Cuando Virginia Quispe despierte hoy en el pabellón de la Unidad 46 en San Martín, provincia de Buenos Aires, lo primero que hará será acordarse de cuando con Ian y Alexis, sus dos hijos, miraban dibujitos los tres tirados en la cama. O cuando les enseñaba los números. O a leer. Ninguno de los dos hoy, el Día de la Madre, podrá visitarla. Al pabellón suyo, según el calendario de visitas del penal, no le toca recibir familiares. “Son cuatro pabellones y no se pueden juntar. Cada uno tiene días diferentes para ver un rato a su familia”, cuenta Virginia, de 33 años, desde el penal.
Virginia hace más de un año que no ve a sus hijos. Durante todo ese tiempo rotó por diferentes centros de detención de la provincia: pasó por un destacamento en Maipú, la Alcaldía número 3 de La Plata y la Unidad 8 en Los Hornos. El permanente cambio, “complicaba cualquier visita”. Sin embargo, lo que más impide verlos es la voluntad de sus exparejas: “Mis hijos son de padres diferentes, estoy separada de ambos y ninguno quiere traerlos”, señala Quispe.
En 2020 fue detenida por tentativa de homicidio con un arma de fuego, tras defenderse de un permanente hostigamiento sexual por parte de un vecino de su barrio. “Me encantaría volver el tiempo atrás para reaccionar diferente y hoy poder disfrutar de mis hijos en mi casa, pero ya no aguantaba más el acoso”, explica. “La Justicia debería exigirles a los padres que lleven a los hijos a ver a sus madres. Estoy presa, pero no soy una mala mamá. Ellos necesitan verme”.
Eliana A. hace dos años que también está detenida en la Unidad 46. Tiene tres nenas menores y una “hija del corazón” de 23 años. A la hija más pequeña, cuenta, no la ve porque el padre no quiere: “A mis otras dos hijas las veo cada tanto porque el juzgado pide la autorización del padre para que puedan entrar y él no quiere firmar nada”, detalla Eliana. Tiene la posibilidad de hacer videollamada a través de un celular, un beneficio adquirido durante la pandemia en las cárceles provinciales. Pero eso no la satisface: “Sin el abrazo de nuestros hijos, hoy no hay nada que festejar”, le dice al elDiarioAR, mientras cocina en su pabellón.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la población carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es de 51.506 detenidos. De ese número, 2.881 son mujeres. De ese total, al día de hoy, hay 53 detenidas que se encuentran criando a sus hijos o cursando un embarazo dentro de una unidad penitenciaria. Asimismo, hay 38 menores que viven hoy en un penal bonaerense bajo el cuidado de sus madres.
Por otra parte, según otro estudio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, hay 318 mujeres con prisión domiciliaria, controladas mediante el sistema de monitoreo electrónico a cargo del SPB.
Roxana Pérez tiene 34 años y desde el 2016 tiene arresto domiciliario con un brazalete electrónico en su pierna. Es madre de cuatro hijos, pero cuando fue detenida por robo en 2014, y al no tener con quien dejar a sus hijos, la Justicia decidió ponerlos en un hogar de menores. “Nunca pudieron venir a visitarme mis hijos porque nadie de mi familia me podía ayudar”, cuenta Roxana. “Cuando no tenes a nadie afuera, la Justicia te castiga sacándote lo que más querés en el mundo. Me gustaría que se tenga en cuenta cuando una madre cae presa, no tiene recursos y tampoco alguien que la ayuda”, confiesa desde su casa.
Cuando logró el beneficio del arresto domiciliario, un juez de menores decidió dar en adopción a otra familia a dos de sus hijos, con una perimetral para que no pueda verlo. “Hoy vivo con dos y luchó por recuperar a los otros”, cuenta. Roxana, además, tiene a cargo al hijo de su hermana, también presa. “Me encantaría llevar a mi sobrino a ver a su madre en su día, pero yo no puedo salir y soy la que estoy a cargo”, detalla.
Hoy es el primer Día de la Madre que va a poder estar, al menos, con dos de sus hijos desde que fue detenida. “Si alguna de mis hijas se lastima, no puedo ni siquiera llevarla al hospital. Tampoco puedo salir para dejarla en la escuela. Es como seguir en el penal”, dice. En un mes, cuenta, termina su condena y le quitaran el brazalete. “El Día de la Madre del año que viene quisiera ir a festejarlo a la plaza con mis cuatro hijos. Voy a luchar por eso. El sistema de hoy no le permite a muchas madres ver a sus hijos”.
Los hijos, como otros familiares de las detenidas, también son víctimas del sistema punitivista. Por eso, desde la Asociación Civil de Familiares Detenidos (ACIFAD), se impulsa a la visibilización de casos como el de Roxana, donde los derechos básicos son vulnerados. “Cuando una mujer cae detenida y sus hijos quedan en hogares, el Estado los da en adopción y, tras seis meses, pierden el derecho a seguir maternando. Nadie les da herramientas para saber cómo recuperar a sus hijos”, explica Patricia Tevez, vicepresidenta de la organización. “Cuando las madres van a visitar a sus hijos detenidos ocurre algo similar. Deben someterse a viajes larguísimos y noches durmiendo en filas a la intemperie para entrar a un penal”, detalla Tevez.
Luana Buzio, también integrante de ACIFAD, sostiene que la maternidad en las cárceles es compleja porque el sistema penal “está hecho para varones”. “En ningún lado la ley dice que si estás presa, tus hijos te dejan de pertenecer”, precisa Buzio. “La ley de ejecución penal garantiza el derecho de la comunicación entre una detenida y su hijo y es el Estado el que lo garantiza”, señala la integrante de ACIFAD. Y agrega: “El derecho del niño al no ver a su madre también es vulnerado. Una pena privativa de la libertad tiene una condena por un delito puntual cometido. Todo lo demás, no debería aplicar”, finaliza Buzio.
FLD/DTC