Toda crisis sanitaria tiene un punto de inflexión. O varios: cadenas de eventos que en silencio o con estruendos tuercen el curso de los hechos, alteran de un volantazo su rumbo hasta eventualmente disiparse y quedar como una herida supurante tanto en los cuerpos como en las mentes de quienes la padecieron.
Por lo general, estos sucesos-bisagra suelen ser identificados con pinzas a posteriori por historiadores, aquellos detectives y guardianes del tiempo quienes suelen también fragmentar el río de los acontecimientos en eras y edades para su mejor estudio, así como para garantizar su preservación en la frágil memoria del mundo.
Desde el establecimiento de los programas nacionales de inmunización, la introducción de las vacunas contra enfermedades infecciosas ha sido uno de estos momentos disruptivos. Gráfico tras gráfico se ve lo mismo: después de la incorporación de vacunas contra la difteria (1940), la polio (1956), el sarampión (1968), el meningococo (1999) se aprecia una marcada disminución en su incidencia, como la bajada en picada de una montaña rusa.
El 2 de diciembre de 2020 el Reino Unido autorizó el uso de emergencia de la primera vacuna contra el coronavirus. Entonces, el rumbo de la pandemia se alteró.
Desde entonces, se han aplicado más de de 1,24 mil millones de dosis en 174 países a un ritmo actual de 18,9 millones de dosis por día. En los países con tasas de vacunación más altas -Seychelles, Israel, Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, San Marino, Bahrein, Chile, Estados Unidos, Reino Unido- los casos de Covid se han estabilizado o disminuido.
Pero la ciencia -que embanderó las esperanzas del planeta desde el inicio de los ensayos clínicos- ya no basta. Ahora la extensión de la pandemia depende tanto del comportamiento de la gente como de la política y la avaricia de un puñado de compañías.
Ahora la extensión de la pandemia depende tanto del comportamiento de la gente como de la política y la avaricia de un puñado de compañías.
Desde que aterrizó el primer pinchazo en un brazo, el mundo se dividió en dos: de un lado los ciudadanos vacunados, del otro aquellos que aguardan. Con el avance de las campañas, las fracturas se pronunciaron. Ahora hay países con vacunas donde gente no se quiere vacunar y naciones sin vacunas donde personas no dudarían un segundo en arremangarse si llegara la oportunidad.
Es el nuevo desequilibrio. En la India, por ejemplo, solo 9 de cada 100 personas han recibido una dosis, en comparación con 64 en Estados Unidos. La OMS dijo en abril que de todas las vacunas administradas en el mundo solo el 0,2 % había sido en países de bajos ingresos.
“Estas vacunas son un triunfo sin precedentes para la ciencia -indica Rachel Cohen, directora regional de la ONG Drugs and Neglected Diseases initiative-, pero si solo el 20% o el 30% del mundo termina beneficiándose, ¿cuál es el punto de la innovación?”.
En este marco de desigualdad, con el ininterrumpido hedor proveniente de los crematorios al aire libre en la India y el avance rampante de nuevas variantes del coronavirus, un tuit trajo nuevos aires de esperanza. Con 240 caracteres, Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, sacudió al planeta: “Estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias -publicó junto a un comunicado el miércoles 5 de mayo-. Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas para la COVID-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en las negociaciones de la OMC para que eso suceda”.
¿Será esta declaración uno de los tan esperados puntos de inflexión de la pandemia? Solo el tiempo lo dirá.
Capitalismo salvaje
El 2 octubre del año pasado, India y Sudáfrica presentaron en conjunto ante la Organización Mundial del Comercio una propuesta radical. En el punto 3 del texto, decía: “Dado el contexto actual de emergencia mundial, es importante que los miembros de la OMC trabajen juntos para garantizar que los derechos de propiedad intelectual no creen barreras al acceso oportuno a productos médicos asequibles, incluidas las vacunas y medicamentos para combatir la COVID-19”.
En otras palabras, proponían una exención temporal de derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y medicamentos para la COVID-19 mientras dure la pandemia con miras a facilitar un acceso más amplio a las tecnologías necesarias para la producción de dosis y drogas. No fue una petición muy descabellada: de hecho, se basa en un artículo del Acuerdo de Marrakech, que estableció la OMC, que permite la suspensión de los derechos de propiedad intelectual en “circunstancias excepcionales”.
De prosperar, esta disposición permitiría a cualquier empresa farmacéutica del mundo producir vacunas contra el coronavirus utilizando tecnología desarrollada por sus competidores sin el temor a ser demandados por infringir los derechos de propiedad intelectual. Sus impulsores señalan que esto aumentaría el número de sitios de producción y, por lo tanto, reduciría la brecha cada vez mayor entre los países ricos y vacunados y las naciones más pobres.
Durante diez reuniones en siete meses, los miembros de la Organización Mundial de Comercio se han visto las caras y han debatido la propuesta sin llegar a un acuerdo.
