El pasado 27 de septiembre, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificaron una fosa común donde fueron enterradas víctimas de la masacre de San Antonio de Obligado de 1887, en Santa Fe. El lugar estaba siendo investigado a pedido de la Fiscalía Federal de Reconquista en el marco de un juicio por la verdad histórica por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en el siglo XIX. “Es histórico porque se trata del hallazgo de la primer fosa común de una masacre indígena llevada a cabo del Estado argentino”, explicó el antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI.
“En Argentina tenemos ubicada una fosa común más antigua en Mendoza, pero como parte del genocidio indígena cometido por los españoles, y el EAAF está en plena búsqueda de las fosas comunes de la masacre de Napalpí”, agregó. Pepe es también miembro fundador del Colectivo Guías, una organización que viene trabajando en la producción de pruebas en esta causa de verdad histórica a través de investigación y análisis de documentación.
Según indicó la abogada que representa a las comunidades qom y moqoit descendientes de los indígenas fusilados, Cintia Chávez, explicó que la jornada fue muy emotiva: antes de iniciar las tareas de explotación se le pidió permiso a los ancestros para llevar a cabo la tarea y se les pidió que bendijeran al cuerpo de investigadores que incluía autoridades estatales, indígenas y al obispo José Ángel Masín.
“Pero, además, la primera palada para encontrar los restos la realizó (el cacique) Ariel Chará de la comunidad Qompi, que después nos contó la enorme emoción que le causó el haber encontrado a sus abuelos”, contó Chávez. Este referente de la comunidad encontró a unos 45 centímetros de profundidad, parte de un cráneo, que luego el antropólogo Juan Nobile y las arqueólogas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron que era humano.
Este primer hallazgo permitió confirmar que allí se encontraba una fosa común, no se pudo seguir adelante con las excavaciones dado que la orden era detener los trabajar cuando se encontraran restos óseos. Ahora, se deberá esperar una nueva solicitud judicial para realizar la exhumación y peritaje de todos los cuerpos allí alojados. “Se siguió ese sondeo un poco más para confirmar que estaba in situ todo el esqueleto, y se frenó ahí la excavación porque se terminó la etapa de búsqueda, se cerró otra vez todo y estamos esperando que se apruebe el plan de extracción”, relató Pepe.
Cuál es la historia detrás de los cuerpos indígenas enterrados en la fosa común de Santa Fe
En 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom se instalaron en la localidad religiosa de San Antonio de Padua de Obligado, en la zona del chaco santafesino. El enclave buscaba convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e incorporarlos a la mano de obra barata al capitalismo agroexportador. Se trataba de una iniciativa impulsada por el misionero franciscano y jefe espiritual Ermete Constanzi.
Los indígenas también debían trabajar en los ingenios azucareros de las localidades vecinas y servir en la guarnición militar de Las Toscas bajo el mando del comandante Marcos Piedra.
Paulatinamente, las condiciones de vida de los indígenas fueron empeorando debido a sucesivas epidemias, abusos físicos, castigos de parte de las autoridades militares y la mala alimentación. Esto generó tensiones entre estas comunidades y el Estado argentino, pero no fue hasta el verano de 1887 que se terminó de quebrar el vínculo.
Para entonces, el Ejército Nacional, por pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentina Roca, Rudecindo, había raptado a una niña indígena para servidumbre. Este hecho generó una sublevación por parte de las comunidades mocoit y qom, que derivó en el asesinato de Piedra y otro soldado y el desplazamiento de los indígenas al monte.
A modo de represalia, el ejército reprimió y fusiló a 16 indígenas que no habían participado a la revuelta y continuaban asentados en San Antonio. En los diez días posteriores, los asesinatos continuaron.
ACM con información de agencias.