Casi medio siglo después de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que consagró el aborto como un derecho, el alto tribunal está listo para revocar la histórica decisión de 1973 Roe vs Wade. La filtración de un borrador de sentencia publicado por Politico muestra que al menos cinco de los nueve jueces apoyan el cambio de decisión. Se trata de la primera filtración de este tipo en la historia moderna del tribunal, lo que refleja la relevancia y la polémica que suscita este caso.
El tribunal reconoció la autenticidad del documento, aunque insiste en que es solo un borrador y su presidente, John Roberts, anunció una investigación para descubrir el origen de la filtración. “En la medida en que esta traición a las confidencias del tribunal pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito”, dijo.
Misisipi, el origen del conflicto
El borrador, que no es definitivo, es la respuesta del Tribunal Supremo a un recurso presentado por el estado de Misisipi después de que varios tribunales rechazasen leyes que, en la práctica, suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, que se puede dar entre las seis y 12 primeras semanas.
“Me he comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de EEUU para un niño no nacido y esta ley nos ayudará a lograr este objetivo”, declaró el gobernador del estado, Phil Bryant, durante la firma de la ley de las 15 semanas en 2018, la más dura de todo el país. “Probablemente nos demandarán en media hora, pero no me importa”, bromeó.
Y tenía razón. La última clínica abortista de Misisipi, también conocida como la Casa Rosa, demandó y, cuatro años después, la resolución está en manos de la Corte Suprema. La decisión final se anunciará en junio, lo habitual en todos los casos que trata la corte.
La posición del Supremo en los últimos 50 años
No hay ninguna ley en EEUU que permita el aborto a nivel federal: lo que existen son dos sentencias fundamentales del máximo tribunal, Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992), que prohibieron vetar el aborto en todo el país hasta la viabilidad del feto, es decir, cuando puede vivir fuera del útero, lo que, según la Corte, está entre 23 y 24 semanas.
Norma McCorvey, conocida por el pseudónimo Jane Roe, denunció a su fiscal de distrito, Henry Wade, porque quería abortar, pero la ley de Texas no se lo permitía. El juzgado le dio la razón, pero Texas recurrió a la Corte, que por una decisión de siete a dos, consideró que el aborto era una derecho. Cinco jueces nombrados por presidentes republicanos y dos nombrados por demócratas apoyaron la decisión.
El derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”, decía la sentencia de 1973.
Qué dicen ahora los jueces
El asunto que está estudiando ahora el tribunal a raíz del recurso de Misisipi se resume en la siguiente cuestión: “Si todas las prohibiciones de abortos opcionales antes de la viabilidad son inconstitucionales”.
“Consideramos que [las sentencias] Roe y Casey deben ser anuladas. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y tal derecho no está protegido implícitamente en ninguna provisión constitucional”, señala el borrador, redactado por el juez Samuel Alito. Roe y Casey sostenían, por el contrario, que el el aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad. “Esta provisión se ha utilizado para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero estos deben estar ‘profundamente arraigados en la historia y tradición de la nación e ‘implícitos en el concepto de libertad ordenada’”, señala el juez citando otra sentencia anterior del tribunal.
“El derecho al aborto no cae en esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era totalmente desconocido para la legislación estadounidense. De hecho, cuando se aprobó la enmienda número 14 de la Constitución, tres cuartas partes de los estados consideraban el aborto como un crimen en todas las fases del embarazo”, añade.
Algunos consideran que esta visión podría poner en peligro otros derechos que no están escritos explícitamente en la Constitución y que se basan también en la libertad de la vida privada, como por ejemplo los diferentes derechos de las parejas homosexuales y el uso de anticonceptivos, entre otros, ya que en el momento de su aprobación no estaban “arraigados” en la historia del país. Sin embargo, el borrador aclara que este argumento afecta únicamente al aborto. “Nada en esta opinión debe entenderse como una forma de poner en duda precedentes que no se refieren al aborto”.
¿Ahora qué?
De aprobarse, esta decisión no supone la ilegalización del aborto en EEUU, sino que cada estado sería libre de regularlo como quisiera.
“[La sentencia] Roe estaba claramente mal desde su inicio. Su razonamiento era excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas. Lejos de traer un acuerdo nacional sobre el aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y aumentado la división”, indica el borrador. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes electos del pueblo”.
La organización American Civil Liberties Union (ACLU), que ha iniciado y apoyado importantes casos en los tribunales señalaron que si el Tribunal Supremo “emite una opinión mayoritaria en línea con el borrador filtrado, el cambio en las placas tectónicas del derecho al aborto será tan grande como ninguna otra decisión emitida por el tribunal en su historia”. De producirse, dicho cambio se explica gracias a los tres nombramientos realizados por el expresidente Trump, ya que los tres apoyan la opinión redactada por el juez Samuel Alito (nombrado por George W. Bush), según Politico.
El presidente Joe Biden ha afirmado que si el Supremo deroga Roe v. Wade, dependerá de los cargos electos proteger el derecho a elegir de las mujeres “y dependerá de los votantes elegir a cargos a favor del aborto este noviembre”. “A nivel federal, necesitaremos más senadores y una mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar legislación que codifique Roe, que trabajaré para convertir en ley”.
¿Qué están haciendo otros estados?
Misisipi no es ni mucho menos el único estado que intentó prohibir el aborto a pesar de las sentencias Roe y Casey. En los dos últimos años, numerosos estados trataron de bloquear el acceso al aborto. Solo en 2022, Florida, Arizona y Kentucky aprobaron leyes prohibiendo la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas. El gobernador de Idaho apoyó en marzo una ley que fue temporalmente bloqueada por el Tribunal Supremo del estado en el que se veta el aborto a partir de la sexta semana excepto en caso de violación, incesto, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre. El gobernador de Oklahoma, por su parte, firmó otra ley que directamente prohíbe el aborto a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada y no contempla excepciones en caso de violación ni incesto. En Wyoming existe otra ley similar.
En 2021, Arkansas aprobó una ley que actualmente está bloqueada y que solo permite el aborto en casos en el que la vida de la persona embarazada esté gravemente en peligro. Texas también aprobó el año pasado una prohibición total si el Tribunal Supremo anula Roe v. Wade. Carolina del Sur aprobó otra legislación vetando la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del feto. Otros estados han aprobado leyes similares o normar cuyo objetivo en la práctica es bloquear el acceso al aborto sin tener que prohibirlo explícitamente
Frente a esta ola para impedir la interrupción voluntaria del embarazo, el presidente Joe Biden dijo: “Poco después de la aprobación de la ley en Texas y otras leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres, ordené a mi Consejo de Política de Género y a la Oficina del Consejero de la Casa Blanca preparar opciones para una respuesta de la Administración al continuo ataque contra el aborto y los derechos reproductivos”.