da miedo, no”, celebró al aire que el diario que dirige “está camino a la quiebra...así que …¡que bueno!”.  

En julio de 2024, el presidente Javier Milei a través de las redes sociales atacó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) escalando nuevamente la pelea del gobierno contra los periodistas. Dijo que le daba “FOPEA ES UNA VERGÜENZA” la entidad que defiende el trabajo profesional de los periodistas14. Lo paradigmático es que este comentario fue hecho en simultáneo con un ataque de cuentas en X y fake news contra la entidad, tras publicarse un presunto chat privado que fue calificado de falso, respecto de una agresión contra un youtuber libertario en una protesta frente al Congreso contra la Ley Bases y tras que FOPEA alertara sobre la matrícula obligatoria que pretendía implementar esa semana el Ministerio de Capital Humano.  

Finalmente, huelga subrayar otros episodios que no responden exclusivamente a estrategias a través de las redes sociales, sino que escalan al uso de la herramienta judicial para perseguir al personal de prensa que se anima a criticar o disentir con medidas propuestas por el gobierno. 

Tal fue el caso de los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel. Ambos fueron denunciados penalmente por el ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona, por supuesta “instigación a cometer delitos”. En un caso que provocó repudio, el Ministro denunció a los periodistas a raíz de una serie de declaraciones que realizaron en el marco del escándalo por las 5 toneladas de alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, el dictamen del fiscal federal Ramiro González consideró que las expresiones “no tienen entidad” para ser consideradas un delito. Las estrategias de acoso judicial tienen un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y el papel del ciudadano en la democracia. Pese a que, en casos como éste, la justicia las descarta, el efecto inhibidor y criminalizante opera en contra del ejercicio libre de expresarse y fomentar la rendición de cuentas del estado. 

Como señalamos al inicio, en los últimos meses se ha instalado en Argentina la persecución de la crítica. El uso de retóricas abiertamente hostiles que califican a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como mentirosas, enemigas u opositoras; el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos para desplegar mecanismos de persecución, hostigamiento y control; y la instrumentalización de los mecanismos judiciales funcionan en un entramado que procura fomentar el silencio y la censura. 

En abril último, la SIP ya había advertido sobre “las descalificaciones e imputaciones” de Milei a la prensa. “En lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios”, resaltó en el informe de mitad de año. 

Algunos de estos hechos fueron condenados por organizaciones como ADEPA (que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país) tras entender que “cuando lo hacen las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”17. “Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás LIBERTADES en un estado de derecho. El efecto que buscan quienes atacan a los periodistas, entre ellos ni más ni menos que el presidente de la Nación, es que piensen dos veces antes de hablar y que opten por la autocensura antes de relevar información o ser críticos de las políticas del Estado”.

Adicionalmente, uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, tiene asimismo como resultado incentivar el hostigamiento, las amenazas y los hechos de violencia. La estrategia de tildar a la prensa de mentirosa, y acudir a descalificativos degradantes tiene además el potencial de derivar en agresiones físicas y obstrucciones al trabajo periodístico.

Es claro que el temor a represalias o a escaladas de estos ataques socava la capacidad de periodistas para promover el acceso a la información de la sociedad u la rendición de cuentas del gobierno y su gestión.  

III. Censura y limitaciones para preguntar e indagar: acreditación de prensa en Casa de Gobierno

Además del hostigamiento en redes sociales y de otras intervenciones disciplinantes, Amnistía Internacional ha documentado situaciones de castigo y censura a periodistas por sus opiniones o preguntas. 

Tal fue el caso de Silvia Mercado, quien fue expulsada de las ruedas de prensa matutinas en la casa de gobierno, al retirársele intempestivamente su acreditación18 y de manera arbitraria no permitírsele retomar su presencia.

El 16 de abril de 2024, la Subsecretaría de Vocería Y comunicación del Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, publicó los “Lineamientos y Generalidades para la acreditación de la Función Periodística en la Casa de Gobierno” (Disposición 4/200419). En cumplimiento de dicha disposición, el 3 de Mayo, Radio Jai SA, por medio de su director y apoderado Miguel Steuermann, se remitieron los datos para acreditar a Silvia Mercado, quien, a su vez, hacía más de diez años que trabajaba como periodista acreditada en Casa de Gobierno. Los días posteriores al 3 de mayo, la Sra. Mercado fue a cubrir, como siempre, las conferencias de prensa que se realizaban en la Sala de Periodistas.

Ello fue hasta el 6 de junio, en que, al intentar ingresar a la Casa de Gobierno, el dispositivo de lectura de huella digital le denegó el acceso. Tal como denunció la periodista en sede judicial, una vez que comprobó que no se trataba de un problema técnico, se comunicó con el Subsecretario de Vocería de Presidencia, Sr. Javier Lanari, quien le informó que efectivamente no estaba acreditada, ya que había un problema con el medio periodístico. Al solicitar ser acreditada en representación de otro medio, le respondieron que, el vocero presidencia, Manuel Adorni, iba a comunicarse con la Sra. Karina Milei, secretaria General de Presidencia, ya que la decisión había sido suya.

Hasta ese momento, el caso de Silvia había sido el único caso a quien le fue removida la acreditación de manera arbitraria. Y desde entonces, pese a los diferentes intentos para volver a acreditarse, no pudo volver a ingresar a cubrir las conferencias de prensa. 

