El 6 de enero, un empleado de una empresa de seguridad fue hasta una casa en un barrio cerrado en Ezeiza. Tenía que colocar seis cámaras afuera, que registraran los movimientos de quien quisieran entrar, una en el comedor y una en el quincho, también, sensores en las ventanas y dos sirenas. El operario, de 26 años, se tomó dos días para hacer el trabajo, al terminar, les enseñó a los dueños a manejar el circuito, juntó sus cosas, saludó y se fue. A los pocos días, el hijo menor de la familia, vio una pequeña lente escondida en la pared, que apuntaba a su cama. Se acercó y la tocó. Le resultó raro porque no lo había visto antes. Llamó a sus padres y, en el momento en que los tres estaban revisando, sonó el celular del papá, que lo tenía en el bolsillo. Atendió pero del otro lado no habló nadie. Tiempo después sabrían que ese llamado se hizo desde el teléfono del instalador, desde donde los grababa y donde tenía más de 200 videos de pedofilia.
La madre del chico hizo la denuncia, que cayó en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El juez dispuso dos allanamientos en la casa del acusado, en Laferrere y en la empresa, en Vicente López. En el domicilio, donde el instalador vivía con su abuela, se secuestraron cinco teléfonos celulares, un DVR (circuito cerrado, que se conectaba al teléfono del instalador por una aplicación telefónica) y una notebook. En uno de los teléfonos hallaron dos carpetas distintas con 211 videos con materiales de “explotación sexual infantil” y 52 fotos de menores desnudos. En otros dispositivos, también encontraron materiales similares. Tenía en total, más de 400 videos.
Apenas sucedió el episodio, los denunciantes llamaron a la empresa. Otros dos empleados fueron hasta la casa de Ezeiza y cotejaron que les habían colocado un sistema que los grababa de manera remota. En las imágenes se podía ver al sospechoso en el momento que había instalado las cámaras, revolviendo el cuarto de los hijos, viendo sus objetos personales y con momentos de uno de los hijos cambiándose. Esas cámaras se activaban con sensores de movimiento.
De los trabajos también participó la Sección Investigaciones Especializadas de la Policía de la Ciudad. A pedido de Villena se fueron a revisar otros 115 domicilios en los que el acusado había hecho otras instalaciones, muchos de ellos en CABA. Porque no estaban los dueños o porque se negaron a dejar entrar a los policías, no se pudieron revisar todas las casas, pero en los lugares a los que se permitió el acceso no se encontraron otras cámaras ocultas.
Durante el análisis de uno de los teléfonos también se determinó que el sospechoso había mantenido una conversación vía WhatsApp con una chica de 14 años. En los intercambios él también se hacía pasar por menor de edad y le proponía mantener relaciones sexuales.
El instalador había trabajado desde 2016 en la empresa y fue despedido apenas se hizo la denuncia. La compañía, en paralelo, decidió iniciar otra acción judicial contra su ex empleado. El 15 de abril, este hombre fue detenido en Valentín Alsina. El juez Villena decidió procesarlo por “acceso sin la debida autorización a un sistema informático de acceso restringido”, “tentativa de producción de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas” y “por contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la identidad sexual”. En el mismo fallo, decidió embargar sus bienes por un monto de un millón de pesos.
El fallo
AM