La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó este lunes al gobierno de la provincia de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA), que adelantó este medio en julio, y suspendió no sólo los nuevos permisos presentados a la fecha ante el Ejecutivo provincial sino también aquellos desmontes ya autorizados que aún no se hubieran ejecutado.
Niremperger también ordenó al gobierno de Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) adoptar las medidas pertinentes para supervisar en forma inmediata y permanente el cumplimiento de la medida cautelar y adoptar los mecanismos de protección para asegurarse de que “no existan acciones que signifiquen un avance sobre el ambiente” en los bosques nativos.
La jueza explicó en un escrito que actuó luego de que el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini abrió una investigación contra el ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, quien es además la máxima autoridad ambiental local. Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, cuando era ingeniero agrónomo y se dedicaba a la actividad privada, como reveló elDiarioAR.
Halavacs fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Zdero y responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, pero resultó ser el principal denunciado por la AAdAA, que presentó en julio último una investigación propia ante la Justicia federal de Chaco.
Niremperger sostuvo en su fallo de este lunes que para hacer lugar a la medida cautelar que acompañó aquella denuncia tuvo en cuenta “el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción”, como el yaguareté.
Además, la jueza afirmó que “la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables, ya que es sabido que los daños ambientales tienen relevancia especifica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”.
Los denunciantes sostuvieron que Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco integraban un supuesto “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.
El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.
Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita.
Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.
Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”.
ED