Estira la espalda y gira el cuello para que la vista le quede lo más de frente posible al papelito que su médica le escribe y también le narra. Camila escucha la lista de síntomas que pueden indicar alarma. “Fiebre que no baja con el antitérmico, desmayos, olor feo en el sangrado”. Dice que sí, que entendió, con la pera y los ojos. “Hemorragia”, suma su médica, y anota en ese pizarrón imaginario la ecuación del peligro: “Cuatro toallitas en dos horas es que hay riesgo”. Camila espera el remate de las indicaciones con la cartera sobre el regazo y las dos manos sobre la panza. “Con cualquiera de esos síntomas, hay que ir a la guardia”.
Ana Naranjo, que tiene un ambo lila, barbijo, la radio bien bajita y sintonizada en el programa de Reynaldo Sietecase, y certificados de consentimiento informado para personas que acceden a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en un cajón, le pregunta a Camila si entendió todo y si quiere preguntarle algo. “Lo que necesites saber, ahora es el mejor momento”. La consulta lleva casi media hora.
Camila tiene varias preguntas, pero la primera es esta: “¿En la guardia me van a maltratar? ¿Qué hago si me preguntan qué hice?”.
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Es noviembre y es mediodía en el barrio San Francisco, a ocho kilómetros del centro de la ciudad de Salta. Los 32 grados alcanzan para que todos los potreros del barrio estén vacíos. Los autos levantan la tierra de las calles y esquivan perros que cruzan sin mirar. Los pizarrones de algunos negocios avisan que hay pollo faenado en el día y los vendedores en los semáforos ofrecen una bandeja de frutillas por cien pesos. El lujo en estas cuadras es tener un paraguas que garantice una sombra.
En el centro de atención primaria de salud del barrio hay carteles que explican qué vacunas son obligatorias y cómo inscribirse para recibir la que evita las formas graves del Covid-19. Cuelgan cortinas blancas de todas las ventanas: amortiguan este sol que raja la tierra y ayudan a construir la confidencialidad médica-paciente. En el baño no hay papel higiénico y de la puerta que dice “Enfermería” sale olor al alcohol que sirve para limpiar las heridas. En el pasillo delante de los consultorios hay voces bajas y casi todas de mujeres: amigas, hermanas, cuñadas, madres. Las voces que no son de esas mujeres, son de sus hijos.
Ana Naranjo tiene 35 años, es médica de familia y dirige este centro de salud desde febrero. Integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y garantiza el acceso a la IVE en Salta, que es la provincia con la mayor tasa de embarazo no intencional del país entre las mujeres madres (70,3%), según estadísticas de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la Nación. Naranjo tiene cajas de misoprostol en el consultorio y una planilla de cálculo de Google Drive abierta en la computadora: allí se van completando los turnos de mujeres que solicitan el procedimiento. En lo que va de 2021, estima, atendió 100 abortos de los que fueron legalizados a través de la ley 27.610, promulgada en enero de este año.
Comparte la planilla virtual con otras profesionales -psicólogas, trabajadoras sociales, médicas- que también garantizan el acceso a ese derecho: las derivaciones llegan a través de la línea nacional 0800 Salud Sexual y, en general, se ordenan por la zona en la que vive la persona que decide interrumpir su embarazo. Pero cuando las semanas de gestación apremian -la IVE es legal hasta las 14 semanas-, el ordenamiento tiene más que ver con el tiempo que con el código postal.
“Sigue existiendo el riesgo de llegar a la guardia y que te maltraten. Muchas veces ese maltrato viene del área de enfermería, algunas otras veces de parte de los médicos. Hemos establecido como estrategia decirles a las mujeres que vienen a vernos que, en caso de ser violentadas, denuncien ante el 0800. Ya han habido algunas sanciones: surten efecto los llamados. Pero esa mujer sufre el maltrato igual”. Con todas las pacientes del día ya atendidas y el pasillo del consultorio en silencio, Naranjo habla con elDiarioAR y confirma que el miedo de Camila está basado en hechos reales.
