La Cámara de Diputados aprobó este jueves por amplia mayoría en general el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación. Con esta media sanción, la aprobación definitiva quedó en manos del Senado.
El plenario legislativo sancionó el proyecto por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios -cuatro de las agrupaciones de derecha y otros cuatro de JXC-.
El proyecto, presentado por la diputada Carolina Gaillard establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.
Qué dice el proyecto
La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.
Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.
También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas, y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
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El proyecto completo
Cannabis y cáñamo
El proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, dictaminado el lunes último por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura con acuerdo de la mayoría de sus integrantes, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
Esta iniciativa se convertiría en ley ya que cuenta con su aprobación por parte del Senado.
Incentivos a la construcción
En el caso del proyecto referido a los incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados, el dictamen fue emitido por la comisión de Legislación General a partir de un consenso mayoritario.
En diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.
El proyecto de ley -que quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara- prorroga durante 180 días, y por única vez, la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, que establece beneficios fiscales.
Con información de agencias.
IG