Como anticipamos, Silvia Mercado lleva acreditada en Casa Rosada más de 10 años, a partir de 2015 por el medio Infobae y desde 2021 por Radio Jai.  

El 5 de julio de 2024 la Sra. Mercado interpuso una acción de amparo y una medida cautelar innovativa ante la justicia contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Secretaría General de la Presidencia) por considerar que se violaron su derecho a trabajar y ejercer industria lícita, su derecho a la igualdad y su derecho a la libertad de expresión y prensa. 

La libertad de expresión, tal como lo sostiene esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una “…piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.”

Asimismo, tal como tiene dicho la CIDH, “el ejercicio efectivo de la Libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intentes ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen”. 

La función del periodismo es indagar, preguntar, cuestionar y criticar. La prensa está para beneficiar a los gobernados, no a los gobernantes. 

Al respecto FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) expresó en un comunicado su preocupación por la no renovación de la acreditación de Silvia Mercado. “La colega de Radio Jai relató que desde el 6 de junio aguarda por una respuesta a su pedido y señaló que ha estado acreditada desde hace 10 años en la Casa de Gobierno. La falta de explicaciones oficiales vuelve a poner de relieve la necesidad de que las autoridades hagan públicos cuáles son los requisitos que un periodista debe cumplir para ser acreditado”, dijo la entidad que defiende a los periodistas. Y destacó que “lo sucedido ahora con Mercado representa una buena oportunidad para que el Gobierno nacional evite las represalias y las discrecionalidades, diseñe y transparente un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones de periodistas en Casa Rosada”. 

Tras las críticas por la exclusión de Silvia Mercado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el interés de crear una “sala de prensa de élite”, por lo que cambiarían las reglas de acreditación de los medios según su alcance y la experiencia de los periodistas: Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada, y estar en la sala de conferencias“, explicó Adorni en una entrevista televisiva. Detalló que se limitará el acceso a los periodistas para ”jerarquizar el trabajo de la prensa“. 

“Vamos a hacer una sala de prensa de élite. Periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente. Porque perdimos eso, que un periodista acreditado en la Casa Rosada tiene que sentir un honor por estar ahí”, añadió el vocero presidencial. 

Entre los requisitos que se evaluarán, se exigirá la experiencia de los periodistas y que estén inscriptos en relación de dependencia. 

Adorni destacó que se buscará la “excelencia” para acreditar medios según su alcance y audiencia, además de exigir “determinadas características al periodista, en términos de experiencia y que tenga relación de dependencia con los medios”. Añadió: “Que les dé orgullo tener acceso a la sala de conferencias”.

Huelga subrayar, tal como indicamos anteriormente, que en abril de 20024 ya había sido emitida una disposición que brindaba nuevos lineamientos para el acceso, que Silvia Mercado y el medio para el que trabaja cumplieron y que luego derivaron en su falta de renovación. 

Finalmente, el 18 de julio, trascendió que más de 50 periodistas acreditados le habrían sido removida su acreditación. Mientras tanto, el 19 de julio, a Silvia Mercado le fue devuelta la suya, en una clara muestra de los niveles de arbitrariedad con los que se maneja el ingreso a Casa Rosada para indagar, preguntar e informar a la sociedad. 

IV. Conclusiones

El derecho a la libertad de expresión e información y prensa son derechos fundamentales, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales tienen jerarquía constitucional.  

Es a través del ejercicio de la libertad de expresión que la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a información. Es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca.

De manera similar, como ha sido señalado recientemente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Los periodistas merecen especial atención no solo — como ocurre frecuentemente— por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan [...].

La agresión a un periodista representa un atentado contra los fundamentos de la causa de los derechos humanos y contra la sociedad informada en su conjunto. La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad. 

Por ello, resulta oportuno, necesario y urgente la intervención de la Comisión Interamericana y de sus Relatorías competentes, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, en condiciones de igualdad en la República Argentina.   

En virtud de lo expuesto, Amnistía Internacional considera urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos y considere:

Violencia contra mujeres periodistas

Diversos organismos de protección internacional de derecho humanos se han pronunciado para condenar las agresiones específicas contra las periodistas mujeres en el ejercicio de su labor, incluidas la discriminación y la violencia por razones de sexo y género, la intimidación y el acoso en Internet o en otros medios, y han interpelado a los Estados sobre la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan las periodistas por razón de su género.

La violencia y el abuso que viven muchas mujeres periodistas en las redes sociales hace que se autocensuren en sus publicaciones, limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red por completo, pese a ser un espacio fundamental para la difusión de su trabajo, lo que en definitiva repercute en la falta de pluralidad de voces en el debate público y redunda en una vulneración de la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Una encuesta que llevó adelante Amnistía Internacional Argentina muestra que el 70% de las mujeres que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas.

Asimismo, disciplina a quienes presencian u observan las consecuencias de haber ensayado la crítica en público, inhibiendo así su reproducción. Esto impacta directamente no solo en el efecto silenciador que se genera en el debate público sino también en la salud de las personas afectadas. Asimismo, un informe de Naciones Unidas da cuenta del impacto de la violencia de género hacia mujeres con voz pública. El 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

En octubre 2023 se sancionó la Ley Olimpia que incorpora la violencia digital como un tipo de violencia de género, establece la necesidad de políticas públicas para atender esta problemática, e incorpora derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos para casos de violencia de género en entorno digital. 

IG