Mientras estuvo en la cárcel, Leonardo Cohen Arazi recibió un bolso de zapatillas que repartió con sus compañeros de prisión. Nadie sabe quién se las hizo llegar, pero los que lo conocen confiesan que fue una forma de tenerlo silenciado. Los allegados a la causa creen que el relacionista público protege a otros involucrados y él envía sus indirectas en Twitter: “Al final del juego, el peón y el rey van a la misma caja”, escribió el 13 de febrero de 2021 y “Productores de @NetflixLAT o @PrimeVideoLat o @disneyplusla tengo una larga historia que contar”, comentó el 15 de enero de 2021.
A tres años de ser detenido por una denuncia de abuso a menores que jugaban en las inferiores de Independiente, está libre. Con autorización judicial estuvo unos días de vacaciones en Pinamar. No da entrevistas, dice que maneja un Uber y empezó a vender mates. Hace unos meses le rechazaron una solicitud para expandir sus servicios a México. En la cuenta de Instagram de su emprendimiento sigue a numerosos jugadores de inferiores e, incluso, desde su cuenta personal sigue a uno de los juveniles que figura en la causa. También recomienda ponerse en contacto con Braian Matías Hynkiewicz para los que buscan “ir a jugar al exterior”. Entre sus servicios ofrece edición de videos y viajes a Italia, España, Dubai y Bolivia.
Las sospechas de que está a cargo de una red de prostitución VIP vienen de larga data. En 2010 reconoció en el programa de televisión Intrusos que había “enfiestado” a Ricardo Fort con pibes de All Boys. En 2018 cuando allanaron su casa tenía el pasaporte de L.P, un jugador del ascenso, en la caja fuerte. Cuando al joven mayor de edad lo llamaron a declarar se encargó de dejar bien en claro que él no era ninguna víctima. Ahora se alejó de las canchas y en sus redes sociales, donde tiene más de 300 mil seguidores, sube fotos íntimas que le valieron la fama en el mundo de la noche.
Además de Cohen Arazi hay otros cinco imputados. Uno de ellos es el ex árbitro Martín Bustos. En septiembre de 2019 fue detenido nuevamente por grooming tras haber contactado a dos futbolistas de las Inferiores de Newell’s haciéndose pasar por un masajista. También está libre. Según creen en los juzgados de Lomas de Zamora, sus vínculos judiciales son mucho más fructíferos que la carrera arbitral, interrumpida desde que salió a la luz el escándalo. Un ejemplo es que en abril de 2020 logró la autorización para mudarse a la provincia de Misiones en plena cuarentena y con un proceso judicial en su contra. La locación que dejó asentada está a menos de un kilómetro de la frontera que une a Argentina con Paraguay a través del puente San Roque González. Junto con su abogado Julio Chavarría llevan adelante la estrategia de defensa de los seis imputados.
En octubre de 2020, la fiscal Soledad Garibaldi finalizó la investigación y pidió la elevación a juicio oral. Cinco meses después, la jueza Brenda Madrid, quien debe resolver, no se expidió. Consultada para esta nota, prefirió no dar declaraciones. Hace un tiempo, su nombre apareció en los medios tras sobreseer a Pablo Moyano en la causa de asociación ilícita en la que se lo involucraba con el barrabrava Pablo “Bebote” Alvarez.
Los abogados de los acusados, que durante este tiempo se lucieron con diferentes recursos judiciales para enlentecer la causa, ahora deberán buscar uno nuevo para contrarrestar un argumento prácticamente irrefutable según los tratados internacionales: la relación sexual de un mayor con un menor nunca puede ser consentida y es delito.
Los acusados admiten los encuentros sexuales, pero argumentan que no sabían que algunos eran menores de edad, mientras que con los mayores de 18 años buscan contrarrestar la postura de la fiscalía que los consideró víctimas por su situación de vulnerabilidad económica, psicológica y de desarraigo.
Con el correr de los meses, la caída del interés mediático y la merma de indignación en la opinión pública, el pedido de justicia quedó en el olvido y ya no tiene a nadie que lo impulse. En Independiente creen que esto tiene una explicación concreta: en un principio, se buscó vincular al club con una red de explotación fomentada por sus propios juveniles y con el avance de la investigación se terminó revelando que quien en un principio fue señalado como facilitador era una víctima más.
No fue la única sospecha de intereses cruzados en la causa. En primer lugar, nadie se explica cómo en 2018 la Policía de la Provincia, en ese momento a cargo de Cristian Ritondo, ingresó al predio de Villa Domínico antes de que el coordinador de las Inferiores presentara la denuncia. En segundo lugar, la filtración de las declaraciones testimoniales a los medios fue interpretada como una forma de amedrentamiento a las víctimas y, en tercer lugar, la irrupción de Natacha Jaitt terminó de embarrar la cancha judicial. En este contexto, ¿qué juvenil encontraría contención para contar su historia? La otra alternativa que quedaba para la investigación eran las pericias de los celulares que se realizaron pero no aportaron nuevos nombres como se esperaba. Así es como el sumario se cerró finalmente en los seis imputados del principio.
Las víctimas y sus familias optaron por dar vuelta la página. En un ambiente tan machista y competitivo como el fútbol, la mayoría prefiere olvidar. El proceso judicial estuvo marcado por los traslados en patrullero, un invasivo protocolo de abuso sexual sin nociones básicas de género e interrogatorios con peritos de parte que amedrentaban a cualquiera. A uno le preguntaron si tuvo una erección mientras era abusado y a otro le consultaron si había tenido experiencia previa con transexuales.
Independiente se vio amenazado por otras desavenencias judiciales y su única participación como institución en el caso es que todavía le paga la psicóloga a una de las víctimas, pese a que no sigue en el club. “Mi mayor miedo es que uno de los chicos decida quitarse la vida”, dice un empleado que conoce de cerca a los protagonistas.
Pese a que Claudio “Chiqui” Tapia se presentó en Tribunales para ponerse a disposición de la causa, el fútbol argentino todavía no reguló las pensiones como anunció en 2018 y el Senado no avanzó en el proyecto de ley en el que participó la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil de la Provincia (COPRETI).
A 3 años de que el escándalo saliera a la luz, en Independiente reconocen que los mensajes de acoso a menores de edad por redes sociales recuperaron la misma asiduidad que antes de la pandemia.
* Pedro Molina y Panqui Molina son periodistas y hermanos. En 2018 publicaron “Alerta Rojo ¿A quién le importan las Inferiores?”, un libro de investigación con el caso Independiente como objeto de estudio. Para más información: www.libroalertarojo.com.ar