La Organización Mundial de la Salud fue de las primeras instituciones en apoyar la petición. Le siguieron más de cien países de ingresos medios y bajos y 375 ONGs, como Médicos sin Fronteras.
En cada reunión convocada en Ginebra, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Japón y Brasil -que albergan hoy a los principales grupos farmacéuticos- la bloquearon.
Es que hay mucho en juego. No solo vidas. Mientras que para la mayoría la pandemia acarrea únicamente muerte y desolación, para un pequeño pero poderoso grupo ha significado ganancias extraordinarias. Un poder no solo económico sino también de influencias: de hecho, se estima que la “guerra por las vacunas” es el primer conflicto geopolítico global del siglo XXI.
Lejos han quedado las épocas de los virólogos Jonas Salk y Albert Sabin que se negaron a patentar sus vacunas contra la polio.
Hasta hace un año desconocidas por el público general, compañías como Moderna y BioNTech son las grandes ganadoras de la crisis sanitaria: el precio de sus acciones se ha disparado en pocos meses. Ante las dificultades que han tenido sus rivales AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sanofi, estos laboratorios se han convertido en fabricantes de referencia. El gigante Pfizer anunció que planea recaudar 26 mil millones de dólares en 2021 solo con las ventas de su vacuna. Moderna estima 19,2 mil millones.
Las razones que argumentan los países opositores a la propuesta de India y Sudáfrica son de lo más diversas: aducen que se trata de un ataque a la innovación, que sabotea las enormes inversiones de las empresas en el desarrollo de medicamentos y vacunas, o que le entregarían en bandeja de plata secretos científicos y tecnológicos a Rusia, China, Irán y Corea del Norte.
Mientras en India se reportaban 3.449 nuevas muertes, The Wall Street Journal salió en defensa del sector Big Pharma con un editorial titulado “El gran robo de las patentes de Biden”: “Este robo de patentes no terminará bien para Estados Unidos ni para el mundo (...). Los gobiernos europeos se han opuesto a la exención porque se dan cuenta de que sienta un precedente terrible. Una vez robada, la propiedad intelectual de innovaciones revolucionarias como las vacunas de ARNm Moderna y Pfizer-BioNTech no se puede devolver. (...) Así será menos probable que inversores financien nuevas investigaciones sobre medicamentos si creen que su propio gobierno los traicionará bajo presión política”.
Un día después, el comité editorial de este periódico alineado con los intereses de Big Pharma prosiguió: “De un solo golpe, Biden ha destruido decenas de miles de millones de dólares en propiedad intelectual de EE.UU. Ha sentado un precedente destructivo que reducirá la inversión farmacéutica y ha cedido la ventaja estadounidense en biotecnología, una industria de crecimiento clave del futuro”.
Déjà vu
El apoyo de la administración Biden a la propuesta de la India y Sudáfrica fue sorpresivo por una razón: Estados Unidos ha sido históricamente un acérrimo defensor de los derechos de propiedad intelectual.
Fue en abril, con el aumento de la brecha entre los países ricos con vacunas y los países pobres arrollados por nuevas olas, cuando el debate en la OMC se aceleró. Al mismo tiempo que la tragedia se encrudecía en la India, ex-jefes de Estado y premios Nobel firmaron una carta abierta pidiéndole al presidente de Estados Unidos que apoyara una exención de las reglas de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus.
En países sin vacunas, el coronavirus podría desarrollar variantes que hagan que algunas de las vacunas autorizadas sean ineficaces, prolongando la pandemia incluso en países ricos.
Además, el presidente estadounidense contaba con la presión de su propio partido: diez senadores demócratas, incluidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, lo instaron a priorizar a las personas sobre las ganancias de las compañías farmacéuticas.
Biden, entonces, se decidió e inclinó la balanza. “Esto marca un cambio importante en la política de los Estados Unidos a favor de la salud pública”, dice Matthew Kavanagh, investigador de salud global en la Universidad de Georgetown.
Hay muchas razones para apoyar una distribución global de vacunas, argumentos que le deberían importar a los países ricos que, con el acaparamiento de vacunas y el llamado “vacunacionalismo”, pusieron al mundo en la desigual situación en la que se encuentra hoy: en países sin vacunas, el coronavirus podría desarrollar variantes que hagan que algunas de las vacunas autorizadas sean ineficaces, prolongando la pandemia incluso en países ricos.
Según The Economist Intelligence Unit, es posible que ciertos países no tendrán una parte significativa de su población vacunada recién hasta 2024.
Los defensores de la propuesta de la India y Sudáfrica consideran que la petición está justificada por el hecho de que las farmacéuticas se han beneficiado de miles de millones de dólares y euros que recibieron de fondos públicos. De hecho, pese a mostrarse como los paladines y vencedores del momento, ninguna de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas es puramente el resultado del trabajo del sector privado.
“¿Por qué las corporaciones farmacéuticas deben tener monopolios, a través de patentes y otras exclusividades, y obtener ganancias de productos que fueron desarrollados con dinero de los contribuyentes?”, se pregunta la activista y investigadora francesa de ciencias sociales Gaëlle Krikorian de Médicos Sin Fronteras.