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“Los objetores les dicen ‘este no es mi tema’ o ‘esto no lo hago, fijate cómo lo resolvés’, y chau. Tengo pacientes que han recorrido un montón de centros de salud hasta dar con alguien que garantice el derecho a la IVE. Ese recorrido puede tardar dos o tres semanas, y en medio de un proceso así, es mucho”. Macarena Villena también es médica de familia pero su consultorio es en Finca Independencia, en un centro público de atención primaria a casi 9 kilómetros del Hospital Materno Infantil de la capital salteña.
Afuera, a la mayor velocidad que pueden alcanzar, se escuchan motitos de baja cilindrada que van y vienen. De fondo pero no tan lejos, algunos cerros a los que la sequedad del clima no logró borrarles lo verde de sus laderas. Adentro, después de las abuelas que les piden a los nietos que corran más despacio mientras esperan su turno, el consultorio de Macarena: una camilla con estribos ginecológicos, una balanza, un biombo, una lámina con las fases de desarrollo del feto y otra con indicaciones para prevenir el dengue. La rueda de cartulina que sirve para calcular con precisión la edad gestacional según los días transcurridos desde la última menstruación y Laura, una mujer que tiene 29 años, tres hijos y un embarazo no deseado de siete semanas.
“¿Cómo voy a saber que ya está, que terminó?”, pregunta. Y también: “¿Puedo ir mañana a trabajar? Se me arma lío si falto”. “¿Está bien hacerlo de noche? Así es mientras mis otros nenes duermen”. “¿Usted puede poner otra cosa en el certificado por si no puedo ir a trabajar?”. Trajo un papel con varias preguntas anotadas. “No quiero olvidarme de nada pero necesito llegar puntual al trabajo”, le cuenta a Villena. Hace trabajo administrativo en un sindicato. Dice que sí, que le queda claro, cuando la médica le explica las distintas alternativas para usar el misoprostol: bucal, sublingual o vaginal. “Si es en la boca, es al costado, al lado del cachete, como cuando coqueamos”, explica la médica. En una oración cabe también una geografía.
“En el proceso vas a eliminar algo así como coágulos blanquecinos, distintos a la sangre a la que ya estás acostumbrada. Son restos embrionarios. Podés chequear que estén o, si te da impresión, podés no mirar. Yo en el control voy a chequear cómo resultó el proceso”, describe la médica. Laura baja todavía más la voz e insiste con su pregunta: “¿Pero cómo estoy segura de que terminó?”. Como Naranjo, Villena le anota en un papelito la ecuación del peligro: dos toallitas en una hora equivalen a ir a la guardia del Materno Infantil. Se adelanta a otra posible pregunta: “Para las emergencias no hay objeción de conciencia”.
El consentimiento informado de acceso a la IVE de Laura ya está firmado sobre el escritorio y, en este consultorio donde el promedio de edad de las mujeres que solicitan el procedimiento es de 26 años, Villena explica a esta cronista: “No hay una verdadera bajada de línea desde el Estado para que los equipos, no sólo los médicos sino también enfermería y administración, se informen sobre cómo es la ley. Ese desconocimiento representa todavía un gran obstáculo, porque por más que seas objetor, tenés que informar a la persona sobre cómo y dónde pueden garantizarle su derecho. O, si sos administrativo, darle el turno con la urgencia que su situación requiera sin que tu juicio intervenga. O tomarle la temperatura y la presión sin importar por qué está ahí”, describe Villena, que cada semana atiende a entre siete y diez mujeres que quieren acceder a una IVE.
“Son muy pocas las complicaciones clínicas del procedimiento medicamentoso. De enero a esta parte tuve que repetir el tratamiento en tres mujeres y derivar al hospital a otras dos. Acá la complicación mayor es la violencia: el 50% de las mujeres que atiendo son víctimas de violencia de género. Sobre todo psicológica, física y económica. A esa violencia en el seno de la vida íntima se suma la institucional en este proceso. Históricamente hay violencia médica, ginecológica y obstétrica contra las mujeres en general y contra el aborto en particular. La legalización de la IVE no suspende eso. Yo creo que ese es uno de los motivos centrales de que todavía muchas mujeres sientan que tienen que explicar por qué hacen un aborto y aclarar que es la primera vez que acuden a un procedimiento así. Para mí, como médica, poder decir ‘es tu derecho’ es un alivio enorme. Pero hasta hace nada de tiempo había que rendirle cuentas al Código Penal y eso todavía pesa mucho”, cuenta Villena.
