La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante el primer semestre de 2024, se deforestaron 59.557 hectáreas en el norte argentino, un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas), equivalente a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La situación más grave se detectó en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales, sostuvo en un informe. La entidad ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
“En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la Justicia provincial a fines de 2020”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña Bosques de Greenpeace. “Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, aseguró Giardini.“Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”, agregó.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas.
La principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
“La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas”, señaló Giardini. “Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos”, agregó. Además, criticó el sistema de multas, al que calificó como insuficiente para luchar contra la ilegalidad y reclamó que se penalice esta actividad ilegal.
Esta semana se cumplen cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado el máximo tribunal declaró su competencia en la causa.
ED/DTC