No es la primera vez que el enfoque lucrativo de la industria farmacéutica y el vacunacionalismo de los países ricos se ha interpuesto en la salud global: en los '90, en el apogeo de la pandemia de VIH/sida, los elevados precios de los medicamentos antirretrovirales condujeron a la muerte de al menos 11 millones de personas en África mientras la prevalencia de la enfermedad se desplomaba en los países de ingresos altos.
En 2004, cuando resurgió la gripe aviar (H5N1), los países ricos tuvieron acceso prioritario a las vacunas. Lo mismo volvió a suceder en 2009 durante la pandemia de gripe A (H1N1). Los países desarrollados hicieron grandes pedidos anticipados de la vacuna, comprando casi todas las dosis que posiblemente podrían fabricarse. Muchos de estos países de altos ingresos prometieron donarlas. Sin embargo, la mayoría de ellos incumplieron sus promesas.
El nuevo orden mundial
Para que la propuesta de India y Sudáfrica prospere debe contar con el consenso de los 164 miembros de la OMC. Algo que parece hoy poco probable. El apoyo de Biden al menos sacudió el tablero. Y las piezas se fueron reacomodando.
Al mismo tiempo que se expandía una ola de indignación en el sector farmacéutico -cuyas acciones se vieron instantáneamente afectadas-, el anuncio fue celebrado tanto por el presidente francés Emmanuel Macron como por el gobierno español y por Vladimir Putin. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que espera “tener discusiones activas y constructivas con todas las partes en el marco de la OMC para alcanzar un acuerdo efectivo y equitativo”.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que el bloque estaba dispuesto a discutir cómo la propuesta podría ayudar a abordar la crisis actual de una manera eficaz y pragmática. Esto fue antes que Alemania, sede BioNTech y CureVac -dos de los principales desarrolladores de vacunas de tecnología ARN mensajero-, se opusiera firmemente a la propuesta de renunciar a las protecciones de patentes para las vacunas contra el coronavirus.
“El factor limitante para la producción de vacunas son las capacidades de fabricación y los altos estándares de calidad, no las patentes”, indicó la canciller alemana Angela Merkel. “La protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y esto debe seguir siéndolo en el futuro”.
La situación, así, sigue estancada. El mundo sigue siendo bipolar: de un lado, las farmacéuticas que aumentan sus ganancias y del otro, los muertos que se apilan.
De hecho, incluso con el apoyo de Estados Unidos probablemente los gobiernos en pugna no se pondrán de acuerdo sobre los detalles de la exención durante varios meses más. Los opositores -entre los que se encuentra Bill Gates- piensan que aunque se aprobase la propuesta de la India y Sudáfrica no tendría efectos inmediatos. Las vacunas son productos biológicos complejos que requieren no solamente el equipo adecuado sino también los conocimientos técnicos específicos con el fin de asegurar su calidad.
En esto influirá la cooperación o no de los titulares de patentes. Empresas farmacéuticas de países como India, Bangladesh, Indonesia, Senegal, Egipto y Sudáfrica -con tradición en producir medicamentos genéricos- afirman tener la capacidad de producir en unos pocos meses si los fabricantes occidentales aceptan compartir su tecnología, es decir, si proporcionan la “receta” para elaborar la vacuna. Si se niegan, las empresas tendrán que reconstruir el proceso de fabricación desde cero, lo que podría llevar entre nueve y doce meses.
Los fabricantes de vacunas señalan que la aparición de nuevos competidores incluso podría significar una traba a la producción actual. En estos momentos, muchas de las materias primas y componentes críticos necesarios para fabricar las vacunas escasean. “Ya estamos bajo presión para abastecernos nosotros mismos”, advirtió el jefe de Moderna, el multimillonario francés Stéphane Bancel. “Si se suman más competidores pidiendo materias primas, eso no mejorará la situación”.
Además, los nuevos productores tendrían que realizar ensayos clínicos de sus vacunas, solicitar su autorización y luego ampliar la fabricación, lo que podría llevar entre 12 y 18 meses.
“Creo que sería ingenuo pensar que de repente, esto se resolverá”, afirmó la nueva Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala quien ha intentado acercar las posiciones con una tercera alternativa: alentar acuerdos de licencia voluntaria, como la asociación entre AstraZeneca y el Serum Institute de India.
“La comunidad global comenzó este año con el objetivo singular de poner fin a la pandemia de Covid-19. Esto solo sería posible si se vacunaran cada vez más personas en todo el mundo y lo antes posible”, sostiene Prabhash Ranjan, profesor en la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad del Sur de Asia, Nueva Delhi. “Dada la enorme demanda, la producción de vacunas debe incrementarse y seguirse asegurando una distribución más amplia y equitativa. Una exención de propiedad intelectual por sí sola no puede realizar tal tarea. No obstante, podría ser un paso importante para lograrlo”.
FK