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A este consultorio se le nota desde afuera su objetivo central. Un papel afiche al lado de la puerta dice “Consejería en opciones: métodos anticonceptivos, acompañamiento y asesoramiento en ILE e IVE”. Es en un centro de salud pública en las afueras de San Salvador de Jujuy, a unos siete kilómetros de la capital provincial. Aquí se atienden las interrupciones voluntarias y legales del embarazo del valle jujeño: las de la capital pero también las de Perico, Alto Comedero y Palpalá.
Una de las tres médicas de toda la provincia que garantizan el acceso a la aspiración manual endouterina (AMEU) -el aborto no medicamentoso- atiende en este centro. Otras tres médicas ayudan a garantizar el derecho a la IVE, consagrado hace casi un año, y el aborto por causales, legalizado en el Código Penal hace un siglo. Hacen recetas de ecografías que sirven para determinar la edad gestacional, y de misoprostol, la droga indicada para los procedimientos ambulatorios.
Romina Herrera es psicóloga y lugarteniente del consultorio en el que funciona la consejería. Forma parte del equipo que garantiza el acceso a ILE e IVE en Jujuy, una de las tres provincias del país con mayor tasa de embarazo no intencional entre menores de 20 años, detrás de La Rioja y Salta.
“Muchas veces tengo que enfatizar que estamos en un centro público de salud, tengo el guardapolvos puesto y se están llevando la medicación de la farmacia de aquí, porque todavía hay muchas mujeres que creen que esto que está haciendo está mal. Es una manera de decirles: ‘Está todo bien, tenés derecho a esto’. Lo que pasa es que por lo menos acá en Jujuy no hay la menor difusión de la ley, y a eso se suma que todavía va una mujer a una guardia por la complicación de un aborto, la dejan esperando ocho, doce horas, la indagan sobre si es espontáneo o no, y le dicen cosas como ‘si hiciste lo que hiciste, ahora esperá’. Los recursos del Estado van para, por ejemplo, campañas sobre el parto humanizado. Pero nada para dar a conocer la IVE. Mucha gente todavía entra con voz bajita y me dice ‘me mandaron acá’”, cuenta Herrera.
Este jueves hay demanda espontánea en la consejería. “A veces vienen dos, a veces vienen seis, a veces vienen diez. Nunca no viene nadie”. Dos golpecitos a la puerta después, Mariana y Facundo están sentados delante de su escritorio. “Me quedé sin trabajo, sólo cobro un plan. Tengo ganas de tener hijos pero ahora no puedo, tengo que terminar de estudiar y no tengo un sueldo. Yo sé que está mal esto que voy a hacer pero no puedo otra cosa”, dice ella, que tiene 27 años y que esperó sin éxito el llamado que le prometieron desde el centro en el que hace sus controles ginecológicos: “Me dijeron que me iban a avisar cuando hubiera DIU pero no llamaron más”.
“¿Por qué creés que esto está mal?”, pregunta Herrera. Escucha y devuelve: “Tranquila, estás amparada por la ley y es algo que harías con compañía del sistema público de salud. Tenés tiempo todavía para pensarlo y estar convencida de lo que decidas hacer”.
Algunos formularios y algunos minutos después, es Gabriela quien está sentada delante de la psicóloga. Tiene 28 años, un embarazo de 8 semanas y, como es ciega, el bastón blanco que necesita para saber dónde empieza un escalón, dónde termina, cuándo hay una puerta y cuándo hay una persona que viene de frente. Afuera del consultorio, en una de las sillas más cercanas, su novio la espera con su propio bastón blanco plegado.
Mientras revuelve papeles en la riñonera hasta dar con los estudios que necesita mostrar, pide una, dos, tres veces que por favor le tengan paciencia. “Estoy con episodios de ansiedad, me pone muy nerviosa este procedimiento aunque estoy segura. Por ahí necesito hacer varias preguntas o un poquito de tiempo para sentirme del todo recuperada”, advierte. Como ni ella ni su novio, las únicas dos personas que saben sobre el embarazo, pueden controlar con precisión signos de alarma de un aborto ambulatorio como el sangrado excesivo, Gabriela accederá a la IVE a través de una AMEU.
