En estos días el gobierno de Chaco convoca a audiencias públicas para “adecuar” un mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos propuesto por su Ministerio de Producción. Esta convocatoria debe ser suspendida debido a que representa una nueva trampa a los procedimientos técnicos, participativos y administrativos establecidos por la Ley 26.331, por los motivos que se describen a continuación.
Primero, la propuesta de ordenamiento territorial de bosques nativos que el Ministerio de Producción planea presentar en las audiencias públicas viola los principios de la Ley de Protección de Bosques Nativos. ¿Por qué? Porque su elaboración no cumplió con los procedimientos técnicos establecidos y el mapa resultante es regresivo. ¿Qué significa? Significa que bosques con alto valor de conservación son categorizados como de bajo valor de conservación para permitir su desmonte total y favorecer a las empresas agropecuarias y forestales que presionan al gobierno para flexibilizar las regulaciones.
Segundo, no se cumplen las condiciones para consultar a la población sobre asuntos ambientales, las cuales están establecidas en acuerdos internacionales (Escazú) adheridos por Argentina. ¿Por qué? Por un lado, porque no se informó previamente a la población sobre qué materia se le va a pedir su opinión, ya que el “nuevo” mapa no fue presentado públicamente. Por otro lado, porque los espacios de consulta no son espacios públicos y seguros, ya que se convoca a audiencias públicas en las sedes de asociaciones empresarias forestales, las mismas que presionan al gobierno para que les habiliten más desmontes y que han amenazado a funcionarios, científicos y ciudadanos.
Tercero, este mapa y convocatoria ilegales tienen lugar en el marco de un proceso de actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Chaco absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque varios pasos administrativos previos no han sido cumplidos. Por un lado, el intento previo del gobernador Capitanich de actualizar el ordenamiento territorial por decreto requería una ratificación por el Poder Legislativo que nunca ocurrió. Por otro lado, este nuevo intento de actualización apurado e ilegal es promovido en forma unilateral por la cartera de producción, sin participación de la cartera de ambiente, la cual junto con el primero forman el Consejo Provincial de Ambiente que es el ámbito creado por el gobernador para administrar el uso de los bosques del Chaco.
Por estas y otras razones debe suspenderse de inmediato esta nueva avanzada del gobierno del Chaco para violar las leyes que protegen los últimos bosques nativos de la provincia y del país. El gobernador Capitanich se empeña en darle curso a procedimientos viciados de nulidad mientras la falta de claridad política y legal es aprovechada por transnacionales tanineras, pooles de siembra extra-provinciales y entregadores locales para desmontar ilegalmente. Ya van más de 250.000 hectáreas desmontadas ilegalmente en los 13 años de Ley de Bosques en Chaco (30.000 hectáreas sólo en el último año). ¿Hasta cuando la dirigencia política del Chaco seguirá habilitando el saqueo de los bosques nativos?
El gobernador Capitanich dio algunas señales en favor de la protección de los bosques al aumentar el monto de las multas a quiénes realizan desmontes ilegales, pero a la vez avaló cambios arbitrarios y regresivos en el único mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos que tuvo sustento técnico, permitiendo la expansión de la frontera agropecuaria sobre los últimos bosques del Impenetrable Chaqueño. En el contexto de calentamiento global y colapso de la biodiversidad que vivimos no hay tiempo para políticas duales de protección de nuestros últimos pulmones verdes y refugios de vida silvestre.
Con una política de Estado de protección de los bosques nativos que aún conserva, la provincia del Chaco podría convertirse en un modelo de desarrollo sustentable para la región. Sin embargo, la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco donde se aloja la corrupción que ha permitido la aceleración de los desmontes ilegales sobrevive impune a los gobiernos tanto radicales como peronistas. Es hora de que la dirigencia política del Chaco realmente escuche a la población, no en tramposas audiencias públicas, sino en el reclamo masivo en favor de un ambiente sano para nuestra generación y las futuras.