Contagios que aumentan entre los agentes y en los calabozos de las comisarías, pocos vacunados, reclamos de elementos de protección, agentes en riesgo que piden licencias médicas por miedo a contraer el virus, contactos estrechos que no son aislados. Muchas de estas situaciones denuncian los policías de la provincia de Buenos Aires, que hasta ayer contaban 72 muertos desde el comienzo de la pandemia. La segunda ola impactó de lleno entre los uniformados, sobre todo entre los que vigilan el conurbano y La Plata. En muchas seccionales, la propagación del coronavirus complicó aún más la respuesta ante las denuncias de delitos y la vigilancia en los barrios.
Las asociaciones de policías consultadas para la nota, sostienen que a final de febrero de este año el aumento en la propagación del virus, producto de la llegada de cepas nuevas se sintió de manera directa entre los agentes de calle. Hasta ese momento habían muerto 35 policías de la Provincia y desde entonces los casos crecieron sostenidamente semana a semana.
Primero se difundieron los contagios de las comisarías de Moreno, que debieron cerrar por la propagación del virus, que también alcanzó a los presos que tenían en los calabozos. Luego de Villa Gesell, donde hubo más de 30 policías con Covid. A esos se les sumaron los de Lomas de Zamora 2ª, que es una de las seccionales de Banfield, donde dos jefes fueron reemplazados tras dar positivo y una decena de agentes fueron aislados. Escenarios parecidos se repiten en comisarías de La Plata, Berisso, Ensenada, Villa Elisa y también en Lanús.
“Otro tanto sucede en la escuela de formación policial, Juan Vucetich, también en La Plata. Allí las actividades no se interrumpieron a pesar de las restricciones, al punto de que adelantaron la camada de egresados un mes. Los contagios suceden y todo sigue como si nada. Lo mismo en los centros de reentrenamiento policial en Lomas, Almirante Brown, Lanús y en el CAEEP (NdeR: Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales), de La Plata”, explica a elDiarioAr el titular de la Defensoría Policial, Luis Tonil.
La vacunación en las fuerzas de seguridad no avanza (fue vacunado el 27,3%) como en otros sectores también expuestos como los docentes (50,2%) y lejos de los trabajadores de la Salud (95,2%), que en su mayoría recibieron al menos una dosis. “El problema no es solo que el porcentaje es bajo. No hubo un plan pensado para los policías que más riesgo corren. La Bonaerense es una fuerza de 85.000 activos, más otros 40.000 retirados. La gran mayoría de los vacunados son policías fuera de servicio. Los que salimos a la calle prácticamente no nos encontramos vacunados”, explican desde Policías Reclamando, una de las páginas que agrupa los planteos gremiales de los agentes. Este grupo sostiene que desde marzo se registran más de 150 contagios diarios en la Provincia.
Si bien fuentes del Ministerio de Seguridad señalan que desde el comienzo de la pandemia se contagiaron unos 25.000 policías, desde la Defensoría arriesgan una cifra mucho mayor, cercana a los 40.000.
En los últimos dos meses, en la Comisaría 1ª de La Plata, los mayores Daniel Suárez y Carlos Giménez, y, en el Comando Norte de esa zona, la mayor Claudia López y el mayor Martinez Passiano murieron luego de presentar carpetas médicas que comprobaban sus enfermedades preexistentes, que iban desde un EPOC, diabetes, trombosis y obesidad. “No les dieron la licencia porque faltaba gente y terminaron internados y fallecieron. Esas son algunas de las historias que nadie cuenta”, confirma Tonil.
Otro de los temas que denuncian las organizaciones de policías es que no se aislan a quienes tuvieron contactos estrechos con policías contagiados. “Los patrulleros tienen que salir, así que no se cumplen los protocolos que son obligatorios en las reparticiones públicas. Solo se separa al que tiene síntomas. Entiendo que hay que cumplir con la seguridad, pero podrían reemplazarnos con Caballería, Infantería o de los UTOI (NdeR: Unidades Tácticas de Operaciones Inmediatas)”, explica un oficial inspector de Temperley, que se contagió y ya está recuperado.
“En septiembre, se le pidió al Ministerio de Seguridad que nos entregara mascarillas, guantes de látex y alcohol en gel. Pasaron ocho meses y aún no nos responden esa demanda. Los agentes se tienen que comprar esos materiales para poder cuidarse”, recuerda el policía de Temperley. Cuenta que en algunas comisarías de la zona sur del GBA ya había problemas de personal que se agudizaron mucho en estos meses. “En algunas, hay cuatro policías por turno. Y cuando tenemos que hacer traslados de un detenido por pedido de un juez, queda la mitad de la dotación para tomar denuncias y el resto de las tareas”, agrega.
Uno de los históricos representantes legales de policías, Claudio Salomón Martínez, dice que a muchos de sus clientes “les molesta porque no se los tiene dentro de las prioridades para vacunar”. “Son ellos los que tienen que encargarse de hacer cumplir las restricciones pero no hay protección para que lo hagan. Están todo el tiempo expuestos, desde cuando van a separar en una pelea y a uno de los tipos se les cae el barbijo hasta cuando hacen cumplir los controles en una estación de tren”, señala Martínez.
Lo que sucede en los calabozos tampoco tiene mucha visibilidad. Desde el comienzo de la pandemia se redujeron los ingresos a los distintos servicios penitenciarios, con lo cual las detenciones en las comisarías se extienden y las celdas se transforman en espacios de hacinamiento. Las alertas se encendieron en el conurbano con protestas de los propios detenidos, como sucedió hace dos semanas en la comisaría 2ª de Moreno, en Villa Trujui. Las visitas no se pueden interrumpir porque los familiares son los que llevan comida y elementos de limpieza. Pero los días después de que van los familiares comienzan los síntomas. En las celdas no hay distancia posible, los colchones están colocados uno al lado del otro en los pasillos, y donde debería haber una persona, hay tres o cuatro.
Calabozos hacinados en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires también alertan por lo que sucede en las comisarías respecto del Covid-19 y del aumento de las detenciones en seccionales y alcaidías. Durante el último año, en esas dependencias la población aumentó un 465%, su récord histórico y ahora tiene a 709 personas. Así lo señala un informe realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Producto de la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) redujo drásticamente el ingreso de detenidos desde la Ciudad, que no tiene un sistema propio de cárceles. Por un convenio de cooperación de 2004, el SPF debe hacerse cargo de los detenidos a cargo de la Justicia con competencia penal en la Ciudad. En 2019, el SPF recibió 17.471 detenidos, mientras que el año pasado aceptó 6.008. La reducción de ese número explica, en parte, el aumento en la población en seccionales y alcaidías de CABA.
AM