“Tranquila, conocemos tu caso, vas a tener todo el tiempo que necesites y todas las respuestas que necesites. Es un procedimiento al que los médicos están muy acostumbrados, va a salir todo bien y vas a poder hacer todas las preguntas que te hagan falta para estar serena”, responde Herrera. Gabriela, que sonrió durante toda la consulta, ahora sonríe más. Del otro lado del escritorio, la psicóloga que la escucha, también.
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Karina tiene 20 años y una ficha ya abierta en la consejería que atiende Herrera: en marzo de este año llevó adelante una IVE. Vive con una amiga, es moza en San Salvador de Jujuy, su mamá y su papá se murieron cuando tenía 8 años, y vivió con su abuela hasta los 15 ó 16, no se acuerda bien. Dice que cree que puede coordinar con esa amiga con la que vive para que la acompañe durante el procedimiento, o tal vez una hermana. Dice, a principios de noviembre, que cree que la última menstruación fue en septiembre y que todavía no se pudo hacer los análisis de sangre que exige el protocolo de IVE en Jujuy y sirven, entre otras cosas, para determinar si la mujer tiene VIH o sífilis.
Entonces Herrera hace preguntas: “¿Tenés pareja estable?”, “entre marzo y noviembre, ¿cuántos novios tuviste?”, “¿consumís sustancias?”, “si está todo bien con tu novio actual, ¿por qué no le dijiste que estás embarazada?”, “¿podés volver a la casa de tu abuela?”. Karina responde lo más corto posible y escucha también las afirmaciones de la psicóloga: “Estás exponiéndote a enfermedades de transmisión sexual de forma gratuita”, “estamos en problemas porque es un embarazo avanzado, no sé si te vamos a poder acompañar”, “interrumpir no es un método anticonceptivo”. Karina dice que vuelve la semana que viene con todos los estudios hechos y se va. Sobre el escritorio, la rueda de calcular edades gestacionales es un recordatorio de que el tiempo corre.
-Cambió el tono en esta consulta.
-Es, me parece, para ver si esa mujer tiene conciencia de cómo está exponiendo su cuerpo. Ver si le es gratuita esa exposición. Si yo te digo “no te voy a acompañar” y vos estás involucrada con lo que está pasando, algo te pasa en ese momento: una lágrima, algo en la respiración. Acá en esta consulta no pasó nada. Después bajo el tono, una risita, un chiste, esto de “venime a ver el miércoles”. Obviamente el caso se va a acompañar. Los casos más complejos son cuando a la paciente no le pasa nada, no tiene conciencia de la situación. La idea es que tomen esa conciencia y del control post IVE se vayan de acá con un método anticonceptivo decidido y en marcha, para que no sigan exponiendo su cuerpo.
-¿No es violento el modo?
-Qué se yo, puede ser. No sé qué efecto puede tener, pero sí sé que no hay un sistema de salud tan aceitado como para acompañar todo siempre. Tal vez esta es la única y última vez que esa piba está en un centro de salud. Entonces a veces pienso esas intervenciones como último recurso. Puede ser maltrato, pero es la última posibilidad de ver si a esa mina se le mueve subjetivamente algo respecto de la situación en la que está.
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“La violencia ginecológica y obstétrica existió, existe y existirá. Estuvo siempre en el sistema de salud porque toda la sociedad ejerce el control sobre los cuerpos de las mujeres. Hay cesáreas innecesarias, malos tratos a mujeres embarazadas que no asistieron el día exacto del control o no tomaron el ácido fólico como les indicaron. Es una violencia instalada e histórica, y la IVE les sirve como una gran excusa más a los que la ejercen”, dice Naranjo en su consultorio beige y caluroso.
Con el mismo gesto con el que calcula mentalmente qué días y en qué centros de salud hay consultorios que garantizan el acceso a la IVE, repasa historias recientes de mujeres que acompañó en esos procedimientos y fueron violentadas después. Se acuerda de varias, pero la que más la impresionó fue esta: “Una mujer hizo un aborto medicamentoso que resultó incompleto. El ginecólogo que la atendió y que debía terminarlo le hizo un legrado, que no siempre es lo más adecuado para la paciente pero sí es lo más simple para el sistema médico”. La médica repite la única frase que el médico le dijo a la mujer, como copiada de un varón golpeador: “Gorda de mierda, mirá lo que me hacés hacer”.
JR