La Fiscalía General de Córdoba, con la firma de su titular, Juan Manuel Delgado y de su adjunto Pablo Bustos Fierro firmaron un dictamen por el cuál ordenan que se suspenda la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia de Córdoba, atendiendo un recurso de amparo interpuesto por Aurelio García Elorrio, ex legislador y titular de la ONG católica Portal de Belén. Sin embargo, la decisión final está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. Fuentes del Poder Judicial confiaron a elDiarioAR que el TSJ archivará el dictamen de Delgado.
El dictamen de “Apelación en García Elorrio Aurelio Francisco c/ Poder Ejecutivo Provincial – Amparo Ley 4.915 – Expete N° 10074392” de 25 fojas firmado por Delgado y Bustos Fierro señala que en abril pasado, el abogado García Elorrio había interpuesto un amparo donde se arroga “la legitimación para solicitar la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo al art. 53 de la CP, aclarando que en el caso se está ante dos colectivos: uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la Provincia de Córdoba, físicamente invisibilizados, sin que su propio padre, tíos, hermanos, padrinos o abuelos o el propio Ministerio Público Tutelar, puedan abogar por ellos; el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol sin cumplimentar cuestiones básicas de salud, como ser que semejante producto sea entregado en un hospital que cuente con acceso inmediato a la asistencia médica de emergencia”.
Escalada antiderechos
Tras la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), García Elorrio había anunciado que militaría para que en esta provincia no se aplicara la ley. El 18 de marzo, en la sede del Centro Cívico, García Elorrio en su condición de apoderado de la ONG Portal de Belén intimó al Gobierno de Córdoba “porque es quien debe custodiar el derecho a la vida de los niños no nacidos de la Provincia de Córdoba frente al exabrupto legal que significa la ley 27.610”.
Como no recibió respuesta en el plazo de 10 días, el líder del partido Encuentro Vecinal recurrió a la Justicia a principios de abril donde presentó una acción de amparo. El 15 de abril, los jueces Angel Antonio Gutiez, Gabriela Cáceres y Leonardo Massimino de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1ª Nominación de Córdoba fallaron a favor y admitieron el trámite, aunque con efectos suspensivos de aplicación de la ley de IVE en Córdoba, al entender que “no se puede negar que, sin la tutela cautelar que se cuestiona, existe el riesgo grave e inminente de que una o más de las personas por nacer cuya representación colectiva ha asumido la amparista sea privada de su vida”.
En abril, los jueces Gutierrez, Cáceres y Massimino permitieron que la IVE siguiera aplicándose en Córdoba porque “es un tipo de acción que implica un ”trámite sumarísimo“ y que el resultado coincide con la solicitud de la medida provisoria”.
García Elorrio volvió a apelar y hace nueve días, el fiscal General Delgado y su adjunto Bustos Fierros le concedieron la suspensión de la IVE al demandante. El fiscal General titular debió firmar con uno de sus tres adjuntos, porque fue recusado entre otros, por tres organizaciones feministas: Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FunDePS), Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir) y la Clínica de Litigio de Interés Público (CLIP). Antes de asumir como fiscal General, Delgado ya había adelantado su opinión contraria a la IVE.
Este mediodía, Aurelio García Elorrio le dijo a elDiarioAR: “La Cámara ya falló a nuestro favor, ahora la Fiscalía General; y ya lo había hecho la defensora Eloísa Sacco, no leí el dictamen, pero estamos conformes”.
Rechazo de mujeres
La diputada nacional de Juntos por el Cambio, la radical Brenda Austin señaló que “la opinión del fiscal General Delgado no sorprende, sino que viene a ratificar los cuestionamientos que se hicieron al momento de su designación; en particular cuando se señalaba que no contaba con formación en materia de Derechos Humanos, con enfoque de derechos y con perspectiva de género. Estos aspectos son cruciales para analizar y debatir conflictos o judicializaciones como las que emite en el dictamen. Además, Delgado desconoce, al otorgarle legitimación activa a García Elorrio, no solo para representar a los niños por nacer, sino también a las menores de 18 años, que la Convención sobre los Derechos del Niño les otorga el derecho a ser oídos sino también el respeto a su autonomía progresiva y que esto es conforme y consistente con la legislación argentina. En su dictamen, el fiscal delgado, además de hacer prevalecer su opinión religiosa, su íntima convicción y no una interpretación judicial razonable demuestra un grave desconocimiento de la normativa vigente en nuestro país. No tengo dudas de que el Tribunal Superior de Justicia en esta instancia que sigue, va a ser capaz de merituar de manera razonable y resolver esta situación para resolver y no generar un marco de incertidumbre frente a una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
“Es inadmisible que la persona que tiene a su cargo, nada más y nada menos que la defensa del interés público y el derecho de las personas, desconozca de manera tan grosera las leyes fundamentales de nuestro país. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional consagran expresamente el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Que el fiscal General Juan Manuel Delgado los desconozca es motivo más que suficiente para pedir su juicio político”, apuntó la legisladora Luciana Echevarría del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
Por su parte, la concejal del Frente Cívico y referente feminista de Villa Allende, Marta Banegas Sarmiento le dijo a elDiarioAR: “La maternidad será deseada o no será, ¿qué parte no entendió el fiscal General Delgado y su adjunto Bustos Fierro? Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y desde el 29 de diciembre del 2020 tenemos en nuestro país una ley que lo avala. Cuánto tiempo más necesitamos seguir luchando las mujeres para que nos respeten para que no avasallen nuestros cuerpos de forma deliberada y amparándose en una Justicia que desoye las leyes”.
Un aportante a la campaña de Macri
En marzo pasado, el gobernador Juan Schiaretti propuso como fiscal General a Juan Manuel Delgado, un abogado civilista con ninguna relación con el fuero penal, pese a que por ser jefe de fiscales, desde el Ministerio Público Fiscal debe diseñar las políticas de persecución penal.
En 2015 donde se enfrentaron en las presidenciales Mauricio Macri con Daniel Scioli, Delgado fue aportante a la campaña de Cambiemos. El fiscal General está ligado al Portal de Belén, ya que integró un estudio jurídico que patrocinó un amparo para impedir la aplicación Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y de la pastilla del día después.
En marzo pasado, el diputado del Frente de Todos cordobés, Eduardo Fernández había advertido: “¿Qué va a hacer el fiscal General Juan Manuel Delgado si llega a haber una controversia con la aplicación de la IVE? Con este candidato para el Ministerio Público Fiscal, el gobernador Schiaretti en vez de una ampliación de derechos, avanza en la restricción de derechos”. Y el legislador alfonsinista Dante Rossi se opuso a su nombramiento por sus posiciones antiderechos.
En marzo de 2019, el fiscal General Alejandro Moyano renunció a su cargo. Había sido nombrado en 2014 por el gobernador José de la Sota, tras dos años de acefalía. Tras la renuncia de Moyano, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba quedó otros dos años acéfalo y lo manejaron dos actores políticos del peronismo cordobés, los fiscales generales adjuntos: el delasotista Héctor David y el schiarettista José Gómez Demmel.
GM