A las 11.45 del 25 de noviembre se dieron cuenta de que Diego no respondía. Un asistente y su sobrino, salieron asustados del cuarto. Le avisaron a la psiquiatra y al psicólogo. Empezaron a hacerle reanimación. Primero, la enfermera con el custodio, después, la psiquiatra y la cocinera. Finalmente los médicos de Swiss Medical, que llegaron con tres ambulancias. Nadie pudo hacer nada. Le inyectaron adrenalina pero tampoco reaccionó. Maradona estaba muerto. La noticia conmovía al mundo y estallaba ese círculo que había manejado la salud del ex jugador hasta esa mañana. Mientras todos intentaban digerir el impacto, varios de ellos quedaron bajo la lupa de los fiscales que investigaban lo que había sucedido. Después cinco meses de esa escena en el country de Tigre, la causa tiene siete imputados por homicidio culposo, que esperan que en los próximos días una Junta Médica decida si el tratamiento que decidieron pudo haber precipitado la muerte de Diego. En ese caso, la calificación podría ser más grave, un homicidio simple con dolo eventual, interpretando así que los acusados entendían la consecuencia de sus acciones.
Desde el comienzo del caso, el equipo de fiscales -encabezado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, junto con sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra- tiene como hipótesis de mínima, que el grupo de enfermeros y médicos que atendía a Maradona actuó con negligencia o impericia. Más allá de revisar los 22 cuerpos que ahora tiene el expediente y la historia clínica extendida de Maradona, entregaron 24 preguntas para que responda la Junta integrada por 10 peritos oficiales y otros tantos de parte. En función de las precisiones que entregue el informe podrán determinar responsabilidades de los actuales acusados pero también ampliar las imputaciones a otros profesionales que participaron en instancias previas.
En línea con las funciones que cada uno ejercía, el imputado que aparece más comprometido es el neurocirujano Leopoldo Luque, que coordinaba la internación domiciliaria y se había transformado, desde que Diego volvió a la Argentina, en una suerte de médico de cabecera. El decidía sobre tratamientos e intervenciones y fue quien ordenó el alta hospitalaria de Maradona, tras la operación en la cabeza, dos semanas antes de su muerte.
Luque inició su relación con Maradona en 2016, por los problemas de Diego para conciliar el sueño y descansar. Fue recomendado por un médico amigo de los dos. Luego se encargó de mejorar la motricidad del Diez, acosado por los dolores en las rodillas y los tobillos. Desde 2019 sus facultades se ampliaron notablemente. En su casa se encontraron imitaciones de firmas de Maradona y un pedido para conseguir la historia clínica, con una de esas firmas falsas. Él también diseñó la internación domiciliaria. Se le cuestiona que no hubiera aparatos para crisis cardíacas, cuando Diego tenía antecedentes coronarios. Tampoco había un especialista en esas patologías en el equipo. Los enfermeros declararon que, para Luque, Maradona era un paciente estable, al que había que tratarle su adicción al alcohol y, para eso, estaban la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
Cosachov también aparece en el centro de la escena. En junio, Luque la había convocado para dirigir la rehabilitación de Maradona. Era la encargada de regular las medicaciones para mejorar sus estados de ánimo. A ella y a Luque les peritaron los celulares y sus intercambios de mensajes también serán analizados por la junta médica. Quien también aparece apuntado por los fiscales es Díaz, psicólogo especialista en adicciones y patologías mentales severas. Él llegó en octubre para trabajar un supuesto cuadro de depresión de Diego, antes de que cumpliera 60 años. Y, como tuvo buenos encuentros con Maradona, Luque y Cosachov decidieron que se quedara. Si bien participaba del triángulo en el que se tomaban decisiones, por su rol de psicólogo, no aparece tan complicado.
La semana pasada, el juez de Garantías le otorgó a Díaz la eximición de prisión. Una medida adelantada, pensando en lo que pueda suceder con la Junta Médica. El magistrado entendió que no había posibilidad de fuga ni de que entorpezca la investigación. Esto marca pautas para el resto, que, en principio, deberían correr la misma suerte y no ser detenidos.
Los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid también están imputados. Madrid fue quien puso en el informe que, a las 9.20 del día de la muerte, Maradona se negó a que les tomaran los signos vitales. Pero luego, en una segunda declaración, dijo que ella no lo había visto y que había puesto eso por pedido del coordinador de la empresa Medidom, Mariano Perroni, quien también está imputado. Por último, aparece Nancy Forlini, de Swiss Medical, responsable de coordinar lo que sucedía con los ayudantes terapéuticos que fueron suspendidos por pedido de Luque.
El proceder del equipo aparece poco ortodoxo para los investigadores. Quieren saber cómo era el estado general de Diego y si eran necesarias interconsultas con especialistas porque en los registros no aparecen las presencias de otros médicos. La patología cardíaca de Maradona -que se inició con la crisis de Punta del Este en 2000- es uno de los temas que desvela a los fiscales. Presumen que un paciente con esas características requiere un tratamiento específico que no aparece en la información recabada.
Diego tomaba muchos por patologías múltiples y en la Fiscalía de San Isidro quieren entender la lógica de administración de fármacos. En los intercambios entre Luque y Cosachov aparece mencionada una serie de remedios que los investigadores piden que se coteje con las fecha de las hojas médicas para ver si la prescripción era correcta. Sobre todo, consultan a la junta, si los que les dieron antes de su muerte -y están en el informe toxicológico- pudieron provocarle un desencadenamiento de su cuadro delicado.
La cirugía de cabeza del 3 de noviembre, producto de una hematoma subdural, también fue materia de consulta: quieren saber si la intervención era de carácter urgente e impostergable. También si Maradona se encontraba en condiciones de dejar la Clínica Olivos y continuar su seguimiento en una internación domiciliaria. Y, por último, si Diego estaba en “condiciones de autovalidez y de ejercer el principio de autonomía” cuando se dispuso llevarlo al barrio San Andrés, de Tigre, porque él no firmó esos trámites.
En los últimos meses en la vida de Maradona, y luego de su muerte también, varios de sus familiares y amigos señalaron que el círculo médico y su abogado Matías Morla no le permitían el contacto del ex jugador con ellos. En relación a esos relatos, la semana pasada se conocieron las declaraciones de los custodios de Diego que detallaron que al menos, hasta la llegada al country de Tigre, él era quien tomaba las decisiones. Julio César Coria, Horacio David Ledesma, Aníbal Domínguez y Julio Soria son los cuatro empleados de seguridad que se alternaban para custodiarlo y que dieron su testimonio frente a los fiscales. “Declararon que Diego era quien decidía y que los médicos no les decían qué tenían que hacer con la familia. Dijeron que Diego no le hacía caso a los médicos, que los médicos le recomendaban que no tomara alcohol pero que él después tomaba vino y cerveza”, relató una fuente de la causa.
En los próximos días se espera el informe de la Junta. Si determina los roles y las responsabilidades, le quitará el peso a los fiscales de tener que interpretarlo. Abogados consultados explicaron que, en caso de que los peritos entiendan que el tratamiento fue incorrecto y que disminuyó la sobrevida de Maradona, lo más probable es que los que queden apuntados sean convocados para que presten declaraciones indagatorias. Ante la posibilidad de que se califique el delito como homicidio simple con dolo eventual, para poder acusarlos de eso, los investigadores tendrán que encontrar pruebas de que los médicos sabían (porque fueron alertados por otros especialistas, por ejemplo) y que igual decidieron continuar con sus propios métodos.
AM