Para los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Dolores, Fernando Báez Sosa murió inmediatamente después del ataque, es decir, a las 4.45 de la madrugada del 18 de enero de 2020. Pero en el informe que elDiarioAR publicó ayer, el horario de la muerte está fijado a las 6 de la mañana. En esa ventana de tiempo pasaron varias cosas y en esa diversidad de eventos podría cambiar la situación de los ocho jóvenes condenados por el asesinato del chico. Esta novedad en la causa no anula el hecho de que la víctima agonizó luego de la golpiza, pero sí marca un diferencia respecto del veredicto en primera instancia que deberá ser revisado por la Cámara de Casación Penal.
La paliza duró 45 segundos. Los agresores se fueron caminando. Así lo registran las cámaras de seguridad privada, los domos municipales y las filmaciones de los celulares de algunos de los condenados y de peatones. Báez Sosa quedó tendido en el piso, frente a Le Brique, inconsciente. En ese momento, una chica que salía del boliche y un agente de prefectura intentaron reanimarlo con masaje cardíaco. A las 5.07 llegó la ambulancia y una médica lo asistió en el lugar con RCP. A las 5.14 entró en el shockroom del hospital de Gesell, donde lo intubaron y le inyectaron ampollas de varios tipos de medicación mientras lo conectaron al electrocardiograma. En tres de ellos -a las 5.27, 5.45 y 5.55- se detectó actividad cardíaca. Decretaron su muerte, según consta en el informe, a las 6 de la mañana.
Estos elementos contradicen lo declarado por la médica Carolina Giribaldi Larrosa, que llegó en la ambulancia y fue la primera en asistir a Báez Sosa. Giribaldi Larrosa dijo que la víctima “no tenía signos vitales” ni “capacidad de sobrevida”. Pero también ponen en jaque el veredicto del Tribunal, que condenó a prisión perpetua a cinco agresores y a quince años a los otros tres. El TOC N°1 consideró que estaba “plenamente probado” que “luego de acabar con la vida de Fernando Báez Sosa, segundos después de las 04.45 horas, los ocho imputados se alejaron del lugar”.
¿En qué cambia la situación de los condenados?
Algo curioso: tanto los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, como los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila pidieron al Tribunal que este informe fuera incorporado como prueba en el juicio, pero el abogado defensor de los ahora condenados, Hugo Tomei, se negó. ¿Por qué Tomei pidió que fuera omitido si le conviene? Quizás responda a la estrategia que el abogado aplicó desde el principio: que por más prueba que se pusiera en análisis, sus defendidos estaban condenados antes de que el juicio se iniciara. La mediatización del caso, el tratamiento que le dieron los medios de comunicación y la narrativa que construyó el abogado que representa a los padres de la víctima, Fernando Burlando, son más fuertes que cualquier prueba presentada en la Justicia.
Según Télam, fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal aseguraron que “no cambia en nada la historia”. Tampoco cambia la situación de los condenados para Fernando Burlando, el abogado de los padres de la víctima, que dijo ayer que “el expediente que dice que Fernando Báez Sosa murió en el hospital no es nada nuevo”. Es cierto, pero no del todo. El informe impactó en el sistema de la Cámara de Casación Penal la semana pasada; además, los peritos de parte de la defensa de los acusados no tuvieron acceso al informe -tal como declararon al Tribunal en la última jornada de juicio- justamente porque no fue añadido al expediente durante la etapa de instrucción.
Para la defensa de los condenados, en cambio, sí es importante la incorporación de la historia clínica en el expediente que está en Casación. ¿Por qué? elDiarioAR pudo saber que para el entorno de los ochos jóvenes condenados por el asesinato de Báez Sosa, este informe fortalece la posición que Báez Sosa fallece a las seis de la mañana, como dice el certificado de defunción que fue omitido en el juicio. Esto indica que Báez Sosa, que entró en estado de agonía al hospital de Gesell, no murió en la calle sino en el hospital. Fiscalía, querella y defensa apelaron el fallo del TOC. La defensa pide la nulidad de las condenas; querella y fiscalía pidieron que se revean las penas a 15 años que recibieron tres de los condenados. Será la Cámara de Casación Penal la que decida el futuro de los ocho agresores.
VDM/NB