La madre de Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado de un disparo policial cuando se trasladaba en un auto con tres amigos con los que había salido de entrenar en el club Barracas Central en noviembre de 2021, dijo hoy que su hijo “estaba irreconocible” cuando lo vio internado en el hospital Penna, donde “cinco policías lo custodiaban como si fuera un delincuente”, al declarar ante el tribunal que juzga a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad scusados del crimen y posterior encubrimiento.
“En el (Hospital) Penna siempre estuvo como delincuente, nunca dejó de tener custodia, ni dentro de la sala ni fuera. Siempre que quería verlo tenía que haber un Policía de la Ciudad”, aseguró Cintia López, madre de Lucas.
En un testimonio de un poco más de 40 minutos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, la madre de Lucas, acompañada en todo momento por una psicóloga, recordó el día que mataron a su hijo y puntualmente cuando llegó al hospital Penna, del barrio porteño de Parque Patricios, donde el joven fue internado con un balazo en la cabeza y con custodia policial.
“Cuando llegué no me dejaban verlo. Un policía de la Ciudad nos dijo que no sabía nada. 'Viste que los chicos de ahora, no le dicen nada a los padres y andan en cosas raras', nos dijo otro policía; pero yo sé lo que crié, mi hijo era incapaz, siempre le decía que si le querían robar que acuda a la Policía”, recordó la mujer.
“Me dijeron que mi hijo estaba detenido acusado supuestamente de robo”, recordó López visiblemente conmocionada en uno de los tramos de su exposición, en la que varias veces rompió en llanto.
Frente a unos 15 familiares que la acompañaron y a los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad imputados -tres por el crimen de Lucas y 11 por el encubrimiento del hecho-, la mujer continuó: “Tuve que destapar a mi hijo y verle los tatuajes porque estaba irreconocible, le tiraron en la cabeza, le 'volaron el frasco' como dijeron, era su cabecita… me dolió en el alma que hayan dicho eso porque era la cabeza de mi hijo, no era ningún frasco”.
Tras la declaración de Cintia, declaraba Mario “Peca” González, padre de Lucas, uno de los testigos propuestos por la querella y la fiscalía para el debate oral.
Antes del ingreso de Cintia a la sala de audiencias, declaró como imputado el oficial Daniel Rubén Espinosa, uno de los 11 detenidos acusado de encubrimiento, quien aseguró que no vio “ningún tipo de arma” en poder de los jóvenes, ya que solo los vio “a distancia”.
El policía se refirió así al arma que, de acuerdo a la pesquisa, fue “plantada” por efectivos de la fuerza porteña en el auto que iban Lucas y sus amigos con el fin de hacerlos pasar por delincuentes.
También para la audiencia de hoy, se prevé que declaren ante el TOC 25 los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto Volkswagen Suran en el que se movilizaban luego de salir de entrenar del club Barracas Central fue atacado a tiros por la policías de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad a las 9.45 del 17 de noviembre de 2021 en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, de Barracas.
Se trata Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca, quienes además de testigos del crimen de Lucas fueron víctimas de torturas policiales en el mismo hecho.
Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este mes el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes además están acusados de someter a torturas a los otros tres chicos, a quienes amenazaron, les dijeron “villeros” y “negritos” y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras su amigo agonizaba.
Los acusados afrontan cargos por “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas “plantar” un arma en el auto de las víctimas- están acusados de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.
Además, en el caso de dos de ellos también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.
CRM con información de la agencia Télam